Textos para la Memoria
Un acercamiento a las experiencias de la Memoria, y de su Recuperación, desde las vivencias de quienes han pasado por lo mismo en América Latina:
MEMORIA HISTÓRICA, EXPERIENCIA DE LAS VÍCTIMAS, MEMORIA DOLORIDA
A partir de su experiencia con comunidades afectadas por la guerra civil y la represión en El Salvador, Mauricio Gaborit desarrolló la noción de “memoria dolorida”, que “siempre es colectiva”: por esta memoria, las comunidades pueden reconstruir su tejido social “apropiándose del sufrimiento que han vivido”.
Por Pedro Lipcovich En Guatemala >>>
“La memoria histórica es la recuperación de la verdad desde las experiencias de las víctimas.” De esta manera definió Mauricio Gaborit –jefe del Departamento de Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador– el particular concepto que trabajó en la práctica con las víctimas del conflicto armado salvadoreño. Gaborit –quien visitó la Argentina en el marco del 30ª Congreso Interamericano de Psicología, en junio pasado– explicó a Página/12 por qué trabajar la historia de las víctimas es “una opción epistemológica preferencial”.
Además, contó cómo las experiencias que recogió al oír historias en sus visitas a comunidades muestran la función de la memoria en términos colectivos, para la reconstrucción del tejido social. En relación con el reclamo de “olvidar y mirar hacia delante”, las víctimas, según Gaborit, “están varias páginas adelante, pero cada tanto vuelven”, en un regreso del que “derivan sentido y motivaciones contemporáneas”.
¿En qué consiste la “memoria histórica”, tal como usted la plantea?
–La memoria histórica busca, desde el dolor, la reconstrucción del tejido social. Desde un sufrimiento injusto padecido colectivamente viene la construcción de un nuevo mundo, que les va dando sentido a los proyectos de vida que tienen en este momento. No se trata sólo de la recuperación de una memoria colectiva, sino también de una intencionalidad, que está dada por la apropiación del sufrimiento que se ha tenido en esa historia. Y, al apropiarse de ese dolor, esa historia se convierte en dinámica para la reconstrucción del tejido social, más que para la reconstrucción de vidas individuales. Estamos hablando de un sentido de pertenencia, de un sentido de comunidad, de un sentido de nación. En otras palabras, del elemento o la dimensión colectiva de la experiencia individual. No es sólo, aunque ya es bastante, decir: “Sucedieron estos hechos, y los culpables son éstos, y las responsabilidades están en este lugar”, sino que la persona asume eso como un dolor colectivo. Y ese dolor colectivo le permite a la comunidad reconstruirse como tal. La expresión que preferimos es: memoria dolorida, que siempre es colectiva.
¿Qué lo impulsó a investigar las comunidades afectadas por la represión del ejército en El Salvador?
–Yo estudié en Estados Unidos y llegué a El Salvador una vez concluidos los acuerdos de paz. En ocasión de una celebración eucarística que conmemoraba la masacre del río Sumpul, una joven relató su historia particular en aquel episodio. La masacre del río Sumpul se enmarcó en un operativo del ejército salvadoreño que consistía en ir quemando todos los poblados cerca de la frontera con Honduras, delimitada por el río Sumpul; al mismo tiempo, empujaban a las campesinos, en una operación pinza, de forma de detenerlos o asesinarlos. Esta mujer, de unos 35 años, contó que aquella noche, en la que llovía muy fuerte, se acercó al río, corriendo a través de una pequeña cuesta de pinares. Estaba temblando de miedo y de frío por la lluvia. El río estaba tinto de sangre y lleno de cuerpos, pero el ejército venía detrás, así que decidió refugiarse junto a una piedra sobre la que corría una cortina de agua. Atravesó la cortina y se quedó pegada a la piedra. Entonces, temblando, se puso a rezar un padrenuestro tras otro, como una forma de mantra, pidiéndole a Dios que la liberara de ser asesinada. A través de la cortina de agua, vio las sombras de los soldados, y entre ellas una que se acercaba, hasta que una voz dijo: “¿Hay alguien allí?”. La cabeza del soldado rompió la cortina de agua, y las dos caras quedaron a unos pocos centímetros, los ojos fijos, durante unos instantes. Entonces el soldado se retiró, y dijo a sus compañeros que allí no había nadie.
¿De qué manera lo afectó esta historia?
–Esa mujer, que relató su historia como una experiencia eminentemente religiosa, dijo luego de la narración: “Yo le pedí a Dios que me diera lo máximo, que era mi vida; sin embargo, me dio más, me dio la vida del otro”. Ella ve en su historia un tránsito en “el verdadero Mar Rojo, tinto de sangre”, en relación con el pasaje bíblico. Su relato, que me conmovió profundamente, me hizo pensar que hay algo en la historia de este pueblo que tiene que ser rescatado, porque esta gente vive de eso. En el caso concreto de esta joven, su historia profundizó su experiencia religiosa, que es lo que le da sustento para poder afrontar los recuerdos de la masacre, la ausencia de los hijos, el exilio. En esto que ella ve en clave religiosa hay algo profundamente humano, transformador, y que dice cosas acerca de la experiencia comunitaria.
¿Cómo empieza su trabajo profesional propiamente dicho?
-Empezó al ir a pueblos o comunidades, en particular aquellas que hubieran sufrido masacres de las que quedaran pocos sobrevivientes, y escuchar los relatos de reconstrucción de sus vidas, al mismo tiempo que veía cómo esas experiencias comunitarias eran esenciales para la reconciliación nacional. A lo largo de todo esto hay una serie de reclamos oficiales de que la gente debe olvidar, de que sólo sirve para abrir heridas, y que el futuro del país está en dar vuelta la página. Sin embargo, la gente no quiere dar vuelta la página; mejor dicho, está muchas páginas adelante pero cada tanto regresa. De este regreso derivan sentido y motivaciones contemporáneas. Es decir que sigue siendo un referente para entender los procesos personales y comunitarios.
¿Cómo interviene la psicología en estas situaciones?
–La psicología social permite a las personas tener un asidero relativamente estable desde donde ubicarse ante las cosas y poder ver un horizonte. La psicología apoya y ayuda, sobre todo con procesos colectivos. La gente comienza a relatar y ve que sus experiencias de pérdida, de dolor, no son únicas, que la persona que está al lado cuenta algo parecido. Desde estas coordenadas sociales la gente empieza a reconstruir su sentido de comunidad y su propio sentido personal.
¿Qué puede rescatar de sus experiencias en las comunidades?
–De los campesinos aprendí mucho de metodología de investigación. Recuerdo que las primeras cosas que hicimos fueron unas entrevistas con madres y abuelas que habían denunciado la desaparición de sus hijos o nietos durante la guerra. Habíamos hecho un muestreo científico, tal como me enseñaron en las aulas universitarias. Cuando llegamos a la comunidad queríamos entrevistar a Doña Margarita. Nos recibe, pero se sientan con ella la abuela, la tía, la hija, la prima, de manera que teníamos siete u ocho personas. “Esta historia no es mía”, decía: la historia es de la comunidad, de su familia y de otros miembros de la comunidad. Contaban su historia colectiva. Al salir de la pequeña casita había seis o siete personas esperando su turno, pues venían a contar su historia. Entonces, lo que nosotros ingenuamente habíamos pensado que nos iba a tomar un par de horas, nos tomó cinco días. Cabe destacar, por otro lado, que toda esta experiencia fue posible por el capital social de la universidad a la que pertenezco. Es una universidad cuya historia es idéntica a la historia del pueblo, ya que tiene un rector y un vicerrector asesinados, el director de Derechos Humanos y seis jesuitas asesinados en el propio campus, estudiantes desaparecidos. Esto da credibilidad para que la gente quiera venir a contar su historia. De otra manera, ni Doña Margarita habría estado ahí.
¿Cómo son las historias que se cuentan?
–Son historias complejas, llenas de dolor y en algunas ocasiones de ira, pero en la mayoría de las ocasiones con mucha compasión. Por ejemplo, la de un señor que decía que no podía dormir porque tenía el mismo sueño una y otra vez, clásico síntoma de estrés postraumático. Recordaba lo que había vivido en la masacre del río Sumpul, situación en la que había pasado al lado hondureño y se había subido a un árbol, desde donde vio la siguiente escena: un soldado salvadoreño agarró de un brazo a una criatura de unos seis años, la tiró al aire y la recibió con la bayoneta, matándola. Del otro lado del río, un soldado hondureño, luego de observar lo ocurrido, dijo: “Ah no, hijo de puta, así no es el asunto”, y disparó al militar salvadoreño. Esta es una de tantas historias que muestran que, en momentos de horror, hasta personas que están involucradas en la comisión de ese tipo de hechos sienten indignación.
Usted menciona la importancia de ciertos momentos que se viven de forma comunitaria en relación con los vínculos transgeneracionales, ¿qué situación podría ilustrarlo?
–Hace unos cuantos años murió de un cáncer el más viejito de una comunidad, Don Fernando, que tenía 83 años. El y su hijo eran los únicos sobrevivientes de una masacre en la que habían muerto su esposa y otros hijos e hijas. Tras eso, debieron trasladarse a los campos de refugiados en Honduras, de los que regresaron tiempo después. Don Fernando, que era un campesino, fue velado en una casita muy pequeña, de manera que el féretro estaba en la única pieza. Habían puesto la única foto que se tenía de él, en la que, curiosamente, aparecía con el presidente de la República, ya que había sido tomada en una de esas visitas que los políticos hacen a los pueblos. La foto fue puesta, sin romperla, pero tapando la parte del presidente. En la vela de toda la noche se dio una situación en la que la gente mayor contaba sus historias al lado del féretro, y donde los niños y las niñas, que no nacieron en los campos de refugiados sino en los campos repoblados, estaban al pie de los padres o del vecino, escuchando su propia historia. De esta manera el duelo, en ocasión de una muerte natural, sirve para unificar y darle sentido a la experiencia y para generar vinculaciones transgeneracionales. Los niños comienzan a entender de sus padres y de ellos mismos, y empiezan a utilizar esto como un instrumento crítico de la realidad en que viven.
¿Cuál es la diferencia de esta “memoria histórica” con la “memoria colectiva”?
–A la memoria colectiva hay que trasponerle el concepto de memoria histórica, o memoria dolorida. La memoria colectiva no es sólo cuestión de la historia de algunos grupos, donde cada cual tiene sus propias versiones, sino que consiste en investigar la historia de las víctimas, como opción epistemológica preferencial. Creo que debe privilegiarse, como forma de reconstrucción del tejido social, la historia de las víctimas. Porque la historia de los victimarios, la historia oficial, ha sido demasiado tiempo privilegiada. Es la historia que se ha mantenido a capa y espada, y que tiene medios abundantes para ser determinada. La historia de las víctimas, en cambio, no tiene esos medios, además de que de por sí han sufrido una injusticia. Desde esta injusticia hay que revertir la historia, hay que cambiar su curso. La memoria histórica es la recuperación de la verdad desde las experiencias de las víctimas. A veces prefiero llamarle memoria dolorida, porque desde esa recuperación, y desde el asumir el dolor, hay una transformación, que comienza señalándose como un horizonte utópico hacia donde estamos caminando.
Una mirada a la Memoria Histórica en el tiempo:
DE LA MEMORIA PRIVADA A LA MEMORIA PÚBLICA
(Por Emilio Silva)
El despertar de la memoria histórica
Cuando el 20 de noviembre de 1975, el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, lloró ante las cámaras de Televisión Española, anunciando la muerte del dictador Francisco Franco, la sociedad española se sembró de interrogantes. Por un lado, las autoridades franquistas y toda la clase social que se había fortalecido y enriquecido al abrigo de la dictadura, iniciaba una andadura hacia la democracia, con el objetivo de salvaguardar sus privilegios, obtener impunidad ante diversos delitos, muchos de ellos relacionados con violaciones de derechos humanos; y “pasar página”, para entrar en la democracia “desprendidos” de la parte más franquista de su biografía. Por otra, un país sembrado de víctimas de la dictadura, que habían esperado casi cuatro décadas para recuperar la democracia, manteniendo la esperanza de que la justicia histórica y la legal, pusieran en su sitio a los responsables de una dictadura que les había causado innumerables daños.
Millones de españoles que habían sido castigados y reprimidos física, emocional y políticamente durante cuatro décadas, vivieron el proceso de recuperación de la democracia con el miedo constante al posible regreso de los momentos más terribles de la dictadura franquista, en una especie de “reflejo condicionado” por el que su temor “comenzó a salibar”, ante el estímulo del pánico a la incertidumbre. Ese mismo miedo fue uno de los principales instrumentos políticos de la derecha franquista, que no dudó en agitar el fantasma en momentos especialmente delicados, como el del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, para mantener el pulso de la memoria del horror.
Pero ese presente sembrado de incógnitas no era el mismo para todos. Las élites políticas llevaban tiempo preparando la transición, un proceso en el que la sociedad española recuperaba la democracia después de casi cuatro décadas de férrea dictadura. Los acuerdos pactados previamente se fueron plasmando en el Boletín Oficial del Estado, donde se comenzaban a diseñar los planos para la construcción del nuevo sistema político.
Uno de los puntos más conflictivos y determinantes para la consecución de los objetivos de la élite franquista fue la Ley de Amnistía. Tras el final de la guerra civil, entre los años 1939 y 1942, el régimen franquista fusiló a más de 45.000 republicanos (Morir,matar, sobrevivir; Julián Casanova, Francisco Espinosa y otros, Ed.Crítica 2003), acusados de cometer delitos de sangre durante la guerra civil. Terminada la dictadura, existían dentro y en los alrededores del régimen franquista miles de hombres que habían cometido atrocidades durante la guerra y después de ella. Las violaciones de derechos humanos habían sido masivas durante la dictadura, pero las autoridades franquistas no estaban dispuestas a pagar precio alguno por “permitir” que la sociedad española disfrutara de la democracia. Tampoco lo estaban los millones de españoles que asistieron y sostuvieron un régimen que durante décadas vigiló y castigó a una buena parte del país.
Después de diversos debates y mucho diseño político, el 14 de octubre de 1977 se aprobó en la Cortes Generales la Ley e Amnistía, con los votos de Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE); y la abstención de Alianza Popular (AP), el partido de Manuel Fraga que representaba a los sectores más beneficiados por la citada ley.
La ingeniería política de aquellos años, permitió una serie de acuerdos que tenían por objeto tratar de presentar la amnistía como un logro de los partidos que habían sido clandestinos durante la dictadura y no como una conquista que perpetuaba la impunidad de los delitos cometidos por agentes y dirigentes del régimen. Se trataba de una ley de punto final y obediencia debida que con la excusa de sacar de la cárcel a unas decenas de presos políticos de izquierdas (que en una democracia ya no podían estar encarcelados por sus ideas) libraba de sus delitos a miles de franquistas. Una ley que de nuevo atentaba contra las responsabilidades de aquellos que violaron masivamente los derechos humanos y que en su punto 2.F dice que quedan incluidos en la amnistía: “Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Gracias a esa ley las autoridades y personas vinculadas al franquismo y a sus delitos conquistaban dos impunidades. Por un lado la impunidad jurídica; ninguno de ellos tendría que responder ante la justicia por sus violaciones de derechos humanos o por otros delitos de índole económica; y no lo han hecho en 30 años. Por otro, la impunidad política; los partidos con representación parlamentaria acordaron poner a cero el contador de la justicia histórica y no hacer causa de la memoria de la represión de la dictadura, así como permitir ingresar en la carrera política a personas que habían participado en la destrucción de la democracia y habían sido dirigentes de un régimen que aniquiló las libertades durante años, sin ningún tipo de exigencia como podía haber sido la petición pública de perdón o la aportación de pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen.
Con la aprobación de esa amnistía, los partidos que se suponían obligados a representar políticamente a las víctimas de la dictadura, el PSOE y el PCE, optaron por no representar a quienes habían construido nuestra primera democracia durante la Segunda República y a quienes fueron perseguidos por la dictadura. Algo que supuso un “cisma” entre esas formaciones políticas y las miles de familias que habían quedado condenadas a no encontrar apoyo político para las reparaciones a las que tenían derecho como víctimas de un régimen dictatorial.
Los acuerdos llevados a cabo por la clase política validaron, en unos casos por acción y en otros por omisión, un discurso que ha sido especialmente nocivo para la recuperación de la memoria histórica y para la relación que desde el presente nuestra sociedad mantiene con ese pasado. Me refiero al discurso de que todas las versiones sobre lo ocurrido son válidas, lo que ha perpetuado la imposibilidad de alcanzar algo cercano a una “verdad” consensuada y ha hecho permanecer legalmente activas las versiones franquistas de la guerra civil y de la dictadura, incompatibles que con las labores y la legalidad democrática. Hasta tal punto es así que, por poner un ejemplo, Manuel Fraga Irribarne, tras ganar las elecciones a la Xunta de Galicia, el 21 octubre de 2001, declaró al programa Informe Semanal de TVE, emitido seis días después, que “el siglo XX comenzó en España en 1936”. De ese modo, el ex ministro de la dictadura explicaba que el golpe de estado franquista, la guerra civil y la llegada de la dictadura habían sido los acontecimientos que habían traído la modernización a nuestro país, algo que comparativamente sería un delito de apología en países como Alemania o Sudáfrica. O el reciente caso del historiador británico David Irving, detenido en Austria el 23 de noviembre de 2005, dieciséis años después de haber negado públicamente el holocausto.
Pero el “diseño político” de la transición no podía dejarlo todo “atado y bien atado”. Existía una incógnita acerca de lo que harían las víctimas del franquismo y sus familiares. Millones de personas que no obedecían a ninguna disciplina de partido y que ante la recuperación de la libertad podían alcanzar la confianza suficiente como para construir una realidad que derrocara la impunidad hasta conseguir una justicia que se les había negado. La falta de organización de la mayoría de las familias y su silencio público hacía más difícil un posible control de las mismas y suponía una amenaza para quienes estaban construyendo una transición “a su medida”.
Una de las cuestiones que trató de que no emergiera en los primeros años de la redemocratización fue el republicanismo. No sólo se consideraba “peligroso” porque se trató de evitar cualquier debate acerca de la jefatura del Estado, si no por la existencia de una relación directa entre los partidos políticos republicanos y las víctimas del franquismo. La llegada de esos partidos políticos al Congreso de los Diputados podía complicar las cosas para aquellos que querían construir una transición a la democracia que se comportara como si la dictadura no hubiera existido, ni causado víctimas.
Esa fue una de las principales causas por las que en las elecciones generales convocadas para el 15 de junio de 1977 los partidos que en su identidad política llevaban por delante, enunciado en sus siglas, el término republicano-a, no pudieron presentarse a los comicios. Con ello se “constituyó” un primer parlamento en el que no estaba presente el debate republicano, así como la representación política de las víctimas; algo muy importante cuando de esas Cortes Generales surgió la Constitución de 1978.
A pesar de todos los esfuerzos políticos por retener y contener en la esfera privada, el ámbito familiar, el recuerdo de las víctimas y sus posibles reclamaciones, la ausencia de las víctimas siempre está presente.
El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales. La victoria en algunos municipios importantes de partidos políticos que habían sido clandestinos durante la dictadura generó un nuevo escenario político o de alguna manera representó el cambio que muchas personas estaban esperando. La llegada a algunas alcaldías de candidatos socialistas o comunistas representaba y asentaba las consecuencias políticas de una verdadera democracia electoral. Sin lugar a dudas, esa pudo haber sido la razón que llevó a la puesta en marcha del primer proceso de búsqueda de desaparecidos que se dio en la transición. En La Rioja, Navarra o Soria, se iniciaron exhumaciones de fosas, en algunos casos muy numerosos (ver www.represionrioja.com) que llevaron incluso a los familiares, como ocurrió en la localidad de Calahorra, a manifestarse frente a las casa de los pistoleros de falange que habían asesinado a sus seres queridos.
Ese movimiento comenzó a extenderse y se hicieron exhumaciones en otros lugares: Aranjuez (Madrid), Salvaleón (Badajoz), etc,… Por debajo de los acuerdos políticos existía una impunidad social que habían intentado que fuera una consecuencia de la Ley de Amnistía, pero que las víctimas no estaban dispuestas a tolerar. El proceso de recuperación de la memoria se fue extendiendo, algo que hacía tambalearse uno de los principios fundacionales de la nueva democracia; el olvido.
En esos años, emergieron historias acerca de la lucha por los derechos humanos que se había llevado a cabo durante los años de la dictadura. En el documental “Después de…” (1981), de los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé, se puede ver la inauguración del monumento de La Barranca, en la localidad riojana de Lardero. Se trata de una gran fosa común en la que se encuentran enterrados más de 400 personas, asesinadas entre septiembre y diciembre de 1936. Durante la dictadura, las madres, viudas y hermanas de esos hombres y mujeres defendieron con uñas y dientes el suelo en el que estaban enterrados sus seres queridos. En el documental “Después de…” esas mujeres cuentan como tiraron vallas, saltaron muros y lucharon por preservar el suelo de sus muertos. Unas mujeres, nuestras madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que llevaron a cabo, sin saberlo, una importante lucha por los derechos humanos y cuya historia ha pasado desapercibida como tantas, para la mayoría de la sociedad. En 1979 compraron el terreno de la fosa y construyeron un cementerio sobre ella, coronado con un impresionante monumento.
Ese proceso podía haber convertido nuestra transición a la democracia en otra cosa, pero un acontecimiento que agitó el fantasma del miedo con la máxima contundencia lo impidió. El 23 de febrero de 1981, el Parlamento español fue asaltado por un grupo de guardias civiles. El teniente coronel Antonio Tejero, pistola en mano, entró en el hemiciclo y emitió un grito que fue entendido dentro y fuera del Congreso de los Diputados: “¡Quieto todo el mundo!”. No se trataba de una expresión cualquiera y mucho menos si el que la hacía era un militar golpista en un país donde otro golpe de Estado, el del general Franco, dio lugar a una sangrienta e inhumana dictadura.
El golpe de estado de Tejero no triunfó en la conquista del poder político, pero evidentemente no fue un fracaso. Como en una aplicación de la teoría del reflejo condicionado de Paulov, el susto militar de 1981 conquistó la impunidad social para aquellos que veían una amenaza en el uso de las libertades y en la inminente victoria electoral de un partido socialista. Si la victoria en unas elecciones municipales de partidos clandestinos en la dictadura había hecho que las víctimas del franquismo comenzaran a construir y reclamar justicia; ¿qué dimensión habría alcanzado su movimiento social ante la victoria del PSOE en unas elecciones generales?
Ante el susto del 23-F, la memoria de las víctimas del franquismo regresó a los lugares privados, se sintió de nuevo clandestina y abandonó los espacios públicos cuya conquista había iniciado al margen de los partidos políticos.
Durante los años ochenta y noventa la mayoría de las noticias relacionadas con la guerra civil y la dictadura franquista, publicadas en los medios de comunicación, no tenían como protagonistas a las víctimas de la dictadura, ni siquiera las nombraban. Sin duda, se trataba de un reflejo de la política llevada a cabo por los distintos gobiernos de Felipe González que, perpetuando los acuerdos de la transición, apenas tomó dos medias políticas resaltables al respecto: la indemnización de los presos políticos con más de tres años de cárcel y la nacionalidad española que les fue otorgada a las Brigadistas Internacionales, en 1996.
Mientras tanto, las familias de los miles de desaparecidos habían construido un sentimiento colectivo de resignación que les había llevado, en cierto modo, a considerar imposible el deseo de dar una sepultura digna a sus seres queridos. Pero la memoria es imborrable, resistente y hereditaria y esos desaparecidos estaban esperando una oportunidad para regresar del olvido público y contar su historia.
El despertar de la memoria
Una excavadora trabajaba en una cuneta, a la entrada de Priaranza del Bierzo, un pequeño pueblo de la comarca leonesa de El Bierzo. Dirigido por las indicaciones del arqueólogo Julio Vidal, el operador de la máquina llevaba un día y medio removiendo la tierra. Los ojos expectantes de una treintena de personas observaban atentamente sus movimientos, tratando de localizar una fosa común con los restos de trece civiles republicanos, asesinados el 16 de octubre de 1936 por una partida de pistoleros de falange.
Eran las once y veinte de la mañana del domingo 22 de octubre de 2000 cuando el operador de la retroexcavadora anunció que había encontrado algo. La palada que acababa de dar le hizo notar un cambio de densidad. El cazo regresó a la superficie desde las entrañas de la tierra y de la historia portando una bota. Los allí presentes, al ver un elemento tan humano, se encogieron de emoción.
Habían transcurrido casi veinticinco años después de terminada la dictadura que había castigado a aquellos trece hombres a permanecer enterrados en una cuneta y a sus familias a no poder cumplir el deber de darles una sepultura digna junto a sus seres queridos. Veinticinco años desde el regreso de una democracia que no se había ocupado por garantizar los derechos humanos de miles de hombres y mujeres, que como aquellos trece de Priaranza, permanecían entonces y aún permanecen en enterramientos clandestinos sin que en muchos casos, sus familiares sepan cuál fue su paradero.
La historia de los trece de Priaranza podía haberse agotado en sí misma, cuando la familia que promovió la exhumación de la fosa hubiera identificado al familiar que estaba buscando y lo hubiera enterrado dignamente en el nicho que llevaba esperándole desde hacía bastantes años en el cementerio de su pueblo. Pero durante los días que duró la exhumación ocurrió algo que convirtió aquella historia personal, la de mi propia familia, en algo público y colectivo. Familiares de otros desaparecidos de la zona se acercaron a la cuneta de Priaranza para pedir ayuda, para contar su historia, para mostrar que no habían traicionado la memoria de sus seres queridos, que estaban esperando el momento propicio para cumplir con ellos. Las personas que habían organizado esa excavación decidieron ayudarles sin ser conscientes de la dimensión que tenía el problema, de las miles de familias afectadas y de que iban a tener que luchar contra un tabú de la recuperada democracia española.
La excavación de Priaranza del Bierzo fue la primera que se hizo en España con técnicas arqueológicas y forenses, que buscaba la identidad de esos trece hombres. Cuatro arqueólogos, una antropóloga física y un médico forense se encargaron de la exhumación. Aquel fue el inicio de un movimiento social que ha sido fundamental, en los últimos cinco años, para la reconstrucción social de las víctimas del franquismo y para la construcción de un sujeto colectivo que durante demasiados años había permanecido “familiarmente privatizado”.
En diciembre del año 2000 se registra en el Ministerio del Interior la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Su presidente, que es el mayor de las cuatro personas que figuran entonces en su junta directiva, tiene 35 años y todos ellos representan a lo que hoy comienza a denominarse “la generación de los nietos”. El espíritu de la asociación era el de recuperar física e históricamente a los desaparecidos y desaparecidas republicanos y darles a ellos y a sus familias el reconocimiento que hasta entonces se les había negado.
Sus labores pasan más o menos desapercibidas durante su primer año de existencia, aunque ya comienzan contactos con familias procedentes de diferentes puntos geográficos. Pero es en julio de 2002, a raíz de una excavación en Piedrafita de Babia, cuando las exhumaciones de fosas alcanzan un punto álgido en su impacto social como consecuencia de la gran cobertura mediática que se produce en esos días.
La asociación había tenido muy claro que debía desarrollar una firme estrategia mediática, ya que la difusión en los medios de comunicación era una forma de dignificar a las personas que buscaban y de que las familias tuvieran noticia de que se había iniciado un movimiento social para la búsqueda de los republicanos y republicanas desaparecidos durante la guerra y la dictadura.
Desde el inicio de las primeras exhumaciones nos dimos cuenta de que existía una resistencia en los medios de comunicación españoles a informar acerca del tema. El primer reportaje televisivo sobre las exhumaciones lo emite el canal público alemán, ARD, el 20 de noviembre de 2000, dentro de un documental sobre los 25 años de la muerte de Franco.
Pero el verano de 2002 supuso una eclosión, un pequeño big ban, en el movimiento de recuperación de la memoria. Y sin ser conscientes de ello, el hecho de que las familias de los desaparecidos vieran que se llevaban a cabo las exhumaciones y que no pasaba nada, no generaban consecuencias negativas, estaba desmontando el muro de contención del miedo y abriendo caminos para que sus historias eliminaran las fronteras entre lo privado y lo público.
Nosotros desde el principio hemos definido nuestro movimiento con un discurso que parte de los derechos humanos, un discurso que tiene que ver con lo político, pero en ningún caso con el partidismo político. Por eso, en agosto de 2002 visitamos la sede en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, con el fin de reclamar ayuda para la búsqueda de desaparecidos. Y eso hizo que España apareciera por primera vez en el Informe sobre Desaparición Forzada de la ONU del 2003.
Tras el verano del 2002 comenzaron a crearse asociaciones en otras comunidades y provincias: Extremadura, Valladolid, Cataluña…; y nosotros recibíamos mensualmente centenares de cartas, llamadas telefónicas y correos electrónicos de familiares que reclamaban la búsqueda de un ser querido.
Pero las facilidades que habíamos tenido a la hora de organizar las excavaciones, encontrando voluntarios muy cualificados para llevarlas a cabo, no eran extensibles a lo que las exhumaciones estaban removiendo en otras esferas, especialmente en aquellos “lugares políticos” en los que se había diseñado y planificado la transición. Nuestra labor estaba destinada a chocar, sin quererlo, con los partidos de izquierda que habían aprobado la Ley de Amnistía y con las elites franquistas que se habían beneficiado de ella.
En el otoño del año 2002 fuimos citados por el Secretario de Organización del Partido Comunista de España (PCE), Iván Álvarez. En esa reunión nos propuso de algún modo que la asociación se pusiera “al servicio del partido”. Nosotros respondimos que éramos una asociación formada por familiares de distintas tendencias políticas y que en nuestro colectivo eran bienvenidas todas las personas que quisieran ayudar. A lo que Álvarez respondió que el partido tendría, en ese caso, que constituir su propia asociación.
Pocas semanas después leímos en la prensa las declaraciones de una diputada del PSOE por Asturias, Luzdivina García Arias, en las que afirmaba su oposición a la exhumación de las fosas comunes y defendía la instalación de un monolito en el lugar donde se encontraran las fosas. Para nosotros aquello definía el tipo de memoria que querían los partidos políticos; una memoria monolítica.
Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que nuestra labor ponía en evidencia lo que los dos principales partidos políticos de izquierda habían decidido no hacer en la transición. También comprendimos que su posición, por lo menos en ese momento, no iba a ser la de ayudarnos, si no la de tratar de controlarnos, por que era una forma de controlar qué y cómo debía recuperarse del pasado.
El 1 de diciembre de 2003 el Congreso de los Diputados rindió un homenaje a las víctimas del franquismo. Más de treinta asociaciones fueron convocadas por los partidos de la oposición, puesto que el Partido Popular (PP) se negó a participar en él, aduciendo que se trataba de un acto que “olía a naftalina”. La ARMH acudió al acto con diez familiares, en su mayoría octogenarios. Pero al llegar allí se nos informó de que no teníamos sitio en la Sala de Columnas donde iba a tener lugar el acto y deberíamos presenciarlo a través de una pantalla, en un pasillo del Congreso. Inmediatamente les aseguramos que si los diez homenajeados que habían acudido desde varias provincias no tenían acceso montaríamos una protesta allí mismo. Y milagrosamente el sitio apareció, e incluso lo había de sobra.
Era la primera vez que en el Congreso de los Diputados se hacía un homenaje a las víctimas del franquismo y su celebración había tenido mucho que ver con el impacto social de las exhumaciones de fosas comunes y el movimiento iniciado por los familiares con el fin de recuperar la memoria histórica. Pero la asociación que más presión había ejercido sobre la sociedad y los políticos, no tenía sitio en el homenaje.
En cuanto al contenido del homenaje, en buena parte parecía una competición entre asociaciones vinculadas al PCE y al PSOE, para ver quién eras el heredero más legítimo de esa memoria.
Unos meses después televisión española emitió un documental titulado “Las fosas del olvido”. Para entonces ya existía el Foro por la Memoria, una organización creada por el PCE que había iniciado la búsqueda de desaparecidos. En el documental se veía entre otras cosas como unos familiares de republicanos exhumados de una fosa llevaban a cabo un funeral católico. Eso hizo que la organización comunista llevara a cabo una campaña por Internet con él título: “Apoyar a la ARMH es enterrar la memoria”. En ella, entre otras cosas se denunciaba la presencia de ese cura y se decía que la ARMH buscaba una memoria privada frente al Foro por la Memoria que reclamaba una memoria política.
Aquel comunicado hizo evidentes tres cosas. Por un lado, el poco respeto que la organización del PCE tenía por las familias, que tienen todo el derecho del mundo a realizar los funerales de sus seres queridos por el rito que quieran. Se trata de un derecho humano básico. Por otro, las claras diferencias entre nosotros: si la ARMH tiene un proyecto de las familias para los políticos; el Foro por la Memoria tiene un proyecto político para las familias. Y por último, el tipo de relación entre los movimientos sociales que la organización comunista desarrollaba en términos de competencia.
Poco antes del homenaje del Congreso apareció públicamente la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados II República (AFARIIR), vinculada directamente al PSOE, que inició sus labores dedicándose a una crítica frontal a las exhumaciones y a la labor de la ARMH. De nuevo la correa de transmisión de un partido político trataba de presionar para detener la labor de búsqueda de esos desaparecidos.
Curiosamente el Foro por la Memoria y AFARIIR se encuentran vinculadas en una estrategia contra el fin de la impunidad; pero ninguna de las dos denuncia que fueron los partidos políticos a los que pertenecen los que aprobaron la Ley de Amnistía, ni han presionado a uno solo de los diputados que “sus partidos” tienen en el Congreso de los Diputados para que presenten una proposición para la derogación de la citada ley.
En cuanto a la derecha en la que podría estar ubicado lo que comúnmente se denomina el franquismo sociológico, desde el primer momento puso en marcha un discurso contra la labor de exhumación e identificación de los desaparecidos. Desde que iniciamos la primera exhumación, los periodistas conservadores sospechaban de nuestras intenciones: “…Ahora viene los nietos con la revancha”. El discurso sobre las heridas que se reabren ha sido utilizado habitualmente desde los ámbitos conservadores. Incluso esa derecha ha fingido una especie de generosidad, porque ellos no son rencorosos y no abren “sus fosas comunes”.
Lo que no enuncian esos sectores es que tras la guerra del 36, el general Franco inició la puesta en marcha de numerosas “políticas de memoria” que beneficiaron sólo a su bando pero se pagaron con el dinero de los que ganaron y los que perdieron la guerra. Cientos de exhumaciones, homenajes, becas de estudios o puestos en la administración pública, ayudaron a que las víctimas franquistas pudieran reconstruirse socialmente tras el desastre de la guerra.
En el documental “Las fosas del silencio” (2002), de Montserrat Armengou, aparece una mujer en una misa que se celebra en Madrid, todos los primeros miércoles de cada mes como homenaje a los muertos franquistas. La mujer es preguntada por las exhumaciones de fosas que se están llevando a cabo y responde: “Esto que están haciendo es una campaña orquestada por el diablo; lo están estropeando todo, nosotros que ya les habíamos perdonado”. En tres pinceladas la mujer está definiendo el discurso de de ese sector social. Por un lado por el hecho de considerar diabólica la labor de búsqueda de los desaparecidos. Aunque es muy posible que no considerase diabólicas las exhumaciones de posguerra llevadas a cabo por el gobierno franquista. Por otro, ella dice que ya los habían perdonado; situándose en la posición de una generosa víctima. Pero lo que mejor define su postura es que las exhumaciones lo están estropeando todo. Esa afirmación resume con milimétrica precisión que “todo” esta arreglado por la transición para esa derecha; un “todo” que coincide plenamente con la famosa frase de Franco: “Queda todo atado y bien atado”.
Esa supuesta generosidad es uno de los argumentos con los que los residuos del franquismo tratan de ocultar que ellos ya fueron reparados por la dictadura y aparentan renunciar a una reparación a la que todavía tendrían derecho. En un artículo publicado por César Vidal en el diario La Razón, titulado Necrofilia, el periodista aseguraba recibir muchas llamadas de familiares franquistas que le pedían consejo para ver si abrían o no las fosas de sus muertos. De ese modo se construía esa imagen de generosidad, de la existencia de víctimas franquistas no reparadas, además de la existencia de bastantes fosas comunes de personas asesinadas por los republicanos. Lo cierto es que en la posguerra se abrieron cientos de fosas, como puede verse en la película “Canciones para después de una guerra” (1970), de Basilio Martín Patino o en numerosas noticias de los periódicos Arriba, ABC y El Alcázar, publicados entre los años 1939 y 1942.
La labor de la ARMH también ha tenido que ver con el auge del revisionismo histórico que trata de normalizar la visión franquista de la guerra civil y de la dictadura. Según el hispanista, Paul Preston: “Contra la editorial Ruedo Ibérico el régimen franquista creo a Ricardo de la Cierva” y contra la ARMH se ha creado a Pío Moa”. Precisamente, Ricardo de la Cierva publicó el pasado mes de septiembre una extenso artículo en la revista Época titulado: “Los nietos de la ira”. Una derecha que trata de proyectar, sobre la generación de los nietos de los republicanos y las republicanas que perdieron la guerra, el comportamiento que ella misma tuvo apoyando a un terrible régimen dictatorial durante cuarenta años.
Uno de los logros del movimiento por la recuperación de la memoria histórica ha sido terminar con la impunidad política construida en la transición e incluir a las víctimas del franquismo dentro de la agenda política. En septiembre de 2004 el gobierno puso en marcha la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. En octubre de 2005 se supo que la Comisión había recibido a la Falange y que pensaba reparar a los muertos franquistas, que ya habían sido compensados por el franquismo con numerosas leyes.
Es difícil predecir a dónde nos llevará el proceso de recuperación de la memoria histórica que ha comenzado en los últimos años. El pasado 19 de noviembre, el diario El Mundo publicaba una encuesta, de Sygma 2, en la que aseguraba que del año 2000 al 2005 había aumentado un 15 por ciento la población que tiene una imagen negativa o muy negativa del franquismo. Los jóvenes de entre 18 y 29 años son los que más rechazan la dictadura. Quizás sean ellos, los bisnietos, los que terminen por construir un recuerdo de la guerra civil y de la dictadura que haga justicia a las víctimas del franquismo.
Una mirada desde el experto en la psique a las repercusiones de la violencia política:
LAS REPERCUSIONES PSICOLOGICAS DEL DUELO DIFERIDO Y LA VIOLENCIA POLÍTICAJosé Guillermo Fouce Fernández.- Doctor en Psicología.- Presidente de Psicólogos Sin Fronteras Madrid.-
Enfrentarse a la perdida de un ser querido es, sin duda, una de las situaciones más duras que una persona tiene que afrontar en la vida.
Para un buen afrontamiento del duelo hay que resolver cinco grandes cuestiones que tienen amplio consenso en la literatura (Worden,1991):
1.Aceptar realidad pérdida- shock.
2.Experimentar el dolor físico y emocional de la pena y trabajar sobre ello. Dar sentido a los sentimientos asociados a la perdida e integrarlos en la propio biográfica.
3.Adaptarse a un ambiente donde la otra persona ya no esta. Construir un mundo donde la persona o objeto perdido no están.
4. Relocalizar emocionalmente a la persona muerta y continuar con su vida.
5.Encontrar el modo de resolver tareas para cuya ejecución nos valíamos de la persona o objeto perdido.
Para abordar estas tareas contamos con una serie de recursos personales (flexibilidad, autoeficacia) y sociales (funerales, apoyo social) afrontándose el duelo también en dos planos el personal y, cuando es un evento global, también el colectivo
Pero ¿qué ocurre cuando los recursos de afrontamiento se bloquean impidiendo la elaboración? ¿Qué ocurre si tras haber sufrido el trauma este vuelve a experimentarse combinado con el terror, el miedo y la represión?¿qué ocurre si se bloquean las tareas fundamentales a desarrollar en la elaboración del duelo antes señaladas, por ejemplo, y especialmente, la experimentación física y emocional de la pena o la aceptación de la pérdida?.
¿Qué ocurre, si además, y como esta documentado en todos los textos y estudios sobre esta materia las circunstancias luctuosas se producen en las peores circunstancias posibles, es decir, con violencia producida por el hombre? Entonces, la situación ya de por sí dura se complica en extremo con sufrimientos añadidos.
Nos vamos a referir aquí a la situación de represión política a la que el régimen de Franco sometió en España a miles de españoles tras la guerra civil, españoles que andan enterrados en muchos casos en lugares desconocidos al pie de un nogal, en las veredas de las carreteras o en extra-muros de los cementerios en fosas comunes ocultas al conocimiento no solo de la sociedad en general sino también de los afectados directamente, familiares de las víctimas que llevan todo este tiempo sufriendo en silencio un duelo bloqueado añadido a las terribles situaciones de represión que viven a lo largo del tiempo y en paralelo.
Comprender estas circunstancias desde un punto de vista científico y también humano aporta argumentos complementarios a la necesidad de recuperar la memoria de los hechos y aporta argumentos contundentes también para la urgente necesidad de recuperar los cadáveres y conocer las circunstancias de la perdida aún pasados años desde que se produjeron los hechos.
Se trata de una cuestión no solo política o social, sino también o además, una situación humanitaria de primer orden, reconocida en todos los convenios internacionales. Las víctimas directas deben estar en primer plano porque son, sin duda, lo más importante, recuperarlas y recuperar la memoria para ellas es una labor de justicia y terapéutica.
Las víctimas y su sufrimiento soterrado durante años son el principal exponente al que hay que atender y no hay razones de índole superior que puedan justificar su desatención, es una cuestión de derechos humanos lo que le da un perfil prioritario a esta tarea.
En situaciones de violencia política continuada, nos encontramos con una situación de acumulación de dolor y de terror hasta límites insospechados, por una parte, la propia perdida, por otra, en determinadas circunstancias, como las que nos ocupa, no saber cuando el allegado “desapareció”, no poder además “despedirse” del fallecido, ni siquiera enterrarlo según las costumbres, no poder tampoco recibir apoyo social por los amigos y conocidos, no recibir apoyo tampoco por parte de los ciudadanos, en un clima de represión en el que la victima y su entorno son “enterrados” al tiempo y atacados varias veces para causarles el mayor daño posible: aislados, reprimidos, desaparecidos, no queda otra opción que bloquear emociones lógicas de dolor que, posteriormente pasarán sin duda, factura.
Bien los saben los regímenes dictatoriales que utilizan este arma ilegitima y vulneradora de los más elementales derechos humanos, precisamente para causar el mayor daño posible al enemigo que pretenden exterminar, sin reconocerle la más mínima dignidad ni la más mínima consideración como seres humanos. Por eso, se entierra en fosas comunes, no se informa de donde están los cadáveres, no se permite la elaboración del duelo, en una suerte de castigo eterno que busca la exterminación de la víctima directa y de sus allegados tratando de causar el mayor destrozo psicológico y social posible a quien no se considera digno ni de ser considerado persona.
Ante todo lo expuesto, cabría preguntarse, no obstante, por una parte si no sería mejor seguir callando y no abrir viejas heridas y por otra parte, tratar de establecer algunas de las posibles repercusiones que trae un bloqueo de las expresiones lógicas de dolor durante tantos años y con los factores agravantes previamente enumerados.
Para responder a la primera pregunta cabría hacer una analogía con lo físico, la situación que se nos presenta es similar a una situación en la que una herida física antes de ser limpiada y antes de expulsar mediante la sangre, por ejemplo, las impurezas, fuese cerrada antes de tiempo, lo cual provocaría una infección interna y que los daños producidos mas que exteriorizarse y así minimizarse (mediante, por ejemplo, el llanto, el funeral movilizador del apoyo social, el entierro) se tapan antes de ser expresados causando daños posteriores indirectos mucho más importantes a largo plazo.
En cuanto a si recuperar o no la vivencia cabe señalar que, por lo que hoy sabemos, la mejor actuación posible pasa por recuperar algunas heridas presentes, en primer lugar, la dignidad y el reconocimiento social (por eso son tan importantes los actos de homenaje, los símbolos), por otra parte la información y el conocimiento evitador de falsas elaboraciones y por otra parte, una suerte, siguiendo con el ejemplo, de volver a abrir la herida para limpiarla de una vez por todas extrayendo la infección interna. El llanto y la sangre cumplen, en esta dirección, una función similar, la de ayudar a cerrar bien las heridas. En este sentido y expresándonos de forma comprensible, es mejor sufrir a corto plazo, que larvar el dolor y mantenerlo en el tiempo con efectos a largo plazo mucho más serios y severos.
Con frecuencia pensamos en proteger a las víctimas de una catástrofe porque pensamos que son débiles y vulnerables y que tenemos que protegerles de la exposición a la situación, podemos pensamos, incluso, que es mejor que no vean los cadáveres, sin embargo, este no es un planteamiento útil y eficaz en la ayuda, uno de los criterios fundamentales que tenemos que desarrollar y asumir en la atención a las víctimas es contrastarles con la situación.
Hoy sabemos que todo duelo demorado, retardado, en el que el deudo por ejemplo niega la perdida, supone que aparezcan una gran variedad de trastornos de índole físico y psicológico a veces no fácilmente identificables con la perdida misma.
En este sentido, que tiene que ver con la segunda de las preguntas planteadas, cabe señalar la posibilidad extendida de que se hayan desarrollado a lo largo del tiempo problemas diversos entre los que destacan las conductas ligadas a la adicción a diversas como el alcohol o los tranquilizantes, también pueden desarrollarse depresiones o diversos problemas de índole psicosomático que pueden tener su origen primigenio en un duelo mal elaborado, en una herida mal cerrada, en un llanto bloqueado, en la falta de apoyo social, en la ausencia de todas esas cosas que nos ayudan a resistir, a ser resilientes, ante estas situaciones tan dolorosas.
Por eso resulta fundamental hoy, por una parte limpiar las heridas infectadas, dar la oportunidad para el llanto, dar información y arropar socialmente a las víctimas, reconociendo su papel histórico en lo simbólico y en lo concreto; por eso es necesario desarrollar, también desde el plano psicosocial acciones que recuperen la memoria y reestablezcan lo que nunca se debió romper.
BIBLIOGRAFÍA
Worden, J. 1991El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia.
Enlace a
"EXORCIZANDO LA MALA MUERTE. ESQUELAS Y DUELOS INCONCLUSOS DE 1936"
(En el trabajo publicado aparece, por error de impresión, "suerte" en lugar de "muerte", que es lo correcto y lo que debería de haber aparecido).
Un reciente tratamiento de estas cuestiones y situaciones desde el campo de la cultura, la antropología y la psicología, por el Doctor Ignacio Fernández de Mata, Profesor de Antropología Social y Vicedecano de Humanidades y Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad de Burgos, en su aportación a las
IV JORNADAS NACIONALES SOBRE FOLCLORE Y SOCIEDAD. La cultura Tradicional en la Sociedad del Siglo XXI.
Burgos. Instituto Municipal de Cultura.
(Agradezco al autor su autorización para incluir aquí tan interesante y esclarecedora aportación)
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Publicado en:
FERNÁNDEZ DE MATA, I. (Coord.). 2009. La cultura tradicional en la sociedad del siglo XXI. IV Jornadas Nacionales Folclore y Sociedad. Burgos: Instituto Municipal de Cultura.
ISBN : 978-84-87876-68-4
Otra mirada a la Memoria Histórica a través del tiempo, complementaria de las anteriores:
Olvidar el olvido, la recuperación de la memoria histórica en España.
(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica - Año 2005)
Durante los años posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, los principales partidos políticos de la izquierda española acordaron, con los responsables de la dictadura, dejar de lado el pasado y no exigir justicia para las miles de víctimas del franquismo. En los genes de la democracia que se recuperaba se inscribió una Ley de Amnistía que dotó de impunidad jurídica y política a todos los responsables de numerosas violaciones de derechos humanos. Paradójicamente, la citada ley fue aprobada en octubre de 1977 con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Comunista de España (PCE). Las dos formaciones políticas que deberían haber luchado por la reparación a las víctimas, consideraron que era más oportuno el establecimiento de una ley “de punto final”.
Al margen de esos partidos políticos, en los últimos años se ha iniciado en España un proceso de recuperación de la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista. Para algunos politólogos se trata de una respuesta a los ocho años de gobierno del Partido Popular, en el que tanto el presidente José María Aznar, como varios de sus ministros, pertenecían a familias que ocuparon puestos de responsabilidad durante la dictadura franquista.
Pero se trata, sin duda, de un proceso estrictamente social, protagonizado principalmente por los nietos de los republicanos que perdieron la guerra civil y padecieron la dictadura, que han decidido dignificar de forma colectiva su memoria familiar. Una generación que no participó en el pacto de silencio sobre el que se edificó la transición y se ha puesto en marcha para “olvidar el olvido”.
En el mes de octubre del año 2000, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó una fosa común en la que se encontraban los restos de trece civiles republicanos asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. La excavación tuvo lugar en Priaranza del Bierzo, un pequeño pueblo de la provincia de León. Durante los días en que se llevó a cabo, numerosos familiares de desaparecidos se acercaron allí para pedir ayuda. Esa fue la semilla que dio lugar a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
A partir de ese momento, se inició un movimiento social al que se han incorporado cientos de familiares y personas afines. De entre ellos, algunos tienen militancia política pero lo que todos comparten es la pertenencia a familias de republicanos que fueron asesinados, detenidos o desaparecidos por la dictadura.
Durante los años posteriores a la guerra civil, entre 1939 y 1942, el general Franco ordenó la apertura de una gran investigación para determinar quiénes y cuántos habían sido “sus muertos” durante la guerra. Una fiscalía creada específicamente para ello, reunió toda esa información en lo que se conoce como Causa General. Como consecuencia de ello, miles de muertos franquistas fueron exhumados y enterrados en cementerios y sus familias recibieron numerosos beneficios por parte del Estado: puestos en la administración, becas para estudios y comercios que necesitaban una licencia administrativa, como estancos o administraciones de lotería.
Mientras tanto, las familias de los republicanos, luchaban por sobrevivir, perseguidos por el régimen dictatorial que utilizaba un estricto control social que ejercían las autoridades locales. Con respecto a sus seres queridos desaparecidos, preguntar por ellos o hacer una gestión para buscarlos, significaba hacer una reivindicación de la causa política contra la que se había sublevado el general Franco y eso podía ponerlas en peligro. Un peligro objetivo, si tenemos en cuenta que durante la posguerra, en tiempo de “paz”, el régimen fusiló a más de 45.000 personas. En ese contexto sociopolítico, las familias republicanas se vieron obligadas a esconder su identidad y reprimir su propia memoria.
Durante los cuarenta años que duró el régimen franquista, las familias republicanas fueron despreciadas públicamente, calificadas de “antiespaña”. Mientras, las que apoyaron la construcción de la dictadura eran utilizadas como un ejemplo social de sacrificio y entrega a una causa que supuestamente garantizaba el bien común.
Cuando terminó la dictadura y se inició el proceso de recuperación de la democracia, las familias de las víctimas no pudieron contar con sus representantes políticos para rebatir los argumentos con los que el régimen franquista había educado, vigilado y castigado a dos generaciones de españoles.
Las impunidades jurídica y política que obtuvo la élite franquista con la Ley de Amnistía, no incluían la social. Nadie conocía cómo iban a reaccionar los familiares de los miles de desaparecidos republicanos que permanecían en fosas comunes y cuyo deseo natural, de dignificar a sus seres queridos, había entrado en conflicto con los partidos políticos que habían decidido condenarlos al olvido.
En el año 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales tras la muerte de Franco. En ellas, los partidos políticos que habían sido clandestinos durante la dictadura obtuvieron importantes alcaldías. Muchas personas vieron ese cambio político como la señal que estaban esperando. En zonas de España como La Rioja o Navarra comenzaron a realizarse numerosas exhumaciones y en algunos casos, como en Calahorra, llegaron a manifestarse delante de las casas de los pistoleros de falange exigiendo justicia.
Eso movimiento social se extendió durante dos años, hasta el 23 de febrero de 1981. Ese día el teniente coronel de la guardia civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de los Diputados con la intención de dar un golpe de Estado. Al grito de: “Quieto todo el mundo”, entró en el hemiciclo empuñando su pistola. Ese día, miles de personas sintieron el miedo en el que habían sido educados durante la dictadura. Muchas corrieron a las tiendas para llenar sus casas de comida; la reactivación del miedo les recordó el hambre que habían padecido durante los primeros años de la dictadura y activó la represión de su memoria, a la que habían sido obligados en los años del franquismo. Eso hizo que el movimiento social que se había iniciado, quedara interrumpido.
Un año y medio después del intento de golpe de Estado, llegó al gobierno el Partido Socialista, liderado por Felipe González. Durante los catorce años que permaneció en el poder, mantuvo vigente el acuerdo tomado durante la transición de no buscar responsabilidades entre los supervivientes franquistas, lo que incluía no prestar ayuda a las víctimas de la represión.
El proceso iniciado en los últimos cinco años ha surgido al margen de los partidos políticos. En este tiempo, la sociedad española ha conocido colectivamente su propia historia. La realidad de los niños secuestrados a las presas republicanas, como en Argentina; la existencia de decenas de campos de concentración en los que fueron confinados más de 400.000 republicanos; los acuerdos tomados por Franco y Hitler para que miles de republicanos fueran deportados al campo de concentración de Mathausen, o la existencia de más de 30.000 desaparecidos que permanecen en fosas comunes o que fueron echados al mar para que no quedara ni rastro de ellos. También hemos conocido la existencia de miles de “esclavos políticos” que durante años llevaron a cabo obras públicas y privadas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha supuesto un gran impulso para este proceso. La causa de los desaparecidos ha ocasionado un gran impacto en la opinión pública española y su labor ha tenido mucho que ver con el hecho de que el 20 de noviembre de 2002, el Parlamento español condenara por primera vez, y por unanimidad, el golpe de Estado franquista e hiciera un reconocimiento expreso de sus víctimas.
Ese proceso ha sido el causante de una reacción por parte de la derecha que sociológicamente continúa vinculada al franquismo. En los últimos años ha crecido un proceso de revisionismo histórico que trata de difundir, en pleno siglo XXI, la misma interpretación de la guerra civil y de la dictadura franquista que durante años ofreció el régimen del dictador Francisco Franco.
En el documental de la Televisión de Cataluña “Las fosas del silencio” (2002), una mujer que acudía a una misa en recuerdo de los muertos franquistas fue preguntada por las exhumaciones de las fosas de los republicanos. Su respuesta fue la siguiente: “Esto es una campaña orquestada por el diablo, lo están estropeando todo, nosotros que ya les habíamos perdonado”. Es evidente que ese perdón nunca ha existido, pero la frase que representa perfectamente los beneficios del olvido obtenidos por los franquistas es “lo están estropeando todo”. La mujer estaba enunciando, de ese modo, que la transición lo había dejado “arreglado todo”, para los miles de franquistas que no han tenido que asumir ninguna responsabilidad por la destrucción de la primera democracia que tuvo España, la II República española, y el asesinato, la detención ilegal y el exilio de cientos de miles de personas.
El cambio de gobierno ocurrido en España en marzo de 2004 ha supuesto una transformación en la relación de las instituciones públicas con la memoria histórica. En esta nueva etapa de gobierno socialista ya no sirve el argumento de que existe un peligro de involución militar y, por lo tanto, las posibilidades para frenar el proceso son menores. De hecho, en julio de 2004, el Consejo de Ministros anunció la creación de la Comisión Interministerial para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Este organismo tiene por objeto estudiar la situación de las víctimas y tomar medidas para asistirlas y reparar el daño causado por la guerra y la dictadura.
Desde muchos sectores sociales se desconfía de las medidas que en el plazo de este año 2005 tomará el gobierno. El miedo a despertar a sectores de la extrema derecha que han permanecido inactivos está presente. En la madrugada del 16 de marzo del presente año, el gobierno decidió retirar una estatua ecuestre del general Franco, que permanecía expuesta en una vía pública en Madrid. La retirada se llevó a cabo de noche, sin avisar a nadie, con la excusa de no dar oportunidad a la presencia de seguidores del régimen franquista que hubieran tratado de evitar la retirada. Pero muchos sectores de izquierda consideraron indignante la medida, por no haber podido asistir a lo que se hubiera convertido en “una fiesta de la democracia”.
Si el gobierno socialista decide afrontar con responsabilidad las labores que debería llevar a cabo tendrá muchas tareas que desempeñar. Todavía existen en España miles de calles y monumentos que ensalzan a los generales franquistas. En los centros de enseñanza los contenidos que se imparten acerca de la historia de la segunda república, la guerra civil y la dictadura franquista es extremadamente deficitaria. Miles de jóvenes desconocen quién era el general Franco y qué consecuencias tuvo su golpe de Estado; e incluso, los restos del dictador permanecen en el Valle de los Caídos, un gigantesco mausoleo que se sostiene con los impuestos de todos los ciudadanos.
El actual proceso que se está dando en España debe servir para construir y reconstruir nuestra memoria democrática. Es una deuda que tiene nuestra sociedad con los miles de personas que padecieron el franquismo y con otros muchos miles que han muerto en estos años de democracia sin haber recibido ningún reconocimiento institucional.
Durante una excavación que llevamos a cabo en el verano de 2002 un hombre nos regaló una ilustración de Castelao, un intelectual gallego muerto en su exilio de Buenos Aires. En el año 1937 realizó una colección de dibujos con el título de “Galicia mártir”. En el que nos regalaron ese día podía verse a un grupo de hombres que echaban cadáveres dentro de una fosa común. Y debajo podía leerse una leyenda que decía: “No entierran cadáveres, entierran semillas”. El dibujo explicaba perfectamente el proceso en el que estamos; recogiendo esas semillas que nos dejaron los hombres y las mujeres que construyeron nuestra primera democracia y fueron asesinados por ello. Sus nietos somos un “accidente sociológico” que no habían previsto quienes diseñaron el olvido. Y estamos dispuestos a dignificar su memoria y que ocupen en la historia el lugar que merecen.
