La huelga general contra la Azucarera
Bañezana en junio de 1933 y sus
efectos.-
En el pleno municipal del 8 de marzo de
1933 agradecen los regidores bañezanos a
los diputados a Cortes leoneses su
interés y sus gestiones para conseguir
la subvención del arreglo extraordinario
de las carreteras Madrid-Coruña y la de
Rionegro a León-Caboalles que cruzan la
ciudad y que ya a primeros de febrero el
ayuntamiento solicitaba del ministro de
Obras Públicas (se pretendió después que
se ampliaran los tramos a arreglar “de
modo que incluyan las calles Pérez
Crespo, Astorga, Manuel Diz y Plaza
Mayor, cuya reparación tanto interesa”),
lo que será un añadido remedio al paro
que la azota, sobre todo cuando,
sobrepasada la mitad de marzo y
finalizada la campaña de molturación de
la Azucarera, algunos obreros más se han
quedado sin trabajo.
Se requería poco después desde la
alcaldía a la Patronal Bañezana y a la
Federación Local de Sociedades Obreras
para que designen cada una tres vocales
en la municipal Oficina de Colocación
Obrera (o Bolsa de Trabajo), desde la
que se intentaba paliar en lo posible
aquella problemática, con escaso éxito,
parece, pues a primeros de abril en La
Bañeza 42 jornaleros solicitaban
ocupación, denunciando que “en las obras
de la Azucarera se emplean con
preferencia trabajadores forasteros,
perjudicando a los del lugar”, y
pidiendo la intervención del
ayuntamiento para corregir tal anomalía,
incluso desautorizando la extracción de
piedra y reblo para tales obras de las
canteras municipales, y que se requiera
al director de la Azucarera, Julio
Hernández Ortega, para que admita al
mayor número de obreros bañezanos.
A una comisión de los parados y al
responsable de la factoría los citaba el
gobernador civil el 25 de marzo, y al
segundo se dirigía el alcalde el 6 de
abril “para que coloque operarios de la
ciudad antes que foráneos” (tal como
disponía la Ley de términos
municipales). Se esperaba entonces
contribuir también a aminorar el paro
obrero al sacar a subasta desde el
Ayuntamiento las obras a realizar en las
escuelas municipales en las vacaciones
de primavera y de verano (las
disposiciones laicas en la enseñanza
habían sustituido por denominaciones
estacionales –de invierno y primavera-
las vacaciones de Navidad y de Semana
Santa), obligadas por la inspectora de
la zona, aunque a mitad de junio aún se
pedía repararlas cuanto antes y con ello
dar trabajo a algunos de los
desempleados.
El 18 del mismo mes de abril desde la
alcaldía se enviaba al gobierno civil un
escrito reivindicativo de los obreros
parados y copia del remitido a la
Azucarera con relación de sus oficios.
Responde el gobernador, Francisco Valdés
Casas, el día 20 “no poder actuar con la
celeridad debida por ser periodo
electoral (se celebraban elecciones
municipales parciales el domingo, 23, en
84 ayuntamientos provinciales); que el
lunes 24 lo hará para resolverlo, y que
hoy cambiará impresiones por teléfono
con los trabajadores”. Para el día 25 de
abril, a las doce, se citaba tres días
antes a comparecer en la Casa
Consistorial al presidente de las
Sociedades Obreras, Eugenio Sierra
Fernández, y a Luís Lorente Gallego,
gerente de la fábrica de azúcar,
acordándose colocar en las obras de la
factoría al mayor número posible de
obreros de la localidad.
Se constituyó unos días después la
comisión inspectora de la Oficina local
de Colocación Obrera del ayuntamiento,
presidida por Fernando Alba Flórez (que
ya era vocal integrante del Jurado Mixto
de Trabajo Rural provincial, además de
presidente del bañezano Sindicato de
Trabajadores de la Tierra, federado en
la FNTT y afecto a la UGT), y de la que
eran vocales Francisco Cabo Valenciano
(uno de sus hermanos, Rafael, residía
entonces en Astorga, donde formaba parte
de la Juventud Tradicionalista; otro,
Lorenzo, subalterno de Telégrafos, sería
represaliado con cárcel de 1938 a 1944)
y Eladio Fernández Rodríguez (uno más de
los bañezanos paseados por el
franquismo, en su caso el 29 de octubre
de 1936, asesinato en el que seguramente
mucho tuvo que ver aquella condición,
sumada a la de ser desde final de mayo
de 1936 secretario de la Agrupación
Socialista de La Bañeza), representando
a los obreros, y Ceferino Martín Martín,
Felipe Prieto Moro, y Álvaro Valderas
Blanco (del comercio) a los patronos.
Las gestiones de las fechas anteriores
debieron de culminar en desacuerdos,
pues se enviaba al gobernador civil el 5
de mayo copia del escrito presentado por
los trabajadores en el Consistorio con
motivo de la huelga declarada en la
Azucarera Bañezana.
Desde el ayuntamiento de La Bañeza se
citaba el día 15 a una nueva reunión el
16, a las 10 horas, al director de la
fábrica de azúcar, a Eugenio Sierra
Fernández, presidente de la Federación
Local de Sociedades Obreras, a Miguel
Fuertes Valderrey (de la Sociedad de
Labradores), y Miguel Sola (constructor
autorizado para extraer y machacar
piedra de las canteras municipales), en
la que tratar sobre el conflicto obrero,
a la vez que se remitía al Jefe de línea
de la Guardia Civil de La Bañeza
comunicación del gobernador “para que se
sirva proteger la libertad de trabajo en
la Azucarera Bañezana”. Seguramente para
facilitar la mediación en el conflicto,
desde su condición de jornalero y
socialista, el concejal y primer
teniente de alcalde Ángel González
González sustituía una vez más el día 16
y por unas horas al alcalde titular.
La Azucarera en los años 60. Postal
coloreada >>>>>
El 20 de mayo dirá la delegación de
Trabajo en una nota que “habiéndose
planteado la huelga general del ramo de
la construcción en la ciudad de La
Bañeza, intervino esta delegación,
dejando resuelto el conflicto mediante
la colocación de todos los parados y la
regulación de la jornada y horarios,
sometiéndose patronos y obreros a un
pacto colectivo”. Se recibía el día 24
en la alcaldía una notificación del
ministerio de Trabajo y Previsión
Social, para que “se sirviera disponer
que el interrogatorio sobre la huelga
sea cubierto por esas oficinas”. Sería
la huelga de aquellos días de la que nos
contaba Gabriel González González (en
entrevista en noviembre de 2007) haber
sido su padre “que estaba de alcalde, el
que llamó a don Julio Hernández, el
director de la Azucarera, que era
andaluz, para que fuera a la alcaldía, y
se arreglaron; se pedía aumento de
sueldo, y los que estaban trabajando
fijos querían hacer la huelga, pero los
temporeros, que estaban peor, que de
aquella estaba muy mal España, y en La
Bañeza no
había trabajo ninguno más que esta
fábrica, dijeron que si en 24 horas no
se arreglaba entraban a trabajar”.
Se comunica el 25 a Fernando Alba Flórez
y a Eugenio Carnicero Alonso (trabajador
en la Azucarera que debía de ser
responsable de algún Jurado Mixto o de
alguna otra sociedad de obreros, lo que
explicaría, al igual que para Fernando
Alba -fusilado con 16 más en León el 18
de febrero de 1937- y para Eladio
Fernández, su también trágico destino de
asesinado y desaparecido con otros dos
en Villafer el 12 de octubre de 1936) el
ruego de que "convoquen a la Patronal
para tratar sobre Bases de Trabajo,
sueldos y jornada”, y se invitaba el 26
a la Sociedad de Labradores y a la
Patronal Bañezana a que se concierten
entre sí y con las restantes sociedades
y entidades afectadas con el objeto de
confeccionar las Bases de Trabajo para
las labores del campo, vecina ya la
época de la recolección, y a los
presidentes de una y otra se les
requiere el 29 para que empleen en tales
trabajos a obreros de la localidad, a la
vez que desde el Jurado Mixto del
Comercio General se instaba a cuidar el
cumplimiento de las bases laborales
convenidas en cuanto a contratos,
jornada máxima y descanso dominical, la
misma fecha en que se convocaba al
presidente del bañezano Sindicato de la
Construcción a las 5 de la tarde para
hablar con el delegado provincial de
Trabajo sobre la huelga.
El día 31 de mayo se convocaba al
presidente de la Patronal Bañezana para
que acuda a una reunión en la que tratar
sobre el cierre de establecimientos, y
después al mismo, al presidente de las
Sociedades Obreras y al comité obrero de
huelga para que concurran a la mayor
brevedad, invitados por el delegado
provincial de Trabajo (que se ha
desplazado a La Bañeza), a otra para
cambiar impresiones sobre la marcha del
conflicto (“que es absolutamente
ilegal”, según el delegado),
recomendándoles que asistan cuatro o
cinco representantes por cada una de las
entidades, y entre los de la Patronal
uno o dos patronos significados de las
obras en construcción en la Azucarera.
“A las 12 de la noche de aquel día,
miércoles, no se había logrado solución
al conflicto obrero planteado por los
del ramo de construcción y secundado por
los de los restantes oficios, a pesar de
la intervención directa del delegado
provincial de Trabajo, presidente del
Jurado Mixto y alcalde. El paro general
fue completo aquella fecha, y estuvo
concentrada bastante Guardia Civil,
aunque no ocurrió incidente alguno
lamentable. Lo habían precedido varios
días de huelgas parciales, desembocando
en una jornada de huelga absoluta,
cerrando todo el comercio y las
fábricas, y en la que participaron
también mujeres bañezanas como las
lavanderas y modistas. Había sido causa
de la huelga la protesta del elemento
obrero bañezano contra la intromisión en
la Azucarera de forasteros, en
detrimento de los de aquí, que quedan
sin trabajo. Algunos comerciantes que
quisieron abrir fueron atacados y
hubieron de echar el cierre. Un grupo de
huelguistas esperó en la Estación la
llegada del tren correo, y al bajar los
paquetes de periódicos fueron
arrebatados y quemados a unos cien
metros de los andenes. Numerosas parejas
de la Guardia Civil de Infantería y
Caballería, llegados de diversas
procedencias, patrullaron las calles y
establecieron servicios de vigilancia en
puntos estratégicos. El martes, día 30,
se había repartido un manifiesto”.
Tal era la crónica que publicaba después
El Adelanto, el mismo en el que
la semana siguiente y en primera plana
arremete quien firma K-Vernícola (el
sacerdote Ángel Riesco Carbajo) contra
“los forasteros que han dirigido la
huelga; zánganos y avispas que alborotan
la colmena”, y anuncia que “quizás no
tardando organicen otros una huelga
legal pidiendo que a esos pocos pedantes
forasteros los echen de La Bañeza por
indeseables”. Foráneos perturbadores
entre los que seguramente catalogaba el
clérigo a trabajadores como los Sierra
Fernández (Eugenio y Tomás) a quienes
acusará el franquismo, cuando los
represalie de múltiples maneras, de
haber sido los introductores del
socialismo en La Bañeza (donde cuando
ellos se trasladan desde Astorga en 1931
el socialismo ya era antiguo), o
Cayetano González Lorenzo (“el Vasco”,
vocal de la Agrupación Socialista desde
finales de mayo de 1936), Leonardo
Méndez Prieto, Antonio Batalla
Esperanza, Arturo Fernández Cano,
Eduardo y Juan Cancelas del Río, Alberto
Jiménez (“el Catalán”, referente del
anarcosindicalismo en la Azucarera
Bañezana, importado quizás desde su
tierra; se pierde su rastro en el frente
asturiano, posiblemente desaparecido),
Bartolomé Otero Gallego, nacido en la
Argentina y responsable del ugetista
Sindicato de Construcción, y tantos
otros afincados y avecindados entonces
en la ciudad para hacerla progresar con
su trabajo (en aquella factoría sobre
todo) y prosperar con ella, víctimas
muchos de ellos unos años después de la
pertinaz y dura represión de quienes se
alzaron en julio de 1936, después de que
algunos de ellos padecieran ya la que
siguió a la revolución de octubre del
año 34, en la que serían también en la
ciudad figuras destacadas, y que no
merecerá, por cierto, condena ni
conmiseración alguna (más bien al
contrario) de aquel eclesiástico
enojado.
<<<<<<< Ángel González González,
concejal socialista y primer teniente de
alcalde
En el transcurso de la huelga,
comunicaba el día 1 de junio el alcalde
bañezano al Jefe de línea de la Guardia
Civil “rogándole retire de la vista del
público la fuerza de su mando que presta
servicio de vigilancia en la fábrica
azucarera, sin perjuicio de tenerla en
prevención en aquel lugar en previsión
de cualquier ataque que se pudiera
producir a la misma”. En la tarde de
aquella fecha se desplazaría el
gobernador civil a La Bañeza, acompañado
de su secretario particular (el bañezano
Anesio García Garrido), del presidente
de los Jurados Mixtos del gremio de la
Construcción y del agente de la Brigada
Social señor Muñiz, para solucionar la
huelga, aún activa, “ya que los
huelguistas no cumplieron la promesa que
ayer le hicieron de reintegrarse al
trabajo esta mañana”, decía El Diario
de León, que informaba el día 2 de
que “ayer tarde, tras laboriosa gestión
desde las tres hasta las dos y media de
la mañana, quedó terminada la huelga en
La Bañeza al aceptar patronos y
trabajadores la fórmula propuesta por el
gobernador. Por la mañana de hoy se han
integrado al trabajo todos los obreros”.
Sobre aquellos días nos contaría Gabriel
González González que “no hubo
altercados ni daños, solamente que vino
la Guardia de Asalto, y algunos
comercios y bancos quisieron abrir, y el
capitán de Asalto los visitó
obligándoles a echar el cierre, y les
dijo: ‘¿Qué quieren ustedes, que corra
la sangre?...”. Cuando en febrero de
1934 los munícipes debatan sobre la
construcción de una casa-cuartel para la
Guardia Civil en La Bañeza, los
concejales de la minoría socialista, que
se oponen, dirán que “la fuerza que vino
cuando la huelga de junio de 1933 pudo
causar un día de luto, y debe conocerse
quién ordenó que viniese”.
Aquellas huelgas o paros parciales de la
segunda quincena de mayo que derivaron
en la general de los últimos días del
mes tuvieron posteriores consecuencias,
además de que el Consistorio abonara
horas extraordinarias a los policías
municipales por su trabajo en aquellas
fechas, la cena del gobernador y cuatro
señores más que lo acompañaron con
motivo de la huelga (de 47,75 pesetas;
del cubierto de Bernardo Cantón no se
hizo cargo), y a Fernando Delgado
Fernández 250 camas (pernoctas) que la
Guardia Civil realizó entonces:
El 2 de junio la delegación provincial
de Trabajo reclamaba del alcalde el
pertinente interrogatorio estadístico de
la última huelga; los días 9 y 12 se
pedía del juzgado de Instrucción informe
de conducta y certificación de la
contribución que paga Eugenio Sierra
Fernández (trámites que acompañaban
siempre al de encausamiento judicial,
que ahora sufría como director del
semanario socialista local Avance
por desacato y por infringir desde el
mismo la Ley de prensa, seguramente por
cuestiones relacionadas con aquellas
movilizaciones), y se citaba el 13 a
Fernando Alba Flórez para comparecer a
juicio el 19.
En el pleno municipal del día 14 se
abonan jornales a obreros del ramo de la
construcción colocados en las canteras
municipales en virtud del pacto con el
que se resolvió la huelga general, a los
que se acuerda emplear por el
Ayuntamiento en obras municipales
(aceras, arreglo de calles,…), y
mientras aquél carezca de trabajos
emprendidos requerir a los patronos a
que cumplan estrictamente también ellos
aquel pacto firmado ante el gobernador
civil, estudiando la corporación entre
tanto los que se puedan realizar, como
la reparación de la avenida Pablo
Iglesias, de cuyo proyecto ya se ocupa
el arquitecto municipal y que se
acuerda emprender en el siguiente pleno
“para emplear en ella al mayor número de
obreros, ocupándose incluso de la
extracción de la piedra y la grava de
las canteras”, como también “emplear
obreros para el riego de los árboles
plantados este año en los planteles
municipales”. La obligada reparación de
las escuelas (cuya duración se prevé en
45 días) aminorará también el paro
obrero en la ciudad, aunque la subasta
de las obras quede desierta y hayan de
emprenderse con urgencia y por
administración a mitad de julio, cuando
de la consignación presupuestaria de
27.000 pesetas para dar empleo a los
parados aquel año ya se habían gastado
15.000.
Se participaba el mismo 14 de junio
desde el Consistorio a los presidentes
de la Sociedad de Labradores y de la
Patronal “que busquen la posible manera
de atender a la colocación de obreros al
menos en número de tres cada una de
ellas”, y el 15 se notifica sobre empleo
en el ramo de construcción y se cita a
reunirse el día siguiente a las 8 de la
noche al presidente de la Patronal
Bañezana y al maestro de obras Pablo
Beaumont (asesor en ocasiones para las
municipales) y 10 más. A todos ellos y
al presidente de la Federación Local de
Sociedades Obreras, además de otros 17
(entre ellos industriales como José
Perandones Cabo y José Cabello
Fernández, Melchor Quiñones, y Manuel
Fernández Raigada) se les comunica el
día 17 tener reunión el lunes 19 con el
gobernador sobre ocupación de obreros.
Después, el 21, la autoridad provincial
urgía al Ayuntamiento a proceder a la
mayor brevedad al arreglo de calles para
proporcionar trabajo a los obreros
parados y citaba para el día 26 a las 18
horas a Herminio Berciano Castro (de
Sacaojos, docente –aunque sin
titulación- represaliado también por el
franquismo; firmaba unas veces H. B. y
otras con su nombre sus colaboraciones
en el semanario socialista astorgano
El Combate), Tomás Valverde, Eugenio
Sierra Fernández y Alejandro Plaza
Fernández (de la Federación Local de
Sociedades Obreras los dos últimos).
Varios comerciantes bañezanos
denunciaban el 15 ante el delegado de
Trabajo a otros tantos por abrir sus
tiendas el día del Corpus Christi
(festivo, a lo que parece), después de
haberse citado a la alcaldía al
presidente de La Caridad el día 12 para
tratar sobre cierre y apertura de
establecimientos (el de su cooperativa,
por lo que hacía a esta asociación). Se
notifica el 22 a un alto número de
vecinos (28) para que cumplan las Bases
de Trabajo en los ultramarinos (algunos
de ellos eran Simón Anta García -sería
represaliado económicamente en 1941 al
aplicarle la Ley de responsabilidades
políticas-, Marceliano Montiel, Emilio
Alonso Ferrero, Baudilio Fernández,
Robustiano Pollán, Toribio Santos
Santos, Elías Tagarro, Herminio de
Paz,…), y enteraban por entonces desde
el Jurado Mixto de Comercio General a
los alcaldes del partido judicial de La
Bañeza (y seguramente de toda la
provincia) sobre los preceptos y
derechos laborales que rigen el sector.
A mitad de julio volvería a requerirse a
cinco de aquellos comerciantes para que
respeten las disposiciones sobre
descanso dominical, y se enviará a la
delegación de Trabajo denuncia de Tomás
Miranda Gervasi contra Enrique García
por transgredirlas. De nuevo se urgirá
por su observancia desde aquel organismo
provincial a primeros de octubre,
dirigiendo un escrito a la alcaldía
bañezana para que proceda enérgicamente
contra las infracciones de aquella
normativa que se cometen aún en la
ciudad, que, representada
accidentalmente entonces por Ángel
González, manifiesta en el bando emitido
que “será inexorable proponiendo las
sanciones que sus incumplimientos
exijan”.
Segadores >>>>
Se imponía el 20 de junio a Eugenio de
Mata Alonso, José Seoanez Romero y Tomás
del Riego Natal multa de 25 pesetas por
infracción de la Ley de términos
municipales; desde el Sindicato de
Trabajadores de la Tierra denunciaba su
presidente el 2 de julio a cuatro
patronos agrícolas (Miguel Fuertes
Valderrey, de la Sociedad de Labradores,
y Ramón Sevilla, de la Asociación de
Agricultores de La Bañeza y su Región,
entre ellos), y el día 5 del mismo mes
despachaba la delegación provincial de
Trabajo una circular sobre la vigencia
de aquella Ley, cuyo incumplimiento (en
especial por la Azucarera Bañezana)
había estado en el origen de los paros y
la huelga, tras los que se reforzó la
importancia de las Bases de Trabajo y su
acatamiento, como denotaría que se
enviara el día 4 desde el Consistorio
bañezano a los alcaldes del partido, al
presidente de la Patronal, al del
Sindicato de Trabajadores de la Tierra,
y al de la Sociedad de Labradores, copia
del telegrama del delegado de Trabajo
sobre las Bases de trabajos del campo;
que se crearan a la altura del 21 de
julio comisiones mixtas inspectoras con
representación de las asociaciones
patronales y obreras; la atención a las
denuncias y protestas el 31 de los
dependientes de las peluquerías
bañezanas “contra el poder de los
patronos peluqueros que no respetan la
jornada” (cuya relación de infractores
solicitarían el 23 de agosto desde el
organismo laboral de la provincia); y el
establecimiento de un pacto entre los
farmacéuticos y los auxiliares de
farmacia que se aprobaba el día primero
de aquel mes por la presidencia de los
Jurados Mixtos de Trabajo de León,
después de que el 4 de julio se le
hubieren remitido los horarios de las
farmacias de la ciudad.
Por entonces se hacía preciso que desde
la delegación provincial de Trabajo se
recuerde mediante circular la
vigencia del decreto de 28 de abril de
1931 para la contratación de obreros
agrícolas del propio término en el que
se realizan las faenas, legislación que
los Agrarios pretendieron derogar
mediado julio por la proposición
parlamentaria que se les desechó, cuando
había en Fabero 150 obreros en huelga
por no haber alcanzado un acuerdo sobre
el abono de los jornales percibidos
durante el periodo de vacaciones (desde
noviembre de 1931 la Ley de contratos de
trabajo del ministerio de Largo
Caballero establecía 7 días pagados por
año). El frustrado intento (por ahora;
el 30 de septiembre se materializaría en
parte) de suprimir o retocar la Ley de
términos municipales debió de generar
que se aplicara con mayor celo, pues a
la altura del 19 de agosto en la
provincia de Madrid se habían impuesto a
propietarios agrícolas de unos 22
pueblos multas por importe de 300.000
pesetas por tener contratados para la
recolección segadores gallegos, junto
con los portugueses, ambos por ínfimos
salarios, los mayores perjudicados por
aquella legislación que al igual que las
Bases de Trabajo abundantemente se
incumplía aquellos años y contra la que
dirigirían en 1934 y 1935 su revanchismo
los patronos.
Desde final de junio y durante todo
julio se produce una notable avalancha
de peticiones de vecindad por parte de
numerosos residentes bañezanos, al
amparo de las disposiciones municipales
que la regulan y motivadas por lo
necesario que resulta ostentarla a
quienes pretenden trabajar, dadas las
prioridades pactadas después de la
huelga general para acceder en La Bañeza
a los empleos (primero los vecinos,
luego los residentes, y por último los
demás domiciliados), tan escasos en
general y también en la provincia
leonesa, en cuya capital ya al inicio de
mayo se establecía una Junta formada por
el gobernador, alcalde, presidentes de
las dos Federaciones Obreras (de
adscripción socialista y comunista la
una y anarquista la otra), e ingeniero
jefe de Obras Publicas para activar toda
clase de construcción que pueda poner
fin al paro obrero, y se instituía el
“día del parado”, en el que cada obrero
activo depositará el importe de un día
de trabajo destinado a los que se hallan
sin él, tan abundantes como para que en
aquellos tiempos en los que desde el
crack de 1929 la inmigración,
limitada y sujeta a contingentes, venía
siendo mucho más de regreso que de ida,
el ministerio de Estado envíe al
Ayuntamiento bañezano (a su petición
seguramente, y urgido por quienes aún
pudieran ver en la emigración la
solución al paro) las disposiciones que
regulan la entrada de emigrantes en
Inglaterra, como poco antes había
remitido las que lo hacían para
Colombia, y haría al inicio de diciembre
con las establecidas para Francia,
después de que a mitad de octubre
enviara el entonces reciente Decreto
sobre inmigrantes pobres, a los que el
Estado facilita emigrar abonándoles el
pasaje, que después han de reintegrar.A
la mitad de julio se manifestaban en La
Bañeza quejas sobre el funcionamiento de
la Bolsa de Trabajo (no se dan de baja
en ella algunos de los que hallan
empleo, y otros se apuntan en la Casa
del Pueblo en lugar de hacerlo en el
Ayuntamiento), y se acuerda que se
encargue de la misma el auxiliar de la
secretaría Manuel González González.
También según lo pactado en la solución
de la última huelga (de la
construcción), se presenta a la
Corporación a primeros de agosto el
dictamen del arquitecto municipal
clasificando a los albañiles que
trabajan en las obras de las escuelas a
efecto de adjudicarles los salarios. Se
les realiza una prueba, y según ella son
oficiales de primera (“el que levante
ladrillo,..” establece el pacto)
Cayetano González Lorenzo, Alejandro
Plaza Fernández y otros. Dada la
vaguedad con la que las bases acordadas
califican a los oficiales de segunda, se
considera acertado para aquellos el
salario de 10 pesetas por jornada. Se
aprueba por mayoría la propuesta, con
los votos de los concejales socialistas
y el alcalde.
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La
revuelta de octubre de 1934 en La
Bañeza.-
En las poblaciones agrícolas del sur
de la provincia leonesa (Sahagún de
Campos, Santa María del Páramo o La
Bañeza) el movimiento revolucionario
tuvo escasa incidencia. Un
pretendido conato de huelga en la
villa paramesa, que estaba en la
vendimia, y que no llegaría más
allá, según El Adelanto. En
Valderas algún incidente debió de
producirse, pues cuando después del
triunfo del Frente Popular se
decrete la amnistía, aún quedarán en
la cárcel de León tres presos
valderenses “de cuando la revuelta
de octubre del 34”. Otro tanto hubo
de suceder en Veguellina de Órbigo,
con cinco recluidos también de
octubre en aquellas mismas fechas, y
donde se produjo sin duda algún
altercado relacionado con la Guardia
Civil, como denota la detención que
allí hace la Benemérita el 25 de
octubre de un sujeto herido que
pretendía hacerse pasar por su
defensor frente a los revoltosos,
pero que según El Diario de León
(y en la terminología despectiva con
la que descalifica a los
revolucionarios derrotados) “se
trata de un pollo de cuidado”.
En cuanto a Astorga, donde los
responsables socialistas se
mostraron contrarios a toda
violencia (hasta el punto de que uno
de los miembros del comité
revolucionario, Luís García Holgado,
se habría marchado de la ciudad –al
balneario de Guitiriz, en Lugo- para
no participar en la revuelta, lo que
no evitará que después sea cesado y
desterrado junto con el alcalde,
Miguel Carro Verdejo, y algún otro
concejal), varios radicales
colocaron unos viejos explosivos,
que no llegaron a estallar, en el
puente de Valderrey con el fin de
impedir el paso de los trenes con
tropas para Asturias, y se promovió
una huelga general solo secundada
por los camareros, aunque alguna
otra actividad entendida por la
justicia como revolucionaria debió
de producirse aquellos días, pues el
8 de noviembre el Tribunal de
Urgencia de León encausaba a
Bernardino Lasalle (será
represaliado con prisión después de
julio de 1936) y 24 socialistas
astorganos más por reunión ilegal
(detenidos en la Casa del Pueblo,
que fue registrada; otros cinco
serían apresados en otras
circunstancias y lugares),
condenando a Toribio Fuertes
Martínez (era en 1932 presidente de
la astorgana y ugetista Sociedad de
Obreros de la Industria de la
Edificación; él y sus hermanos José
-secretario del Centro Obrero
entonces- y Rafael -condenado a
muerte con ocho más- serían
eliminados después del triunfo de la
sublevación fascista de 1936) y
otros siete a dos meses de arresto y
250 pesetas de multa. Los demás
fueron absueltos. Por otra parte, en
la Audiencia Provincial el Tribunal
de Urgencia absuelve el 5 de
diciembre a los hermanos
Ángel,
Pedro, y Valeriano León Murciego,
acusados de insultar en estado de
embriaguez a la fuerza pública,
guardias de Seguridad de Astorga, el
día 14 de octubre, pues son gentes
de orden y se habían dirigido en las
jornadas de la revuelta a las
autoridades ofreciéndose voluntarios
para conducir fuerzas a Campomanes,
como certifica el comandante Germán
Madroñero, jefe de las tropas del
Cuartel de Santocildes que allí se
dirigieron (ellos y algunos otros
serán detenidos de nuevo, como
significados derechistas, a mediados
de abril de 1936).
<<<<
Cuerda de presos en los días de la
revuelta de octubre de 1934
En Alija de los Melones, según
narraba el 3 de noviembre el
semanario católico bañezano El
Adelanto, “vecinos en número de
200, al enterarse de que en La
Bañeza se había suspendido el
mercado por los revolucionarios, y
de que estos seguían amenazando, se
dispusieron a la defensa
constituyéndose en milicia al lado
de la autoridad. Los demás pueblos
no secundaron la patriótica
iniciativa, sin duda por desconocer
lo que ocurría. El guardia civil de
este pueblo, Octavio Valera Alija,
padre de cuatro hijos, fue muerto en
un tiroteo con los rebeldes de Sama
de Langreo”.
En Destriana (decía entonces el
mismo semanario) “toca a su fin la
siembra del centeno, que ha venido
retrasada por circunstancias como el
poco surtido de abonos minerales en
los almacenes, que no han llegado a
tiempo por motivo de los fracasados
intentos sediciosos. Aquí, aunque no
hemos visto nada de lo ocurrido en
otros lugares, también sufrimos las
consecuencias”.
De la siguiente manera narraba El
Diario de León del 18 de octubre
lo sucedido días antes, cuando “la
huelga revolucionaria en la región
bañezana”, un relato de su delegado
en la ciudad que nos recuerda por su
tono y por algunas de las cuestiones
en que incide las habituales
intervenciones en El Adelanto
(que no debió de publicarse el día
de la huelga) del clérigo Ángel
Riesco Carbajo:
La insensata jornada que ha
ensangrentado a España en estos
días afortunadamente no ha
tenido triste repercusión en La
Bañeza, pero si manifestaciones
de otro género.
Obedeciendo sin duda a una
consigna de elementos de la
capital que llegaron en la noche
del viernes día 5, y que fue
trasladada en aquella noche a
los pueblos más caracterizados
del partido, hizo que
inopinadamente, cuando más daño
se causara a la vida de esta
laboriosa ciudad, el sábado, se
declarase la huelga general
porque así lo dispuso la Casa
del Pueblo. La inesperada huelga
no fue, como esperaban sus
dirigentes, ni general ni
temida, aunque por el escaso
valor cívico de la mayoría (hubo
excelentes excepciones que no la
secundaron) tuvo algún ambiente.
La fuerza pública representada
dignamente por la benemérita
Guardia Civil coadyuvó a
restablecer la normalidad que se
intentaba alterar.
DESTITUCIÓN DEL ALCALDE.- El
aspecto que ofrecía La Bañeza
era lamentable, porque se
apreciaba ausencia de aquel
civismo que tiene que dar al
traste con toda imposición
injustificada parta de quien
parta. De orden telegráfica del
gobernador fue sustituido Ángel
González González, perteneciente
al partido socialista, que
ejercía de alcalde, por el
concejal y fabricante de harinas
Manuel Martín Martín,
republicano (seguramente
afiliado al lerrouxista y
moderado Partido
Republicano Radical).
DISPAROS AL AIRE.- El sábado
transcurrió sin incidentes,
incluso se llegó a abrir los
comercios desde las doce, hasta
sobre las cinco de la tarde en
que, como consecuencia de una
redada hecha por la Guardia
Civil sorprendieron una reunión
clandestina en las canteras, y
al llevar detenidos a unos
infelices jóvenes extremistas,
algunos grupos de mujeres y
hombres intentaron impedir que
fuesen encarcelados lanzando
piedras e injuriando a la fuerza
pública. Esta, con ánimo de
atemorizar, hizo varios disparos
al aire, que tuvieron la virtud
de despejar totalmente a tales
grupos.
LOS CAPITANES ARAÑAS.- Es digno
de tener en cuenta que estos
inexpertos jóvenes extremistas
en su reunión clandestina (a
pesar de que la Casa del Pueblo
aún no estaba clausurada) no
estaban asistidos de sus
caudillos, los que tanto han
enconado odios y han pregonado
estas cosas, y que siempre a la
hora de la verdad tranquilamente
se ausentan, y después en
público afean el proceder de la
masa, que solamente por el virus
venenoso por ellos inyectado
digan (sic) tropelías absurdas.
Sin duda, consigna de la
presente abortada revuelta ha
sido que los “caudillos” ufanos
siempre con el ordeno y mando,
cuando están en la paz
preparando el ataque, al llegar
la hora del peligro se recluyan
en casa o interesen su detención
para estar más seguros, pues de
todo se dice que ha habido.
Ellos muy cucos viven bien con
esta sociedad y se preparan tan
solo para recoger el botín si
otra llegara.
La noche del sábado transcurrió
bien.
El domingo también transcurrió
pacíficamente abriéndose los
establecimientos que en estos
días se abren. En las primeras
horas de la noche y en la Plaza
Mayor, se disparó un petardo que
sin duda alguna con ánimo de
alarmar fue colocado.
VUELVEN AL TRABAJO.- El lunes se
reintegraron al trabajo los
obreros a excepción de pequeños
grupos; y en la hora de la noche
en diferentes puntos de la
ciudad estallaron tres petardos,
alguno de bastante potencia.
El martes ya se reintegraron la
totalidad de los obreros a sus
talleres, obras y tajos, y la
normalidad se confirmó.
SUCESO LAMENTABLE.- En las
primeras horas de la noche de
este día ocurrió un lamentable
suceso. Cuando el inspector de
policía municipal Álvaro Llanos
Concejo se dirigía a casa del
alcalde Manuel Martín Martín, al
pozo de la Angustia, entre las
casas de los vecinos Prudencia
Fernández y Salvador González
Alonso, apareció un individuo
sospechoso que se ocultaba y, al
pretender detenerle, corrió tras
él por las fincas del Crucero y
apreció que corriendo se
ocultaba aquel con otros dos que
al parecer maniobraban algo
fuera de lo normal, y al verles
huir, creyéndose solo, se puso a
registrar el suelo y al
encontrar un artefacto, que
resultó ser un petardo, recibió
en la pierna izquierda un balazo
que le disparó un sujeto allí
agazapado, el que una vez
realizado el disparo huyó, sin
poder ser conocido por la
oscuridad de la noche.
Afortunadamente la herida del
inspector carece de importancia.
En aquel lugar además del
artefacto dicho se encontró un
revólver con todas las cápsulas,
y una boina por cierto de las de
mucho vuelo. (Bien pudiera
tratarse de una no muy velada
insinuación -la de la boina- de
la participación en aquellos
hechos de Cayetano González
Lorenzo, apodado “el Vasco”, uno
de los detenidos en aquellos
días por su implicación en la
revuelta).
Los demás días van
transcurriendo pacíficamente.
El Corresponsal.
El Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra
dispondrá los días 12 de octubre
y 17 de noviembre de 1935 la
concesión al inspector de
policía municipal Álvaro Llanos
Concejo de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, sin
pensión, “como premio a la
lealtad y heroísmo de que dio
pruebas durante el movimiento
revolucionario de octubre de
1934, por lo que resultó herido
(tardó 51 días en curar, se dirá
cuando al principio de noviembre
de 1935 se remita a la
subsecretaría del ministerio de
Gobernación relación de
empleados que intervinieron en
el pasado movimiento
revolucionario) combatiendo para
sofocarlo en defensa de la Paz y
el Orden Público, y de la Cruz
de la Orden del Mérito Militar
de 2ª Clase, con distintivo
blanco, sin pensión, en pago de
la patriótica colaboración que
prestó entonces”. Con el fin de
“corresponder a su altruismo en
el cumplimiento del deber” se
abre entonces una suscripción
pública para regalarle al fiel
funcionario las bien merecidas y
concedidas condecoraciones,
encabezada por Luís Pérez
Fernández (cartero que estaba
procesado por malversación de
fondos de la Oficina de Correos
bañezana) con 25 pesetas,
bastante más que las 5 que
aportan César Seoanez Romero,
Teodoro Santos Vidales y
Trinitario Picaporte, o las 3
con las que contribuye José de
Paz Pérez (se acordaba el 18 de
diciembre de aquel año que “a
cuenta y nombre del Ayuntamiento
el alcalde contribuya con lo que
estime conveniente a la
suscripción para adquirir
aquellas cruces concedidas al
inspector municipal”). En 1937,
cuando sea falangista y siga
siendo Inspector de la policía
municipal, será condenado a
arresto mayor y destierro a 50
kilómetros de La Bañeza y de
Posada de la Valduerna (donde
cometen los delitos de robo y
coacciones) junto con un
vecino de Astorga, en una
sentencia ratificada por el
Tribunal Supremo el 13 de
febrero de 1942.
A finales de septiembre de 1934
el juez de Instrucción pedía
certificados de conducta de
Horacio Martínez Blanco, maestro
de Sacaojos (acusado de
pertenecer a la FETE, será preso
y apartado de la enseñanza en
agosto de 1936), de 54 años,
casado, y de Bartolomé Otero
Gallego, natural de Bahía Blanca
(Argentina), de 28 años, casado,
jornalero y presidente del
Sindicato de Construcción de la
UGT (sería fusilado con otros 16
bañezanos en León el 18 de
febrero de 1937), procesados por
tenencia ilícita de explosivos.
Del segundo se decía ser de
buena conducta, sin antecedentes
penales, y estar preso
provisionalmente en el bañezano
Depósito Municipal de Presos y
Detenidos por la causa que se le
abre y por la que se le
condenará a tres años de
presidio menor. En la sentencia
se dará como probado que
Bartolomé, de ideas exaltadas en
el Partido Socialista y
principal dirigente en La Bañeza,
había infundido sospechas a las
autoridades, por lo que el 24 de
aquel mes la Guardia Civil
registró su casa, encontrando en
una cuadra aneja a la vivienda,
encima de una viga y envuelta en
un papel, una bomba explosiva
constituida por un cilindro de
hierro cerrado por sus extremos
con soldadura autógena y con un
trozo de mecha, cargada con
dinamita y de gran potencia
destructora, además de una caja
con seis cápsulas de pistola. Se
añade que el procesado guardaba
la bomba “porque sabía o
sospechaba que había de ser
empleada para realizar delitos
contra las personas o las
cosas”.
Tal vez aquel alijo descubierto
en La Bañeza formara parte del
acopio de armamento y municiones
que desde unos meses antes hacía
el socialismo preparando la
revuelta que se veía inevitable
e inminente, hasta el punto de
que en lugares como San
Sebastián se había constituido
en el partido y las Juventudes
Socialistas un Comité de
Coordinación de las Milicias
Revolucionarias encargado
también de hacerse con armamento
de las fábricas de armas cortas
guipuzcoanas (Artemio
Echeverribar era su secretario,
pasando después con el resto del
Comité a Francia para evitar la
represión).
Por los delitos de coacciones y
amenazas producidas en La Bañeza
en los días de la revuelta de
octubre fueron condenados por la
Audiencia Provincial de León los
vecinos Herminio Eleuterio
Berciano Castro, de 29 años,
casado, jornalero (se le condena
solamente por coacciones; sería
detenido después del golpe
militar de julio de 1936);
Salvador Rúa González, de 24
años, natural de Cerecinos de
Campos, soltero, jornalero
(terminaría cayendo en combate
en el frente asturiano, en
Trubia, en julio de 1937; en
marzo de aquel año aparece como
responsable de la segunda
sección de la primera compañía
del Batallón Asturias 242
-también conocido como Guerra
Pardo, eminentemente
socialista-, comandado por
Genaro Arias Herrero “el Pata” y
destacado en el sector de
Belmonte); Toribio Justino
Santos Santos, de 35 años,
casado, industrial (apodado “Pajarica”,
se le absuelve por las amenazas;
paseado en Maire de
Castroponce, junto con el
alcalde Ángel González, el 23 de
septiembre de 1936); Domingo
Manuel Fernández González, de 22
años, soltero, zapatero (será
condenado a reclusión perpetua
en agosto de 1937; su hermano
Valentín sería paseado);
Cayetano González Lorenzo,
natural de Barcelona, de 27
años, casado, albañil –represaliado
por el franquismo él y su
familia- (todos los anteriores a
la pena de cuatro meses de
arresto y multa de 250 pesetas);
e Isaac González González,
natural de Huerga de Garaballes,
de 25 años, albañil (condenado a
la misma multa y cinco meses de
arresto, que cumplirá el 8 de
junio de 1935, fecha en la
que, a las 10 de la mañana,
abandona el Depósito Municipal).
Salvador,
Herminio y Domingo serán
liberados de la cárcel bañezana
el 20 de mayo de 1935; Cayetano
lo sería el 4 de junio.
Todos ellos insolventes (excepto
Toribio) y sin antecedentes
penales (a excepción de Isaac,
que ya había sido condenado
antes por desobediencia a raíz
de los desórdenes de la noche
del 18 al 19 de junio de 1932),
dirá la sentencia que se dicta
por el Tribunal de Urgencia el 9
de febrero de 1935, que narra
cómo “en la mañana del 6 de
octubre, cuando ya en varias
provincias y en la de León se
había iniciado el movimiento
revolucionario, en La Bañeza el
socialista Toribio Santos,
presidente de la Casa del
Pueblo, en unión de un grupo de
afiliados del que los procesados
formaban parte, con la intención
de favorecer el éxito de tal
movimiento, practicaron todo
tipo de medios para conseguir
paralizar en dicho día todas las
actividades industriales,
mercantiles, comerciales,
agrícolas y demás, consiguiendo
con sus amenazas que cerrase el
comercio en la ciudad, como hubo
de hacer el de Mateo Castro,
quien no abrió su
establecimiento por temor a sus
intimidaciones. Pretendieron
también cerrar, por orden de la
Casa del Pueblo, la sucursal del
Banco Mercantil, siendo
amenazado su director al no
aceptar aquel mandato, aunque no
consiguieron que cerrara.
Colocados en un extremo de la
población intimidaron a los que
traían sus productos al
tradicional mercado de aquel
sábado y a algunos que
trabajaban en una carretera, que
dejaron de hacerlo por ello y
por decirles que nadie trabajaba
y que la huelga era general.
También coaccionó aquel mismo
día la masa obrera bañezana,
alentada y dirigida por los
procesados, a los conductores de
vehículos”.
Dirá El Diario de León de
aquella fecha que se les condena
por coaccionar al comercio, los
bancos y los particulares que se
dirigían al mercado. El fiscal
acusa a todos de un delito de
coacción, y de amenazas contra
el director del Banco Mercantil,
Agustín Hoyos González (será
destacado derechista en julio de
1936 y alcalde franquista años
después), a Herminio y a
Toribio. Se citaron a 19
testigos, y depusieron todos
excepto tres que no
comparecieron. Destacan las
declaraciones de Agustín Hoyos,
según las cuales Toribio y
Herminio capitaneaban a un grupo
de obreros que irrumpieron en el
banco pretendiendo su cierre a
toda costa, y las de dos
guardias civiles y el cabo que
comandaba el puesto, que acusa
al entonces alcalde accidental,
Ángel González (llamado a
declarar en el sumario y en el
juicio), de que no obstante
estar los obreros coaccionando
apenas requirió de su concurso.
Uno de los revolucionarios
apresado en Bembibre aquellos
días de octubre de 1934 >>>>
En La Bañeza se habrían llegado
a colocar algunas mujeres en las
vías con sus niños para que no
pasaran los trenes que venían
hacia Asturias, según nos
testimoniaba en noviembre
de 2007 Gabriel González
González (tenía entonces 19 años
y era uno de los hijos del
concejal primer teniente de
alcalde Ángel González), quien
añadía que “se reunieron para
ver de hacer algo en una cantera
(en las cercanías de la cárcel),
y había un guardia civil, que se
llamaba también Gabriel, que me
dijo a mí: ‘corre y dile a los
que están en la cantera que
vamos a ir por ellos’; pero
cuando yo quise llegar allí la
Guardia Civil ya estaba, porque
iban a caballo, y cogieron a
unos cuantos y los llevaron a
León; a mi padre también lo
detuvieron, y a otros
socialistas de La Bañeza (a
nadie de los pueblos).
Estuvieron en la cárcel y
después los juzgaron, y mi padre
los defendió, y se defendió él”.
Antes (en la noche del viernes,
día 5, seguramente), debió de
propagarse por la ciudad el
rumor de que vendrían los
mineros de Fabero, inquietante
para algunos, pues como expondrá
con tintes apocalípticos El
Adelanto en su número del 2 de
noviembre de 1935, “el sueño
huyó de todos los párpados
aquella noche aciaga”.
Trenes obstaculizados
serían, entre otros, los que
llevaban el día 6 desde
Zamora a Astorga (venciendo
allí la resistencia de los
maquinistas a transportarlo,
y para continuar hacía León
y Asturias) al Regimiento de
Infantería 35, recién
regresado de las maniobras
militares desarrolladas días
antes en tierras maragatas y
embarcado después de que en
la noche del 4 se reforzara
la guardia del cuartel ante
el apagón de luz y los
rumores de su asalto por los
revolucionarios zamoranos, y
de patrullar y vigilar
la
ciudad el 5 (según narra en
su diario casi al hilo de
los hechos –entre el
principio de noviembre y el
final de enero- el soldado
de reemplazo de Velez Rubio
–Almería- José Lafront
Soriano).
Tal vez con la huelga
general y los conatos de
revuelta tuvieran también
que ver en La Bañeza los
incendios producidos en las
sucesivas noches de los
sábados 6 y 13 de octubre de
sendos carros de urces
en la Plaza de la Leña, por
los que la ya nueva
Corporación designada por el
gobernador indemnizaría el
día 17 a sus dueños,
acordando además “descontar
tales gratificaciones del
sueldo de los serenos si se
repitieran tales lamentables
hechos”. Lo tendrían, desde
luego, algunas de las
abundantes pintadas que
llenaban la ciudad y sus
inmuebles, “inscripciones
referentes a votaciones, y
vivas o mueras a diferentes
tendencias políticas”, que
la nueva alcaldía urgía
mediante bando del 27 de
octubre a que hicieran
desaparecer los dueños de
aquellos en el plazo de ocho
días, y al Jefe de la
estación férrea poco después
a que haga retirar de su
edificio los letreros
subversivos.
Algunos de los socialistas
bañezanos apresados, además
de los ya vistos y otros que
veremos, fueron Fernando
Alba Flórez, “por ejercer
coacción sobre los obreros
de la Azucarera para que no
entraran al trabajo”; José
García González, “destacado
en los sucesos de octubre”,
e Ignacio Alonso Ruiz, de
las Juventudes Socialistas,
que “intervino en la
agitación de octubre”, y a
quien (como seguramente a
los demás) su familia hubo
de proveer de comida,
colchón y demás útiles de
los que carecía el
destartalado Depósito
Municipal. Otros serían
sometidos a estrecha
vigilancia, como Joaquín
González Duviz, presidente
de la Casa del Pueblo en
aquel año; Agustín Rodríguez
Fernández, secretario de la
UGT local; Elías Falagán
Martínez, activo socialista
cuando la revolución de
1934; Eugenio Teodoro Sierra
Redondo, de 17 años,
afiliado a la Juventud
Socialista y a la UGT desde
mayo de aquel año,
“trabajando de mecánico en
un garaje (el de Leopoldo
Bahillo Melero) desde 1931”
y sumado a la huelga general
declarada en La Bañeza, y
Juan María Begué Arjona,
Registrador de la Propiedad,
“directivo de la Casa del
Pueblo y su asesor en el
movimiento revolucionario
del 34, que habría excitado
en la Plaza Mayor a los
obreros a la rebelión,
habiéndosele prevenido por
el teniente jefe de la línea
de esta ciudad, Tomás Pérez
Renedo, que permaneciera en
su casa, y recogiéndosele
una escopeta y una pistola
remitidas a la comandancia
de la Guardia Civil de León
para chatarra e
inutilización”, unos y otros
según se señala en el
Sumario 151/36 al que todos
ellos serán sometidos
después de julio de 1936.
Alguno de los represaliados
después del golpe militar de
julio de aquel año, como
Daniel Fernández Cano, se
había prestado voluntario en
León para colaborar con las
autoridades militares en el
mantenimiento del orden en
octubre de 1934. De algunos
de los otros, como Ignacio
Alonso o Eugenio Teodoro,
cabe reseñar que después del
golpe militar de julio de
1936 pasará el primero cinco
años de topo en la
casa familiar de la calle
Astorga 36, para ser
condenado en 1941 a prisión
y a la represión económica
de la Ley de
responsabilidades políticas.
Participará el segundo en la
oposición al golpe en La
Bañeza y termina siendo
ejecutado por garrote vil en
Oviedo el 30 de mayo de
1955, después de haber sido
soldado nacional a la
fuerza, evadido a la zona
leal, combatiente
republicano, exiliado y
prisionero en los campos
franceses, guerrillero
contra la ocupación en
Francia, maqui en
Asturias y León, topo
durante dos años en su casa
familiar bañezana de la
calle Laguna 13, y residente
tres más en Madrid con falsa
identidad. En cuanto al
aprovisionamiento familiar y
llevar a la cárcel a los
presos la comida, era lo
habitual; se practicaba
también en febrero de 1936
en la Prisión Modelo
madrileña, y se repetirá con
los presos posteriores a
julio de 1936 (y en La
Bañeza aún con los
huelguistas encarcelados de
Jiménez de Jamuz en abril de
1947).
Encausado él y otros por
aquel mismo Tribunal tan
urgente y tempranamente como
el 12 de octubre por
coacción, y por exhorto del
juzgado de Instrucción de
Astorga, se pide al regidor
de La Bañeza informe de
conducta de Eugenio Sierra
Fernández, de 39 años,
casado, tipógrafo, y lo
emite ya el día 15 quien es
entonces (y lo será por
pocos días) el alcalde de la
ciudad, Manuel Martín
Martín, segundo teniente de
alcalde, designado por el
gobernador civil después de
deponer a Ángel González
González, que era el primero
y lo estaba siendo en
funciones desde el 17 de
septiembre por ausencia
temporal del titular (Juan
Espeso González), señalando
que el informado “se ha
manifestado siempre,
mientras que desde
principios de 1931 reside en
el término, como organizador
de conflictos obreros y
huelgas, tanto como
directivo de la UGT como por
ser (haber sido) director de
un semanario denominado
Avance” (que a estas
alturas había dejado ya de
publicarse, desde julio, y
que de no haber desaparecido
antes habría sido suspendido
como lo fue desde entonces
la mayor parte de la prensa
de izquierdas, incluidos
El Combate astorgano y
La Democracia
leonesa, esta tan solo hasta
el final de la revuelta en
Asturias). Se le detuvo,
resultando después absuelto.
Dada la fecha y el lugar de
su encausamiento, y los
comentarios de aquellos días
en El Adelanto de que
los dirigentes e incitadores
de la rebeldía se habían
librado de la cárcel
mientras los pobres obreros
engañados eran apresados, es
posible que su proceso y
detención no tuvieran
relación con la huelga
general de octubre y si con
hechos anteriores, acaso de
propaganda antibélica y
opuesta a las recientes
maniobras militares. Fue
detenido en Astorga, en
cualquier caso, en la noche
del 5 al 6 de octubre, en
compañía de los hermanos
Rafael y José Fuertes
Martínez, y todo parece
apuntar a que más bien lo
habría sido por encontrarse
preparando allí el paro del
siguiente día, en aquellas
clandestinas reuniones en
las que se detuvo a
numerosos astorganos. Era
José Fuertes en abril de
aquel año 1934 director de
El Combate (que ya no
se publicará desde el 6 de
octubre hasta el inicio de
enero de 1936), y su
administrador en julio del
mismo año, cuando en un acto
civil (bautismo laico)
nombra a su hijo como
Helios.
A cuenta de haber detenido y
encarcelado provisionalmente
el 11 de febrero de 1935 al
súbdito portugués Jaime
Dosrreis Alfonso (natural de
Viñas de Candedo –Portugal-,
de 40 años, viudo de Martina
de Blas, de profesión
desconocida –jornalero,
según oficio del juez
municipal y el Padrón
municipal de 1935-, de
mediana conducta, insolvente
y sin antecedentes penales)
por tenencia ilícita de
explosivos, al ocuparle la
Guardia Civil en su
domicilio 74 cartuchos de
dinamita, 4 rollos de mecha
y 5 detonadores (se había
dedicado a extraer piedra de
las canteras municipales, y
por hacerlo sin permiso
había sido denunciado al
juzgado y condenado a una
multa por desacato y al pago
de otra cantidad como
indemnización por los daños
causados), todo ello sin
licencia, se dice en la
sentencia del Tribunal de
Urgencia que el 12 de
septiembre lo condenaba a un
año y ocho meses de presidio
menor (en aplicación de la
Ley de vagos, que el fiscal
reclama y logra) que “fue
expulsado de España por la
Dirección General de
Seguridad por indeseable e
indocumentado en diciembre
de 1934 (pero al mes había
vuelto a su anterior
destino) y simpatizante con
el último movimiento
revolucionario y con los
dirigentes socialistas de La
Bañeza (según afirmarán un
cabo y un número de la
Guardia Civil en sus
declaraciones), no habiendo
hecho entrega de la dinamita
que poseía a pesar de los
requerimientos de los bandos
dictados por las autoridades
militares durante los
sucesos del pasado octubre”.
Antes, al principio de
febrero de 1934, había sido
detenido en la Prevención
municipal por haber ofendido
al alcalde de palabra.
<<<< Portada de una
publicación de entonces. En
portada la imagen del Cristo
de Bembibre que los
revolucionarios respetaron
“por ser rojo”.
También por fuentes
municipales conocemos la
suspensión de funciones
(en virtud del artículo
189 de la Ley Municipal
de 1877, según el oficio
que llegaría el día 10)
del primer teniente de
alcalde, Ángel González
González, regidor
accidental desde
mediados de septiembre
por permiso del titular,
alegando posiblemente
para ello (como se hizo
en Madrid o León) el
abandono de sus
obligaciones y la falta
de cooperación y
asistencia al poder
público. Sabemos además
que el día 6 de octubre
se cerró una de las
armerías de la ciudad, y
se ordenó por el alcalde
(ya posiblemente el
sustituto Manuel Martín
Martín o el concejal
–Joaquín Lombó Pollán,
seguramente- en quien
delega, dada su
enfermedad que lo obliga
a permanecer en su
domicilio) al comandante
del puesto de la Guardia
Civil –teniente Pérez
Renedo- se informe de
quién lo dispuso, para
proceder a su detención,
así como la de cualquier
persona sospechosa.
Además de los números
del cuartel bañezano
debieron de concentrarse
aquellas fechas en La
Bañeza abundantes
guardias civiles (aunque
hay fuentes que
mantienen que “se bastó
el puesto de la Guardia
Civil para mantener el
control sobre la
villa”), pues se abonaba
a primeros de noviembre
al hostelero Fernando
Delgado Fernández 357
pesetas por camas de la
fuerza en las
concentraciones de los
días del movimiento
revolucionario (unas 200
pernoctas, según el
importe al que sabemos
se le facturaban unos
meses antes), además de
las 86 pesetas que se le
satisfacían pocos días
después “por camas y
cenas con motivo de las
concentraciones de
presos”, y la cuenta que
a final de diciembre
queda pendiente de
saldar a Pedro Calvo
“por camas para la
Guardia Civil cuando
hizo vigilancia en el
Depósito”.
Se informa al día
siguiente al gobernador
civil de la detención de
14 individuos por
reunión clandestina (en
las canteras); a los
dueños de imprentas y a
los directores de los
semanarios Avance,
El Adelanto y
La Hojita Parroquial
se les comunica cumplan
con la previa censura
decretada, y a Manuel
Fernández Raigada,
encargado del Depósito
Municipal de Presos y
Detenidos, se le insta a
cumplir con su régimen
de funcionamiento para
evitar sanciones,
bonificándolo el día 23
con 100 pesetas por el
tiempo dedicado a la
atención de los presos,
cuyos racionados o
socorros,
adelantados a la Prisión
Provincial por el
ayuntamiento, importarán
este mes de octubre la
inusual y enorme
cantidad de 2.300
pesetas, dado el
excepcional exceso de
detenidos que ha causado
que el responsable de
atenderlos no pueda
dedicarse además a su
trabajo (calculando a la
baja, de aquellos y
otros datos obtendríamos
una ocupación media del
Depósito para los días
de octubre del 6 al 31
en torno a las 70
personas, para una
capacidad máxima de 32 y
un numero de recluidos
que no solía exceder de
la docena, en unas
instalaciones muy
deterioradas).
El día 9 informaba la
alcaldía al sereno
Rufino Blanco Arija
haberlo suspendido de
empleo y sueldo (se le
repondría al poco como
policía municipal,
aunque el criterio de la
nueva Corporación será
“cambiarlo a otra
ocupación, dado que es
analfabeto”) y a los
alcaldes del partido de
la obligación de
incautarse de los
camiones de carga y
coches de viajeros de su
jurisdicción para que
sus dueños los presenten
a disposición de la
autoridad militar en la
Auto Estación de León el
día 11, fecha en la que
el de San Adrián del
Valle comunica haber
recibido el aviso;
notifica el de Castrillo
de la Valduerna que “el
auto de viajeros de B.
de la Fuente está en
reparación, pero se
presentará tan pronto
esté en condiciones”, y
el de Bercianos del
Páramo indica que en
aquel municipio no
existen tales coches,
extremos todos que se
trasladan al gobernador
civil, añadiendo “poner
de manifiesto que por
informes muy veraces los
alcaldes de Riego de la
Vega, Castrocontrigo y
Destriana no han
notificado de la requisa
a los interesados”, lo
que si debieron de
realizar días más tarde,
pues al menos en el
lento proceso posterior
de indemnización por las
incautaciones de aquel
periodo, en las
correspondientes a
vehículos aparecen,
junto con otras a
satisfacer en León a
Ángel Beltrán Álvarez o
a los dueños de dos
camionetas en Valencia
de Don Juan y un camión
en Astorga, las de los
autocamiones de los
vecinos de Destriana
Ricardo Josa Luengo y
Domingo de la Iglesia.
En cuanto a los
vehículos requisados en
La Bañeza, aún a la
mitad de junio de 1935
se hacían desde la
alcaldía bañezana
consultas a la
Intervención de Guerra
de León sobre los que lo
habían sido al servicio
del Ejército. Julio de
la Torre, propietario
del leonés Palacio del
Hielo, hará entonces una
reclamación de 30.000
pesetas al Estado y a su
Comisión de Requisas
“por el tiempo (seis
meses) que ha tenido
ocupados sus locales
almacenando allí
material de guerra y
otros objetos,
explosivos entre ellos,
lo que hizo que se le
marcharan los inquilinos
que ocupaban la casa”.
Se remitía al gobernador
civil el día 18 un
escrito expresando “la
adhesión de la
Corporación bañezana al
gobierno por el acierto
en la defensa de la
indivisibilidad
nacional, así como en la
contención del
movimiento anárquico”, y
el 23 al teniente jefe
del puesto de la Guardia
Civil se transmitía
“nuestra gratitud por su
intervención y a las
fuerzas a sus órdenes en
los días pasados”. En la
misma fecha se
participaba a la
alcaldía desde el
gobierno civil que se ha
abierto una suscripción
para recompensar a la
fuerza pública y premiar
su abnegación, valor y
patriotismo, y una
semana después desde el
Consistorio de Oviedo
piden ayuda con motivo
de los sucesos
revolucionarios
desarrollados en la
ciudad que causaron su
ruina económica.
Al acabar octubre se
confirmaba con
satisfacción que la
familia del juez de
Primera Instancia de La
Bañeza, José María
Fernández Díez Faes,
residente en el
asturiano pueblo de
Moreda de Aller (donde
se había producido el 6
de octubre alguna
víctima de derechas) ha
resultado ilesa en los
sucesos del movimiento
revolucionario, al igual
que los padres y
hermanos de su esposa,
que viven en Oviedo, de
algunos de los cuales se
dijo que habían perecido
(si perecieron el 8 de
octubre, fusilados por
los revolucionarios, un
sacerdote y ocho
hermanos de las Escuelas
Cristianas en Turón, uno
de los cuales -Benito de
Jesús- había sido
profesor en el astorgano
Colegio de La Salle de
1929 a 1933; todos ellos
fueron canonizados en
1999). El 24 de aquel
mes es encausada por el
comandante juez
instructor de la Caja de
Recluta de León Vicenta
Avelina Turrado Alonso,
de 36 años de edad,
natural de Redelga de la
Valduerna y vecina de La
Bañeza, juzgada a final
de enero de 1935 en
consejo de guerra en el
leonés Cuartel del Cid
por insulto a la fuerza
armada cuando el 9 de
octubre la Guardia Civil
llevaba detenido a su
marido y ante su
negativa, al preguntarle
por el delito cometido,
dijo a los guardias:
“estos canallas de estos
tíos vienen a mangonear
el pueblo y se va a
armar una más gorda; hay
que quemarlos vivos”,
considerándose su
actuación como delito
comprendido en el bando
de guerra que el general
López de Ochoa había
firmado y emitido.
Defendida por el joven
abogado Carlos Álvarez
Cadórniga, alegará el
defensor que “su frase
se refería a los
propagandistas de la
revolución que aquellos
días andaban por La
Bañeza, ya que los
guardias eran los del
puesto de la ciudad”.
Ya en noviembre, el día
8, del Monopolio de
Petróleos comunican
desde León que las
facturas presentadas por
el encargado del
surtidor de la calle
Astorga, Santiago
Vidales Manjón, por
gasolina y aceite
empleados en
desplazamientos con
motivo del movimiento
revolucionario sean
abonadas por el
Ayuntamiento, y se
liquidarán más tarde por
el ministerio de la
Guerra.
A finales de diciembre,
el día 26, en el puesto
de la Guardia Civil de
La Bañeza, a raíz de
haber sido detenido como
complicado en los
sucesos revolucionarios
un tal Miguel Antonio,
se recibía una
confidencia acerca de la
desaparición de un cajón
que contenía al parecer
cosas importantes. Se
hicieron pesquisas que
condujeron a la
detención de dos jóvenes
vecinos de Sacaojos,
Felipe Martínez Álvarez
y Manuel de la Fuente
Martínez, de 22 y 24
años de edad, que
declararon que el cajón
estaba enterrado en una
cantera de aquel pueblo,
de la cual fue extraído
por la Guardia Civil,
hallando en su interior
una bandera comunista,
libros, revistas y
folletos de venta
prohibida, tres porras
de goma y otros objetos.
El tercero de los
detenidos, Manuel de la
Fuente, casado, albañil,
padecerá prisión después
de julio de 1936, y
también su esposa
Elpidia; su hermano
Francisco de la Fuente
Martínez sería uno de
los once paseados
y echados a la “fosa de
los bañezanos” en Izagre
el 10 de octubre de
1936). El segundo,
Felipe Martínez –el
mayor de los seis hijos
de Horacio Martínez
Blanco, maestro en
aquella pedanía-, será
responsable de una de
las secciones de la Casa
del Pueblo (ya lo era en
1934) cuando en julio de
1936 se produzca el
golpe militar, y uno de
los que participe en la
leve oposición al mismo
en La Bañeza.
==========================================================
Cuando se
quiso poner tasas al toque de campanas.-
A finales de 1932 se promulgaba la Ley
de contribución general sobre la renta
(un impuesto aún muy limitado y de
escaso poder recaudatorio, tímido primer
paso en la creación de la moderna
fiscalidad), cuando la renta per cápita
alcanzaba las 1.083 pesetas. En La
Bañeza, en los extensos debates sobre
los presupuestos municipales para 1933
los socialistas habían pretendido la
incongruencia (que les señala desde el
local semanario La Opinión su
director) de recuperar el impopular y ya
suprimido impuesto de consumos, una
carga indirecta y nada progresiva contra
la que tantas protestas y motines había
habido en el pasado, y tratado de
establecer un gravamen por el toque de
campanas (“asesorados por algunos entre
los cuales hay fervorosos monárquicos
hasta el 14 de abril de 1931”, dirá
El Adelanto), que rechazaron los
demás miembros de la corporación.
También en León fue desechada la
propuesta socialista de incluir en los
presupuestos del año próximo a iniciarse
una tasa anual por el tañido de campanas
(150 pesetas por una, 200 por dos, 300
por tres o más), pero prospera gravar
con 25 céntimos los carteles que
anuncian funciones religiosas y cobrar
impuestos por tirar cohetes y tocar
organillos.
En La Bañeza, en realidad las
discusiones y la elaboración de aquellos
presupuestos (en múltiples y
maratonianos plenos) fueron bastante más
complejas y ajetreadas: la minoría
socialista decidía el 23 de noviembre
contar con sus representados antes de
entrar a discutirlos, y lleva enmiendas
en la sesión municipal del 28 al
proyecto que presenta la comisión de
Hacienda, basado en el percibo de
ingresos por arbitrios (como el de 1932,
al que supera considerablemente), que
perjudica al vecindario (se dice),
opuesto al de ingresos por consumos
(como lo fue aún el de 1931), de mayor
recaudación y por el que los forasteros
pagan más, y derogado por una de las
disposiciones transitorias del Estatuto
Municipal y otras legales. Se acuerda
por mayoría (los cuatro concejales de la
minoría socialista, José Santos Pérez y
Joaquín Lombó Pollán) obtener los
ingresos por consumos, con lo que se
rechaza el proyecto de la comisión de
Hacienda; el alternativo de la minoría
socialista también era por arbitrios,
por lo que procede confeccionar uno
nuevo basado en ingresos por impuestos
de consumos
En el pleno del 7 de diciembre se revoca
el anterior acuerdo (volver al sistema
de consumos) y se desecha el proyecto de
presupuestos de la comisión especial
surgida de la anterior sesión, según
votación en la que solo opta por no
hacerlo el concejal Joaquín Lombó. Los
socialistas aclaran su pretensión de
reemplazar los arbitrios de 1932 por
otros más justos, y de rebajar algunos
como el de la carne, que consideran
alto, para que deje de regir lo que
manifiestan que algún concejal habría
afirmado (“el que no pueda comer carne,
que coma bacalao”), y que es desmentido
por el alcalde (Juan Espeso González),
sustituyendo con otros gravámenes lo
dejado de recaudar por ello. Por mayoría
se acordó presentar otro nuevo proyecto
en el pleno del lunes próximo,
confeccionado por la comisión de
Hacienda una vez más. En cuanto a las
carnes, a pesar de haberlas clasificado
por categorías ya en enero de 1933 y de
haber rebajado sus arbitrios, no han
bajado sus precios los carniceros, lo
que expondrán algunos concejales como
queja en el pleno del 18 de aquel mes.
El día 12 de diciembre se entra por fin
a estudiar y discutir el proyecto de
presupuestos para 1933, en su apartado
de Gastos, y se hace por artículos,
partidas y capítulos. Se retira la
partida de 480 pesetas del teléfono del
alcalde (ya hay uno en secretaría) y el
del cuartel de la Guardia Civil. Se
destina una partida para el deslinde y
amojonamiento de los terrenos comunales
(en la fecha determinada en que se
revisan anualmente las marras o mojones
municipales), otra para salarios de los
15 vigilantes de arbitrios que habrán de
atender el servicio junto con los
serenos, y una más destinada a retribuir
las nuevas plazas de arquitecto y de
maestro de obras que se crean.
El pleno del 14 de diciembre, cuando
cerrado ya el capítulo de Gastos se
discuten los arbitrios que habrán de
generar los Ingresos, conoce debates
sobre si las bicicletas son artículo de
lujo (como afirma el concejal socialista
Porfirio González Manjarín), o no lo
son, pues las usan mucho los obreros
(según argumenta David González
Moratinos). Y no debían de serlo, ya que
se aumenta su canon, quedando en 6
pesetas anuales. También se establece
una tasa a la circulación de perros, y
un arbitrio por los anuncios o carteles
que se exponen. Algunos concejales
alegan haber determinado gravámenes
elevados para las carnes de cerdo y de
ternera, que consumen los ricos, para
que los presupuestos no sean tachados de
burgueses; los socialistas exponen por
su parte que su tendencia no es
obrerista, y abogan en prueba de ello
por la rebaja de tales gravámenes.
Propone el edil Porfirio González
Manjarín el impuesto de 100 pesetas
anuales por cada una de las 11 campanas
de la ciudad, consideradas como
anuncios. La comisión elaboradora del
proyecto pensó en ello, se dice, pero
observó su ilegalidad (en la que
coincide la Revista de la
Administración Pública del mes de la
fecha, que se consulta en la sesión).
Hay empate en la votación (a favor, la
minoría socialista y el concejal Toribio
González Prieto), que se repite por dos
veces, y decide la cuestión el voto de
calidad del alcalde-presidente,
rechazando la propuesta. El edil Joaquín
Lombó Pollán vota en contra, pero añade
que vería tal impuesto con satisfacción
por vivir cerca de la Iglesia, y que
vota como lo hace porque ha visto que la
tasa no se impone en ninguna población
(en la mayoría de las que la establecen,
las delegaciones provinciales de
Hacienda la revocan después, como
sucedería en Huelva finalizando el
siguiente mes de enero, o en marzo en
Ponferrada), además de que “el asunto se
resolverá cuando se promulgue la Ley de
congregaciones religiosas, por la que
los templos pasarán a ser propiedad del
Estado, sobre cuyos bienes no se pueden
imponer arbitrios” (parecida
argumentación se había manejado en su
momento en el consistorio leonés). El
concejal David González Moratinos
alegaba que en tal caso debería de
gravarse también el timbre del Teatro y
la sirena de la Azucarera.
Finalizaba la elaboración del
presupuesto municipal para 1933 con la
asignación de Ingresos en superávit
sobre los Gastos, y se debate entonces
si aplicarlo a rebajar las tasas de las
carnes o al aumento de sueldo que los
empleados municipales habían solicitado,
sobre lo que hay empate y resuelve, en
contra de la subida de salarios, de
nuevo el voto del alcalde. Queda
aprobado el presupuesto de Ingresos en
234.166,06 pesetas, con superávit sobre
el de Gastos en 5.377,26 pesetas, que
asciende a su vez a 228.788,80 pesetas.
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La
enseñanza en La Bañeza al final de
los años 20.-
En la capital del partido judicial
bañezano (según la Guía de
Mourille López de 1928) hay un
edificio con dos Escuelas Graduadas
de bastante capacidad pero
insuficientes para atender las
necesidades de la población, cuyo
censo escolar excede de 600 niños de
ambos sexos; hay otras dos
bibliotecas (la de la municipalidad
y la del Casino de La Unión), además
de la de dichas escuelas, cuando en
1914 no había ninguna.
Más pormenores en cuanto a la
enseñanza en La Bañeza en 1927 nos
aporta el Almanaque Catequístico
para 1928, publicado por Ángel
Riesco Carbajo, presbítero y
coadjutor, desde la perspectiva de
los centros educativos en los que
imparten catequesis los sacerdotes
bañezanos: En las Escuelas de la
Villa ocupa la planta alta la
graduada de niñas, con tres
secciones, y con igual número la
baja la graduada de niños, siendo
Cecilio Sixto Toral Manjón el
maestro del 2º Grado. Al Colegio de
las monjas asisten a la Escuela
Dominical “jóvenes de la ciudad y
pueblos limítrofes que no pueden
aprender de otra manera por tener
que dedicarse al servicio domestico
o a las labores del campo”, y en el
mismo se imparte también clases a
“alumnas gratuitas”, párvulos, y
“del Sagrado Corazón”. El Colegio
del Niño Jesús, sito en la calle de
la Verdura y regentado por don
Servando Juárez Prieto (licenciado
en Filosofía y Letras y Maestro
Nacional que publicó varias obras
didácticas –Ortografía Práctica,
y Nociones de Matemáticas,
entre otras- además de la literaria
Canción del Inclusero), reúne
a más de 80 alumnos, algunos de los
pueblos limítrofes, internos los de
los más alejados, funcionando desde
1909, cuando después de creado al
inicio del siglo en San Adrián del
Valle su fundador lo trasladara a la
ciudad, y había mantenido en los
años en torno a 1917 alumnos
subvencionados por el Ayuntamiento.
En la
Escuela del Sagrado Corazón, que
ocupaba una casa de planta baja de
reciente construcción, inmediata a
la Capilla de las Angustias y camino
del Jardín, dirigida por don Justo
García, cursan enseñanza elemental
multitud de niños y algunas niñas,
sumando más de 100. La Escuela de
San José, a cuyo frente está Josefa
Santiago, enseña a numerosas niñas
de todas las edades y a algunos
párvulos. Doña Catalina Acebes se
ocupa en la Escuela de Santa
Teresita, en la travesía del Barrio
de Bueyes, de los benjamines de
ambos sexos.
A propósito de la enseñanza de
parvulitos (la que después se llamó
preescolar o infantil), Everilda
Cabo Valenciano pasa por ser quien
estableció la primera guardería en
La Bañeza, y hubieron de pasar aún
muchos años hasta que la cubrieran
los organismos estatales. Hasta
entonces, todavía en el final de los
años cincuenta algunos asistimos a
escuelas privadas como la de don
Gabriel Fernández de Mata (un
bañezano cultivado, uno de los hijos
de quien fue abogado y juez,
diputado provincial y presidente de
la Diputación, industrial residente
en 1935 en la calle Manuel Diz, 9
con su esposa, dos hijos y criada y
entonces con una economía naufragada
que apenas reflotaba haciéndose
enseñante), en el bajo de una
céntrica casa en Jiménez de Jamuz
(trasunto en la época y aquí de
aquellas viejas escuelas de
ferrado) en la que nos
iniciábamos en “los cristos” y en
“el silabario” antes de comenzar, a
los seis años, en la Escuela
Nacional (la de “los pequeños”) de
don Jacinto Cuevas, a la que
llegábamos ya así un tanto
“desasnados”.
Según la estadística escolar del
curso 1929-1930 que remite el
director de la Escuela Graduada de
niños de La Bañeza, Ricardo Álvarez
Acedo (seguía ejerciendo de maestro
a mitad de febrero de 1931), cuya
entrega a la alcaldía dispone el 6
de septiembre del último año el
gobernador civil Emilio Díaz-Moreu
Irisarry, en su sección de Primer
Grado hubo 50 alumnos matriculados,
y asistieron 40, además de una
matrícula de 30 adultos, de los que
asistieron 20; en la de Segundo
Grado, a cargo de Antonio Juárez
Crespo, 43 matriculados y 36
asistentes, además de 16 adultos
asistentes de los 30 matriculados;
en la de Tercer Grado, cuyo
responsable es ahora el maestro
Cecilio Sixto Toral Manjón que lo
era años antes del Segundo, se
matricularon 35 niños y asistieron
30, y 17 adultos de los 18
matriculados. En la Escuela Graduada
de Niñas, que dirige Margarita
Marcos Emperador, en el Grado
Primero, a su cargo, asistieron 60
alumnas, de 70 matriculadas;
en Segundo Grado, a cargo de
Francisca Pascua Riesco, hubo 40
matriculadas y 33 asistentes,
y en el Tercer Grado,
responsabilidad de Dionisia Arconada,
asistieron 22 niñas, de 30
matriculadas. 800 niños componían el
censo escolar en la ciudad.
<<<<<< Colegio bañezano de don
Toribio Moro, en años anteriores (de
La Bañeza. De villa a ciudad.
1895-1995).
A la Escuela Nacional de Primera
Enseñanza de Sacaojos, regida por
Horacio Martínez Blanco, asistieron
11 niños y 18 niñas, de 19 y 39
matriculados, además de 10 de los 16
adultos inscritos; su censo escolar
era de 30 niños. En la Escuela
Nacional de San Mamés de la Vega
(cuyo censo escolar era de 29
niños), a cargo de Daniel Huerga
Diéguez (seguiría rigiéndola a la
mitad de agosto de 1935, cuando la
intervención de Hacienda pide
contestación a Oficio sobre él como
maestro de la pedanía, y lo estaría
hasta la mitad de octubre de aquel
año, en que sería jubilado por
haberse quedado ciego total), habían
asistido 16 niños y 19 niñas, de 13
y 29 matrículas, además de 4 de los
10 adultos matriculados. Llaman la
atención los censos escolares de las
dos pedanías bañezanas, en los que
parece no haberse incluido a las
niñas, y que en San Mamés asistieran
a la escuela más niños que los
matriculados.
De las escuelas privadas, en el
Colegio de las Hermanas Carmelitas,
autorizado desde octubre de 1907,
con 20 secciones y 12 profesores,
hubo 60 niños y 200 niñas
matriculados, con una asistencia
media de 178 alumnos. En la escuela
regentada por Claudio Joaquín Fraile
Tascón, carente de autorización
oficial, con 4 secciones mixtas y un
solo maestro, se matricularon 18
niños y 12 niñas, asistiendo una
media de 25 alumnos, además de 8
adultos, todos los matriculados. En
el Colegio de Servando Juárez
Prieto, autorizado desde marzo de
1907, con 6 secciones mixtas y un
solo docente, se habían matriculado
45 niños y 25 niñas, asistiendo a
las clases 30 de ellos, además de 35
adultos, de los que asistieron 7.
Por último, en la escuela de Luisa
Palau Fernández hubo matriculados 10
niños y 13 niñas, habiendo asistido
al aula 18 de ellos. Hay en otros
documentos referencias a las
escuelas privadas de Ricardo del
Río, con matrícula de 26 niños y 6
niñas, y asistencia de 22, y de
Margarita Marcos, con 111
matriculados y 89 asistentes, además
de la de Justo García y la de
Catalina Acebes, de las que no se
consignan datos.
En julio de 1930 la Corporación
bañezana planeaba resolver la
escasez de maestros existente en
proporción a la población escolar de
la ciudad y gestionaba conseguir por
mediación del exdiputado Antonio
Pérez Crespo el Grupo Escolar
necesario para las exigencias de la
educación en la ciudad, y a
principios de 1931 proyectaba
reformar el Edificio-Escuela para
dedicarlo todo a enseñanza,
perfeccionándolo pedagógicamente y
estableciendo una escuela de niños y
otra de párvulos, de Patronato
municipal. Desde La Opinión,
en casi todos los editoriales y en
numerosas colaboraciones, se sigue
reclamando aquel segundo Grupo
Escolar para La Bañeza, ahora con el
argumento de acrecer las necesidades
escolares con la pronta finalización
de la Azucarera en construcción y el
añadido de población que el inicio
de su actividad acarreará. Cifra el
semanario entonces las necesidades
en dos nuevos Grupos Escolares, uno
de niños y otro de niñas, con seis
grados cada uno, y ampliar los dos
existentes al menos en otros tres
grados cada cual, o cuando menos en
uno destinado a párvulos. Aquellos
dos Grupos Escolares seguirían
siendo reclamados por las
corporaciones municipales
republicanas, y aún por la última,
que había puesto en su consecución
un especial empeño. Hasta bastantes
años más tarde no se harían realidad
en La Bañeza.
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Abusos y apropiaciones del
Común.-
Muchas eran las componendas que
en provecho propio urdían en las
décadas a caballo de los siglos
XIX y XX los beneficiarios del
sistema caciquil de la
Restauración y quienes lo
sustentaban y propiciaban en los
pueblos, a costa a veces de
esquilmar los intereses y las
propiedades comunales, como a lo
que parece habría sucedido en
aquellos antaños en el nuestro
(Jiménez de Jamuz) cuando regía
el municipio el alcalde Ceferino
Cabañas Domínguez, que ya lo era
en 1908, secundado por el
secretario del Ayuntamiento,
Francisco Vivas. Cuando pasados
unos años, en 1914, sea alcalde
Tomás Cabañas Carnicero, maestro
nacional, le impondrá multas al
anterior por sus irregularidades
en el Consistorio y por no haber
facilitado correctamente las
cuentas municipales, enviando al
alguacil a cobrar a Ceferino las
sanciones, de una peseta cada
vez, hasta que las corrigiera y
presentara, y resultando que
éste se negaba a su abono, se
las aumentaba el regidor en otra
peseta más en cada ocasión que
no pagaba. A la tercera multa se
avino a pagar el sancionado, no
sin que antes tratara de excusar
ante el nuevo mandatario
municipal (más estricto y recto
en el cumplimiento de la
legalidad) su antiguo proceder
(y el de aquel secretario),
mandándole a decir, por el mismo
alguacil y a propósito de las
apropiaciones de terrenos
comunales de la pedanía de unos
años antes, pretendiendo
justificarlas, que del cielo
cayó una zorra / atada con un
cordel, / con un cartel que
decía: / ”el que lo coja es para
él”…
Con el tiempo, en 1936 formarían
parte de la Junta administrativa
del pueblo de Jiménez, además
del “ti Pedrón” (Pedro Gordón
Álvarez; ya la había presidido
en los años de la dictadura
primoriverista), Francisco
Martínez Vivas, Simón Bolaños
González, Rafael Mateos Cela
(posiblemente), y Domitilo
González Lobato (mi abuelo
materno), devenido en 1917 yerno
de Ceferino por su matrimonio
con Domitila Cabañas Alonso,
hija de aquel, y todos ellos
(algunos eran a la vez
concejales en la Gestora
municipal frentepopulista),
allí como en otros muchos
lugares, tratarían en la
primavera y el inicio del verano
de aquel aciago año de recuperar
para el común los predios
indebidamente despojados a lo
largo de los pasados años, en el
caso de Domitilo actuando en
beneficio de los intereses
comunales a pesar del menoscabo
y merma de los particulares de
la familia de la que había
llegado a formar parte que ello
representaba. Aquel empeño
supondría para él y para los
demás (Francisco, Simón, y
Rafael) una buena parte de los
motivos que los llevarían a ser
asesinados y desaparecidos en el
otoño, cuando al ser apresados
con otros vecinos en la noche
del 19 de septiembre recordarán
e instarán burlonamente a
algunos de ellos los verdugos a
“reclamar ahora las parcelas
comunales”.
Domitilo González Lobato
>>>>>
Había una larga tradición de que
los alcaldes se apropiaran de
bienes del común de los
vecinos, sobre todo en los
lugares en los que estos cargos
y los de concejal no eran
remunerados (todos, aunque en
villas y ciudades como Astorga o
La Bañeza copaban entonces tales
puestos los integrantes de la
hidalguía rentista y la
burguesía comercial, quienes no
tenían necesidad de compensarse
de tal modo por su dedicación a
los asuntos públicos), y también
de abusos, desidia y dejadez en
las actuaciones sobre los bienes
comunales y los
propios, y de roturaciones,
rompimientos y usurpaciones por
parte de regidores y vecinos, y
así, aún en 1932 y en el espacio
de unos meses, desde final de
abril al de julio, por el
Ayuntamiento bañezano se ha de
requerir a catorce residentes
para que abandonen la roturación
que han emprendido en el predio
comunal las Quintanillas; a uno
que el 3 de mayo con perjuicio
de los intereses comunales había
intrusado un reguero en
la zona del matadero; el 9 del
mismo mes a otro para que deje
de intrusar terrenos
comunales en la Vega de Arriba;
a tres más el 1 de junio que
intrusaban fincas de los
propios en la Cuesta de la
Salgada, y se intentará el 20 de
julio recuperar los terrenos
apropiados por los herederos de
Nicolás Fernández Sampedro en la
Cuesta de Santa Marina (a
finales de 1935 aún se discute
con el municipio la propiedad de
los terrenos) para, convertidos
en solares, facilitarlos a
vecinos poco pudientes como los
otros ya cedidos, además de una
nueva apropiación en los
terrenos del común de la
Vega contra la que se decide
intervenir el 21 de septiembre,
y de constatar desde el
Ayuntamiento a mediados de
noviembre la certeza de las
intrusiones en las fincas
comunales de el Polvorín que
Agapito Martínez Castillo (otro
asesinado en el otoño de 1936)
denunciaba poco antes,
usurpaciones que no dejarían de
producirse, ni de denunciarse y
de tratar de impedirlas, hasta
muy pocas fechas antes de la
sublevación militar de julio de
aquel año.
Tal había sido en todas partes
la magnitud de los expolios
realizados que en numerosos
ayuntamientos, como en junio de
1931 en el de Ponferrada (donde
a su primer alcalde republicano,
el socialista Francisco Puente
Falagán, le reprochan en abril
de 1932 y lo acusan -falsamente;
resultó después absuelto- de
malversación de fondos públicos
–inhabilitándolo para el cargo-
al pasar al Consistorio la
factura de un viaje a un
congreso municipalista), “la
acotación de los terrenos
comunales y la recuperación de
los intrusados o
irregularmente cedidos” formó
parte de los programas
electorales de la izquierda
socialista y republicana en los
comicios del periodo, y de tales
reivindicaciones se había hecho
bandera en el del Frente Popular
y por ellas se trabajaba ya en
el verano de 1936 en el
Parlamento, en las corporaciones
municipales, y en juntas
administrativas como la de la
pedanía de Jiménez de Jamuz (con
las trágicas consecuencias que
aquella pretensión después tuvo
para algunos).
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La
lucha por los Grupos Escolares
bañezano
Ya en 1928 el Ayuntamiento de
La Bañeza había
reclamado al ministerio de
Instrucción Pública la construcción
de un segundo Grupo Escolar en el
solar del antiguo Teatro Municipal
cedido para ello, y ocho años más
tarde, en el pleno del 11 de marzo
de 1936, proponía el concejal
Porfirio González Manjarín que el
Consistorio gestione conseguir la
edificación de sendos Grupos
Escolares en los barrios del
Polvorín y del Jardín, y confía el
alcalde Joaquín Lombó Pollán en que
este asunto sea llevado al Consejo
local de Primera Enseñanza por el
edil Toribio González Prieto y en
que se formulará en el mismo la
propuesta más conveniente según las
necesidades de la población escolar,
ya sea para construir Grupos o
Escuelas Unitarias.
En la sesión municipal del 15 de
abril del mismo año planteará
Joaquín González Duviz, gestor de la
recién designada Comisión Gestora
frentepopulista, que el Ayuntamiento
debe de atender al problema del paro
(agravado por las lluvias desde hace
tiempo padecidas y que no cesan)
solicitando un crédito al Instituto
Nacional de Previsión con el que
construir Grupos Escolares, y que se
estudie la posibilidad de crear un
Instituto de Segunda Enseñanza y
profesional de artes e industrias.
El asunto del Instituto, propuesto
por el gestor Isaac Nistal Blanco,
era uno de los llevados por la
comisión de corporativos que ha poco
se desplazó a Madrid, se le
responde, y en cuanto a los Grupos
Escolares, requeridos por González
Manjarín, el Ayuntamiento ya trató
sobre ello en un anterior pleno, y
ya el Consejo local de Primera
Enseñanza se informo de que la
ciudad precisa Escuelas Unitarias
más que Grupos Escolares, y sin
necesidad de crédito puede abordarse
su construcción si el Estado
contribuyera con 10.000 ó 12.000
pesetas (según fueran escuelas o
grupos), siendo el medio más rápido
de resolver esta cuestión. Insistirá
González Duviz en la sesión
celebrada cinco días más tarde en
que también debe pretenderse la
construcción de Grupos Escolares,
ofreciendo que el Consejo local de
Primera Enseñanza, en el que es
vocal, estudie el asunto para
después lograr del INP el crédito
preciso, reiterando el alcalde sus
manifestaciones de la anterior
reunión, y que siguiendo el
procedimiento legal se podrían
construir las escuelas necesarias
sin crédito alguno, sino solamente
que el contratista cobre cuando el
Estado entregase las subvenciones
que concede para estos edificios.
Manifiesta Joaquín González Duviz en
el pleno del 29 de abril que el
Consejo escolar en su reunión de la
semana pasada vio la necesidad de
que se construyan en La Bañeza dos
Grupos Escolares, en los barrios del
Polvorín y del Jardín (en el solar
que el Ayuntamiento discute con
Gaspar Julio Pérez Alonso), aunque
estimaba que también podría ser una
solución la construcción de Escuelas
Unitarias, y le ruega González
Manjarín que ante el Consejo
sostenga el criterio de la
Corporación (de que debe atenderse a
la comodidad del vecindario y no a
la de los maestros), “que es
sostener el criterio socialista”, y
añade Isaac Nistal que debiera
procurarse construir casas para los
maestros en los mismos
edificios-escuelas, teniendo en
cuenta que para ello también concede
subvenciones el Estado, acordándose
invitar al Inspector para que venga
y conozca los emplazamientos que el
Consistorio ofrece.
Se aprobaba el 20 de mayo abonar a
Patricio Fraile Ruiz una cuenta por
dos viajes a León en relación con la
visita de la Inspectora de Primera
Enseñanza de la zona (desconocemos
si lo seguía siendo la señorita
Francisca Bohigas, en el octavo mes
de su embarazo entonces), que hizo
acompañada por el arquitecto
provincial, Juan Torbado Franco, por
el asunto de la construcción de las
escuelas. A uno y otra les gustaron
mucho los solares ofrecidos por el
Ayuntamiento, y se propone en la
sesión de aquella fecha que cuanto
antes se proceda al levantamiento de
los planos y la confección de sus
proyectos en colaboración de los dos
arquitectos, el municipal y el
provincial. Las subvenciones que
concede el Estado para escuelas
suponen una importante suma, según
expone el gestor González Duviz que
le manifestó en León el Inspector
jefe de Enseñanza, 12.000 pesetas
para cada sección de Escuelas
Graduadas, y otras tantas para
duchas y baños una cantidad, y para
bibliotecas la otra, habiéndole
añadido “estar dispuesto a gestionar
que se concedan aquí las máximas
posibles”. Se acuerda aprobar lo
realizado por la comisión municipal
que se desplazó a la capital por
considerarlo un gran beneficio para
el pueblo, y “que no se abandone
asunto tan urgente, más ahora que se
avecina la sustitución de la
enseñanza religiosa”.
Acuerda el pleno bañezano del 3 de
junio de 1936 que los arquitectos
Miguel Baz García (que lo es
municipal), Juan Torbado Franco, y
Ramón Cañas del Río (sería
presidente de la Diputación
Provincial de abril de 1949 al mismo
mes de 1952) se encarguen de
confeccionar el proyecto necesario
para construir dos Grupos Escolares
de siete secciones cada uno en esta
ciudad en los emplazamientos que en
definitiva se señalen de acuerdo con
la Inspección de Primera Enseñanza,
con subvenciones del Estado, y que
ellos dirijan las obras de dichos
Grupos. Se piensa en situarlos en el
Jardín y el Polvorín, y se espera de
la colaboración de los tres
arquitectos que cuanto antes se
elaboren y se aprueben los
proyectos. La última referencia que
en la documentación municipal
hallamos a este asunto antes de la
sublevación militar del 18 de julio
trata de la consulta que una semana
más tarde se hace a la Dirección
General de Primera Enseñanza
interesando saber “si para solicitar
subvención del Estado para la
construcción de Grupos Escolares
basta con un solo proyecto del
arquitecto”.
En 1936 había 908 escuelas en la
diócesis de León, con matrícula de
44.240 alumnos, más 18 escuelas de
religiosos con 4.683 alumnos. En
febrero de 1939 seguirán funcionando
en La Bañeza dos Escuelas Unitarias
(de niños y de niñas), y cinco
grados o secciones (como ya los
había habido, al menos, en los
cursos de 1932, 1934 y 1936) en
cada una de las dos Escuelas
Graduadas, de niños y de niñas,
servidas por maestros y maestras,
del único Grupo Escolar que
continuaba existiendo. En las
pedanías de San Mamés y de Sacaojos
seguía habiendo sendas escuelas
mixtas, servidas entonces por
maestra y por maestro (según el
informe que entonces enviaba la
alcaldía al Gobierno Civil de la
provincia).
En
junio de 1947, cuando se inauguraba
el Centro Secundario de Sanidad,
próximos a terminar el
abastecimiento de agua potable y el
alcantarillado (se haría al cabo de
año y medio), e iniciada la
construcción del Seminario Menor
Diocesano, seguían siendo en La
Bañeza aspiraciones contar con una
digna Casa de Juzgados (de la que
había ya proyecto), un plan de
pavimentación de calles y la
confección de un plano de
urbanización, una plaza de abastos,
un centro de alimentación infantil
de Auxilio Social, un centro de
Enseñanza Media “para nuestra
juventud artesana y agrícola”, casas
para maestros, y “un edificio de
escuelas y viviendas de maestros en
el más caracterizado y populoso
barrio obrero”.
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La
Plaza Mayor, la fuente, y los pozos
abisinios.-
Domingo González
Martínez, vecino de Bilbao, solicita
a primeros de enero de 1935 se le
permita instalar en la ciudad un
puesto de recreo denominado “tiro al
blanco”, de ser posible en la Plaza
Mayor, y se le indica que señale
fecha en que lo ha de tener
instalado, aunque se resolvía el día
27 “no autorizar en el futuro
barracas en las que se rife o juegue
dinero u objetos, poniendo para ello
cuantos obstáculos sean posibles”.
Acabando febrero, por las gestiones
de los diputados leoneses Antonio
Peréz Crespo, Antonio Álvarez
Robles, Manuel Sáenz de Miera, y
Pedro Martínez Juárez, se concedía
por la Dirección General de caminos
un crédito de 50.000 pesetas (y otro
posterior de 35.000, según noticias
oficiosas) para el arreglo de las
travesías que discurren por la
ciudad de La Bañeza atravesando la
Plaza Mayor, y se acuerda al
principio de marzo solicitar de la
leonesa Jefatura de Obras Públicas
que cuanto antes se realice su
reparación en virtud del lamentable
estado de las mismas y del notable
paro existente a causa de la
terminación de la campaña azucarera.
Por las mismas razones se urge el
inicio cuanto antes de las obras de
las calles Marqués de Cubas y otras.
A
final de mes el ingeniero de caminos
de la sección o zona bañezana
formulaba las modificaciones que
debe sufrir el pavimento de la Plaza
Mayor y la glorieta de la misma con
el arreglo que se va a efectuar,
concediéndole la Corporación un
amplio voto de confianza para que
haga lo que estime conveniente en
cuanto a la estética y la facilidad
del tránsito, considerando que el
refugio que sustituya a la glorieta
quede lo más amplio posible, aunque
a mediados de abril, visto el mal
efecto producido al vecindario saber
de la desaparición de aquella
glorieta, se acordará ver si es
posible respetarla en las obras de
reparación (no debió de serlo, pues
a final de mayo se accederá a la
petición de varios vecinos de la
Plaza Obispo Alcolea de “instalar en
ella la glorieta retirada de la
Plaza Mayor, siempre que los
solicitantes se hagan cargo de la
mitad de los gastos de su
instalación”).
Ya se había encargado al arquitecto
municipal al comenzar el mes de
marzo un proyecto para establecer
mediante un motor (del que el
Ayuntamiento ya dispone almacenado
en el matadero) una fuente en el
pozo de la Plaza, aunque se acordará
el 11 de septiembre “que, previa
tasación que realicen los
electricistas Elías Falagán y
Veremundo Ossorio Fernández, se
venda aquel motor como objeto
inútil”. Vecinos de los barrios de
San Eusebio y San Julián solicitaban
una semana más tarde un terreno
comunal para la construcción de un
nuevo pozo, acordándose el 30 de
octubre que los dos se construyan
por cuenta del Consistorio, y
colocarán aquellos por la suya las
correspondientes bombas.
Sábado de mercado en la Plaza Mayor
de La Bañeza >>>>>
La subvención de 25.000 pesetas para
alumbramiento de aguas concedidas
por la Junta Nacional que trata de
remediar el paro obrero ha de
emplearse antes de acabar el año,
por lo que se propone a primeros de
noviembre de 1935 por el concejal y
médico Martiniano Pérez Arias algo
que no llegaría a realizarse con
aquellos fondos, por aplicarla en su
totalidad al primer fin: destinarla
también a la construcción de varios
pozos abisinios (o pozos
clavados para el bombeo de agua)
en las calles de la población para
regarlas desde ellos con una
motobomba transportable (lo que se
realizará más adelante), y de varios
urinarios con pozos sépticos.
Se acordaba en la sesión del 12 de
junio de 1935 por mayoría de los
asistentes (con el voto en contra
del concejal José Perandones Cabo)
subvencionar las fiestas del Corpus
de aquel año con la suma de cien
pesetas, “al objeto de dar esplendor
a la indicada fiesta popular, que
atrae forasteros y es tradicional en
la ciudad”. El edil Tomás Pérez
Benito manifestará en la siguiente
reunión su voto contrario y “la
oposición a aquel acuerdo si dicha
suma ha de dedicarse a sufragar las
procesiones religiosas” (pudiera
haber tenido esta obstrucción,
además de sus trabas a facilitar la
construcción del cuartel para la
Guardia Civil, algo que ver con los
motivos de su encarcelamiento en el
otoño de 1936).
En el pleno de la semana posterior
se dijo haberse presentado
presupuestos para una motobomba
transportable de riego e incendios
(en base a lo que ya propusiera
Pérez Arias el pasado 7 de
noviembre), uno por el técnico
mecánico-electricista Elías Falagán
Martínez (representante de la
coyantina firma Alcón que sumaba a
sus otras ocupaciones la de ejercer,
al menos desde enero de 1935, en La
Bañeza de agente de la Sociedad
Española de Edificación y Préstamos)
y otro por Severino Hernández
Canelas (industrial y gestor
municipal), aunque se presentará
solo el del primero (al segundo, que
no lo llegó a ofrecer, ni tampoco
condiciones, solo se le encargó
facilitar noticias de motores y
bombas con sus características), y
dada la urgencia requerida se le
aceptó con las cláusulas que en él
se fijaban, exponiendo el edil su
voto en contra en el pleno que
siguió, “por considerar la motobomba
aceptada insuficiente para los usos
a que va a ser destinada, y estimar
exagerado el precio de su coste”.
Como el tiempo transcurre y no se
entrega el grupo en el plazo
convenido, se acordará el 31 de
julio probar el primero que se
ofrezca, lo que se hace al inicio de
octubre, de manera que, hecho el
pozo abisinio en la Plaza Mayor y
resultando la motobomba apropiada
para el riego, se decide el 16 de
aquel mes “la conveniencia de
resolver la construcción de los
pozos necesarios para el riego de
las principales calles de la
ciudad”, diez, que se acuerda
realizar por concurso en diversos
emplazamientos de las vías públicas.
<<<< Último número de 1935 de la
revista ilustrada Crónica
José Mateos Casado hará oferta el 16
de octubre para la construcción de
aquellos pozos (será él quien los
realice, y también Félix
Fontanilla), aunque cuando se
subaste se dirá ser gravosa para el
Ayuntamiento la única proposición
hecha, y teniendo en cuenta que el
coste de cada uno de ellos será de
95 pesetas, se dispone el día 30
realizarlos por administración, y el
20 de noviembre se decide
construirlos en la puerta de la Casa
Consistorial, en la entrada de la
calle Juan de Mansilla, otro más en
la misma vía, dos en la calle Pérez
Crespo, en la esquina del edificio
de La Piedad, otro a continuación en
la calle Marqués de Cubas, en la
avenida Pablo Iglesias, y en la
calle Astorga, en todas ellas donde
los soliciten los vecinos y siempre
que estos contribuyan con la mitad
de su coste, decidiendo también las
características de los pozos
abisinios (de seis metros de
profundidad y realizados con tubería
de hierro negro) y adquirir la
motobomba a satisfacer en el
presupuesto venidero (así se haría,
abonando el 12 de febrero de 1936
por la misma 1.180 pesetas a Elías
Falagán), contratando mediante
concurso las acometidas necesarias y
el fluido del motor. El 9 de enero
de 1936 se requería al constructor
José Mateos a que termine los pozos
aun pendientes de realizar (y a la
casa Pallarés para que envíe las
planchas metálicas y cierres para
ellos), y aún el 27 de julio lo
urgirá la Corporación impuesta por
los alzados días antes a que en el
plazo de 72 horas haga al
Ayuntamiento entrega de los mismos.
Algunos vecinos de la Plaza de
Romero Robledo (Rogelio Vivas Pastor
forma parte de la comisión)
pretenderán destinar al
abastecimiento de aguas el que allí
se construya, colocando ellos la
bomba extractora pero sin hacerse
cargo de la mitad del importe del
pozo, y decide la Corporación el 13
de noviembre permitirlo así si se
atienen a las condiciones acordadas
y expuestas en el correspondiente
bando informativo, además de correr
también con las reparaciones de la
bomba, requisitos que regirán para
casos análogos de otros vecinos,
como se indica a los de la calle
Pablo Iglesias cuando a primeros de
diciembre pretendan también realizar
un pozo abisinio para abastecerse de
agua. Se acuerda unos días antes
cubrir provisionalmente con tapas de
fundición los huecos de las calles
donde se han construido aquellos
pozos.
A pregunta del gestor municipal
frentepopulista Joaquín González
Duviz dice en la sesión de primeros
de julio de 1936 el alcalde que “de
los pozos abisinios realizados
funciona uno, seis tienen agua
limpia, y dos no han dado resultado;
que a la moto-bomba le sobra
potencia, y que para el riego de las
calles debe de anunciarse concurso”,
añadiendo que ha de comprobarse el
resultado de los pozos y recoger el
material si no fuera favorable y ver
de quien haya sido la culpa. Muchos
pozos abisinios particulares
resultan adecuados, y sorprende que
estos municipales no lo sean, dice
Eugenio Sierra Fernández, y propone
Fernando Alba Flórez (como los dos
anteriores, otro de los
concejales-gestores socialistas de
la Corporación designada por el
Frente Popular) que deben de
informarse del contrato de su
ejecución para ver si está cumplido
o no.
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La
sustitución de la enseñanza
religiosa.-
Al poco
del triunfo electoral del Frente
Popular, el 29 de febrero de 1936 el
ministro de Instrucción Pública
enviaba una circular a los
inspectores de Enseñanza Primaria
para que informen en el plazo de 8
días de los extremos relacionados
con la sustitución de la enseñanza
religiosa (aparcada tras la victoria
de las derechas en noviembre de
1933), entre ellos “las localidades
en que por falta de recursos pueda
ser peligrosa de momento tal
sustitución, y medios con los que se
podría contar para llegar a ella
rápidamente”. Al principio de abril
trabaja el ministerio sobre la
construcción de nuevas escuelas a la
vez que para sustituir aquella
enseñanza, y comenzado mayo
establece la Gaceta que los
inspectores de las zonas donde haya
de realizarse la sustitución hagan
una visita extraordinaria,
estudiando con los ayuntamientos sus
posibilidades, gestionando que estos
realicen aportaciones económicas
para ella, y de los propietarios de
los edificios que la imparten que
los cedan especificando las
condiciones de la cesión, “una
disposición que en nada va a
beneficiar a la enseñanza privada,
que será costosa para el Estado y
los ayuntamientos, y que privará a
los niños de la enseñanza que ahora
disfrutan”, dice en El Diario de
León el redactor de la noticia.
El Ayuntamiento de León es a la
mitad de aquel mes propicio a la
sustitución de la enseñanza
religiosa en la capital, aunque dada
su situación económica no puede
contribuir hoy a ella si precisa
realizar gastos, por tener agotadas
para este año todas las
posibilidades económicas, y así se
lo indica el alcalde al Inspector
jefe de Primera Enseñanza cuando
este lo visita, unos días antes de
que el ministro de Instrucción
Pública declare que aquella ha
comenzado a ponerse en práctica, y
de que la Asociación Católica de
Padres de Familia de Orense recoja
allí firmas contra el cierre de los
colegios católicos, o un concejal
socialista se oponga en Pontevedra a
la clausura del colegio de monjas
del Sagrado Corazón, pues no sólo
enseñan (dice), sino que visten y
dan de comer a muchos niños, y si se
cierra habrá que crear cantinas
escolares, lo que supondría un gasto
para el Consistorio.
Listado de alumnos de uno de los
colegios religiosos bañezanos para
la Junta Local de Sustitución de la
Enseñanza Religiosa en 1933
>>>>>
El Consistorio bañezano solicita el
25 de mayo a los maestros encargados
(Iraides Alonso Álvarez, Francisca
Pascua Riesco, Marcelo Toral Castro,
y Cecilio Sixto Toral Manjón) el
número de niños que asisten a las
escuelas nacionales, y a la
Corporación insta al día siguiente
la Inspección provincial de Primera
Enseñanza le remita a la mayor
brevedad los acuerdos tomados sobre
enseñanza religiosa, visitando al
otro al alcalde y en relación con
tal asunto la Inspectora de la zona,
interesándose en que conteste el
regidor si en todo o en parte se
podrían facilitar cuatro locales
para las cuatro escuelas más que se
considera necesario crear, y el
material para las mismas, y
proporcionar casa para sus maestros
o la indemnización procedente,
acordando después consultar con los
de la localidad y con el Consejo
local de Primera Enseñanza y tomar
un plazo de 8 días para resolver,
según propone en el correspondiente
pleno municipal el gestor socialista
Joaquín González Duviz, ante la
imposibilidad, a su juicio, de
contar con las casas y los locales
referidos, lo que se comunica a la
Inspectora.
En Astorga la Asociación de Padres
de Familia está a la mitad de mayo
consternada con el cierre del
Colegio La Salle, cuya incautación,
y la de la escuela de monjas de San
Andrés, se propone en el pleno
municipal del día 25 (dice El
Combate), y su alcaldía comunica
el 2 de junio que no podrá pagar la
casa-habitación a los maestros que
sustituyan a las religiosas en las
escuelas del Hospicio de la ciudad
recién nacionalizadas. En la
siguiente fecha se clausuran ya
cuatro colegios de religiosos en
Orense, y en La Bañeza se acuerda
contestar a la Inspectora de Primera
Enseñanza de la zona, en relación
con la sustitución de la enseñanza
religiosa, que “en las actuales
escuelas nacionales existe cabida
para 70 alumnos más, y estando en
vías de construir nuevos Grupos
Escolares, por ahora para el resto
de la matrícula este Ayuntamiento no
puede hacer nada, debiendo tenerse
en cuenta que en el censo del actual
colegio de religiosas existe mucho
párvulo y muchos alumnos ya fuera de
la edad escolar”. Solo se precisa en
las actuales escuelas el material
necesario para los 70 nuevos
alumnos, que serán de distintos
grados, y ha de saberse a cuál de
ellos pertenecen, había expuesto
González Duviz, y proponía como
nuevo local escolar el destinado a
la Academia de Música.
Hasta el nuevo presupuesto se
entendía que este problema (la
sustitución de la enseñanza
religiosa) habrá de tener difícil
solución. Se propone por Joaquín
Perandones Franco –gestor municipal
por el partido Unión Republicana-
reclamar a las monjas relación de
los niños y sus edades y grados, y
por el también concejal Eugenio
Sierra Fernández –socialista- que
vea González Duviz si pudieran
incautarse los locales de que
disponen las religiosas,
respondiendo el alcalde que la
Inspectora ya las invitó a que los
cedieran en propiedad o arriendo y
aquellas no accedieron. La mayoría
de los 170 alumnos que cursan con
las monjas son párvulos, señala
Isaac Nistal Blanco –otro de los
concejales socialistas, él durante
todo el periodo republicano-, lo que
también indica Perandones, que añade
que pudieran haber dado las monjas
mayor número de alumnos de los que
en realidad tienen, “porque hay
quien se opone a que la República
realice su obra”, y plantea que se
reclame del colegio la relación de
escolares con detalle de sus padres,
terciando González Duviz, que dice
que si se obligara a todos los
alumnos a que dejen el colegio de
las monjas el Ayuntamiento carecería
de locales y maestros.
A la postre, por estos motivos, y
porque se produjo la sublevación
militar del 18 de julio mientras en
medio de tales disquisiciones se
trataba de hallar alternativas que
solucionaran la situación escolar en
la ciudad, no se llegaría a
sustituir en La Bañeza la enseñanza
religiosa.
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Las
elecciones del 19 de noviembre de
1933 en La Bañeza.-
La situación de las fuerzas
políticas había dado en España un
vuelco desde las elecciones
constituyentes de junio de 1931, en
parte por la insatisfactoria gestión
de los gobiernos de Azaña.
Se publicaba el 23 de octubre de
1933 en El Diario de León la
candidatura derechista por la
provincia para aquellas elecciones
generales que se regirán por la
nueva Ley electoral del 27 de julio
de aquel año y en las que se dará la
novedad trascendental de que por vez
primera participan en comicios de
este tipo las mujeres (antes que en
Francia, Bélgica o Italia).
En La Bañeza, según El Adelanto,
la Juventud de Acción Popular se
proponía a finales de aquel mes de
octubre iniciar la campaña electoral
dando mítines y conferencias en los
pueblos principales del partido, y
“como estas propagandas cuestan sus
buenos puñados de pesetas, se
encarece a los elementos de derechas
a que coadyuven en esta hermosa
labor”. Se anima al triunfo, y a
votar contra las izquierdas para
evitar “la vuelta a los días de
prisión de sacerdotes y de personas
de significación católica” (alusión
aquella sin duda local y muy
directa, pues no estaban muy lejanas
las respectivas detenciones de los
dos principales soportes del
semanario, Ángel Riesco Carbajo y
José Marcos de Segovia) y por la
candidatura agraria, cuya lista y
programa presenta en las portadas,
señalando a quienes se ha de votar
(agrarios y personas de orden) y a
quienes no: “ningún católico puede
votar en conciencia a radicales”.
Aunque muchos de ellos fueran
conservadores ideológica y
socialmente, como lo era su líder
bañezano. el militar y diputado
Herminio Fernández de la Poza.
El 3 de noviembre, abierto el
periodo electoral (el ministro de
Agricultura había ordenado que no
suba el precio del pan durante aquel
mes de elecciones), seguidores
socialistas daban mítines en Alija
de los Melones y en San Adrián del
Valle, y el 5 los candidatos
derechistas Francisco Roa de la
Vega, Antonio Álvarez Robles, Pedro
Martínez Juárez y Francisca Bohigas
Gavilanes celebraron actos de Acción
Agraria en Villadangos del Páramo,
Santa Marina del Rey, Benavides de
Órbigo (donde hubo ligeros
incidentes), Sueros de Cepeda,
Destriana y Castrillo de la
Valduerna, con gran entusiasmo en
todos ellos (según El Diario de
León). El exalcalde de la
capital, Francisco Roa de la Vega, y
la señorita Bohigas participarían
por la tarde del mismo domingo día 5
en un mitin en Destriana. Ya se
habían celebrado otros el domingo 29
de octubre en Astorga, Fresno de la
Vega, Torneros, Valencia de Don
Juan, Grajal de Campos, Hospital de
Órbigo, algunas otras poblaciones de
la contorna comarcana, y también en
La Bañeza, socialista en este caso
(por los que El Adelanto
calificaría de “volatineros”), en el
Teatro Seoanez, y al que se
convocaba el día antes “a los
labradores, pequeños propietarios y
trabajadores, los que visten traje
de pana y hacen producir la tierra”,
a los que se invita a “no secundar a
los facinerosos que con el título de
agrarios pretenden sumirlos de nuevo
en el abandono mientras los
mequetrefes y señoritos de cabaret,
que ni son agrarios ni conocen el
campo, viven de las rentas que
después de la recolección aquéllos
llevan a sus casas”, y se les llama
a votar a los socialistas, “los
únicos que cederán la tierra al que
la trabaje”, y “por el mejoramiento
de los labradores y por una España
más equitativa”.
Se publicaba en El Adelanto
el día 4 la composición de las mesas
electorales en los dos distritos de
La Bañeza y sus respectivas
secciones, de las que formaban
parte, entre otros, el sacerdote
José Víctor Rodríguez Blanco, Gaspar
y Víctor Marqués Pérez, Sofía Alija
Fernández, Ricardo Álvarez Acedo,
Balbino Nistal Fernández, Hipólita
Carbajal Sánchez, Melchor Lombó
Pollán, Julia Cabañas Martínez,
Arturo Cabo Moro, y Elisa Carnicero
Fernández.
Componían el censo electoral
en la ciudad 2.348 electores, 1.220
hombres y 1.128 mujeres, mayores
todos de 23 años.
<<<<< Elecciones del 19 de
noviembre de 1933.
El 6 de noviembre un empleado
mercantil bañezano llamaba en una
octavilla a toda la dependencia del
comercio a votar por el Partido
Socialista y por las listas obreras
presentadas por la UGT. Cinco días
más tarde se insta desde la edición
del bañezano semanario El
Adelanto a sacudir el yugo
intolerable de la tiranía
izquierdista y el látigo de la
ignominiosa dictadura socialista
sufrida durante dos años y medio, y
al resurgimiento patrio votando
integra la candidatura agraria de
derechas, a lo que exhorta también a
los obreros. El concejal socialista
leonés Miguel Carro Llamazares
acompañaría a Alfredo Nistal y a
Jesús Zorrilla en el mitin que el
Partido Socialista daba el siguiente
día 12, domingo, en La Bañeza en el
Teatro Seoanez. En Audanzas del
Valle tenía lugar en la misma fecha
un mitin del Partido republicano
Radical.
Los
candidatos agrarios intervienen en
La Bañeza el 16, y el 17 celebran
actos de propaganda en Laguna de
Negrillos y La Antigua. Entre los
días 16 y 20 se suspendían las
clases por motivos electorales en
todas las universidades del país, y
el 18 se traslada al Jefe del puesto
de la Guardia Civil de La Bañeza la
orden del gobernador civil sobre
vigilancia en las elecciones. En su
número de aquella fecha alardea
El Adelanto de que las derechas
hacen propaganda electoral por los
medios más modernos, la radio y el
avión, “algo nunca visto en España y
que la iguala a los países más
cultos y adelantados como Estados
Unidos y Alemania”. Cuando el día 9
el Gobierno la prohíba mientras dura
el periodo electoral (excepto por la
radio para los discursos en los
actos públicos autorizados) Acción
Popular habrá gastado mil kilómetros
de papel en pasquines y 50 millones
de octavillas (cuatro millones por
día venían repartiendo y arrojando
los aviones), lo que suponía 750
duros diarios en reclamos, aunque
desde sus páginas se dirá el 9 de
diciembre que “las derechas casi no
hicieron propaganda en La Bañeza,
excepto las gestiones hechas desde
Acción Femenina (cuya sede se
hallaba a la mitad de mayo de 1934
en la planta baja del edificio de
Patricio Pérez, en la calle Astorga)
y la intensa campaña de El
Adelanto -que ha sido
insuficiente-, añadiendo que se echa
de menos la organización efectiva de
las derechas bañezanas, y se las
urge una vez más a organizarse,
“pues de no hacerlo sus intereses
estarán a merced de gentes
ignorantes y mangoneadas por la
política perturbadora de la Casa del
Pueblo”, cuya nueva sede se había
inaugurado, por cierto, unos meses
antes.
Elecciones del 19 de noviembre de
1933 >>>>
Las agresivas y modernas propagandas
de la CEDA habían contado con
cuantiosas donaciones de potentados
que querían acabar con lo realizado
en los dos años anteriores, como las
del banquero Juan March, millonario
y reconocido antirrepublicano. Las
izquierdas, al menos las bañezanas
que se acogían en aquella Casa,
debieron de gozar de menores medios,
y más tradicionales y artesanos (la
brocha y el bote de pintura), a
juzgar por lo que el mismo semanario
narrará el día 25 en “Los hay con
chispa: en la fachada de un comercio
de ferretería, pusieron ‘votad a los
socialistas´ y debajo una hoz y un
martillo. Por la mañana, sin
inmutarse, el comerciante añadió un
‘No’, con lo que se leía ‘No votad a
los socialistas’, y debajo de la hoz
y el martillo añadió ‘Ferretería”.
Ilustra además la publicación
católica independiente de algunas
anécdotas electorales sucedidas en
La Bañeza cuando las votaciones: una
mujer que se presentó a votar por
otra, que resultó ser la presidenta
de la mesa; una más que dijo ser
quien no era, y fue desenmascarada
por una integrante del colegio
electoral, o un hombre que no
consiguió su pretensión de colar una
docena de papeletas en la urna,
manejos fraudulentos y caciquiles
tradicionales y presentes también en
aquellas elecciones en variados
lugares, muy llamativos en algunos
de la montaña leonesa.
En La Bañeza la candidatura agraria
fue a lo práctico y difundió un
panfleto en el que explicaba y
advertía (sobre todo a las que por
primera vez votaban) de los detalles
a tener en cuenta en los colegios
electorales y en las mesas y las
urnas de la ciudad a la hora de
emitir el voto para los aspirantes
de su lista. En cuanto a los
resultados en el partido judicial
bañezano, se produjo en La Bañeza el
triunfo parcial de las izquierdas,
no de un modo aplastante, y aunque
el cómputo de votos agrarios superó
en 718 al del total de las restantes
formaciones.
En la tarde del 3 de noviembre (“ya
en periodo electoral”, se dice) se
realizaba un registro policial, con
nulos resultados, en tres casas de
La Bañeza, “en los domicilios de
personas por muchos conceptos dignas
del mayor respeto y que gozan de la
estimación pública”. Se habría
tratado del abogado Laureano Alonso
y Díez-Canseco, tesorero de la
bañezana Juventud de Acción Popular
(JAP) desde abril, el industrial
Salvador González Alonso, titular de
la fábrica de pastas para sopa La
Flor Bañezana, almacenista y
representante de la patronal en el
Jurado Mixto de Alimentación de
León, y el también industrial José
Cabello Fernández, tal como cabe
deducir de la jocosa
noticia-inocentada publicada por
El Adelanto el 30 de diciembre,
según la cual “ellos, José Santos
Pérez, José Marcos de Segovia, y
Ángel Riesco Carbajo obsequiarían el
día 28 al anterior gobernador civil
Francisco Valdés Casas con un
almuerzo por los ‘favores’ con los
que él y los ‘soplones’ locales los
habían agraciado”. El día 1 se había
hecho otro muy minucioso en el
santuario de la Virgen de
Castrotierra, en el que, según el
acta firmada por el párroco, dos
policías, dos guardias civiles y dos
testigos, “se inspeccionaron todos
los locales y muebles y muy
particularmente las bóvedas y
techados”, también “sin resultado
alguno para el fin que se
perseguía”.
===========================================================================
La enseñanza en los pueblos en
1931.
En el pleno del día 7 de
septiembre de 1931 la
Corporación de Santa Elena de
Jamuz acordaba también, en
cuanto a la creación de la
Escuela de Niñas en el pueblo
capitalidad del municipio, que
se realice por la comisión
municipal de Instrucción Pública
un “detenido estudio para instar
expediente pidiendo subvención
al Estado para la construcción
de escuelas y reparación de las
existentes en los tres pueblos”,
acogidos a las recientes
disposiciones del ministerio del
ramo favorecedoras de los
ayuntamientos que por su
situación económica no puedan
atender a su provisión de
escuelas unitarias y a la
dotación de materiales para
ellas. La memoria se presenta en
aquella sesión, en la que
también se nombra como
representante de la Corporación
en el recién creado Consejo
local de Primera Enseñanza al
concejal Tomás Cabañas
Carnicero, Maestro Nacional
(“sin ejercicio”, se dice; daba
clases particulares en los años
20), y resulta ser, además de un
catálogo de la situación escolar
en nuestra tierra, una excelente
muestra del estado económico y
social que entonces imperaba en
sus poblaciones:
La situación económica de este
Ayuntamiento es muy pobre,
habida cuenta que el presupuesto
ordinario de ingresos oscila
entre 16.000 y 20.000 pesetas
aproximadamente unos años con
otros, con el cual se pretende
solamente satisfacer casi
siempre los gastos obligatorios.
Por otra parte, los
contribuyentes en el año actual
se hallan en una situación
económica verdaderamente
deplorable, pues se trata de un
municipio puramente agrícola en
escala bien humilde donde la
cosecha principal que es trigo y
centeno este año precisamente es
deficientísima por no haber
llovido, por cuya circunstancia,
además, la de alubias y patatas
que existía se halla
completamente seca agravando la
precaria situación y haciendo
que el vecindario se vea sumido
poco menos que en la miseria… La
única fuente de ingresos de que
se nutre su presupuesto es la
del Repartimiento General de
Utilidades por no existir otras
exacciones, viéndose en la
imposibilidad de aumentarlo en
las necesidades que el municipio
exige, pues al contrario, esta
comisión entiende que debiera
realizarse alguna rebaja en los
presupuestos para el año próximo
por las razones apuntadas….
En el pueblo de Villanueva no
existe edificio escuela de
niños, y por esta razón sus
niños se ven privados de los
beneficios de la enseñanza, pues
por haberse establecido ésta en
un local que carecía en absoluto
de condiciones, fue reclamado
con fecha 14 de octubre de 1927
por el Inspector provincial de
Primera Enseñanza. Y como tiene
adquirido el pueblo local
adecuado para poder construir
dicho edificio escuela, procede
pedir una subvención al Estado
de 14.000 pesetas.
En este pueblo de Santa Elena ya
fue construida por su exclusiva
cuenta la única Escuela Mixta
que existe, sin subvención del
Estado, costando a los vecinos
un verdadero sacrificio. En la
actualidad se halla concedida la
creación de una nueva para niñas
y es imprescindible y
urgentísimo acudir a la
subvención del Estado para la
adquisición de material escolar
en cantidad de 1.200 pesetas, y
para el edificio que se precisa
construir la cantidad de 14.000
pesetas.
(Los fondos para aquella Escuela
Mixta, y para reparar la iglesia
parroquial, se obtuvieron en
1908 de la subasta de terrenos
públicos del pueblo, como se
habían subastado en junio de
1906 otros del mismo pueblo y
del de Jiménez para el arreglo
de la Casa Consistorial y la
adquisición de una casa-escuela
para niñas en el segundo de
ellos, siendo alcalde Ceferino
Cabañas Domínguez -lo fue hasta
1914-, y secretario Francisco
Vivas).
En Jiménez de Jamuz se ha
construido un edificio para dos
Escuelas Unitarias, una para
cada sexo, además de otro
independiente para
casa-habitación de los
profesores, cuyo costo de las
dos construcciones ha sido
sufragado por el pueblo
exclusivamente. Una vez
construidos los edificios, la
Junta vecinal elevó en el año
1929 el oportuno expediente
pidiendo subvención al Estado, y
habiéndose personado en dichas
escuelas un arquitecto estatal,
emitió informe negativo que ha
extrañado sobre manera al
vecindario, puesto que en
justicia le corresponde dicha
subvención importante la
cantidad de 18.000 pesetas que
el citado pueblo se cree con
derecho a percibir, y procede
solicitarla nuevamente puesto
que además las
casas-habitaciones para los
maestros están en ruina e
inhabitables y habitan otros
edificios cuyo alquiler
satisface el ayuntamiento. Se
precisa la construcción de dos
escuelas unitarias en dicho
pueblo de Jiménez por rebasar la
matrícula de cada escuela de 120
alumnos y pedir al Estado una
subvención de 25.000 pesetas
para ella.
Que se inste el oportuno
expediente. El Ayuntamiento así
lo acuerda por unanimidad, así
como alquilar el local para
Escuela de Niñas y
casa-habitación en Santa Elena
al vecino del mismo Manuel de
Blas del Palacio en el precio
convenido de 300 pesetas
anuales, autorizando al señor
alcalde para formalizar el
contrato.
También ejercía en Castrocalbón,
en la Escuela Nacional de Niños
número 1, el maestro David
Escudero Martínez, que acatando
la ley de laicidad retiró de
ella el crucifijo, la bandera
monárquica y unas láminas de
historia sagrada que formaban
parte del material educativo
disponible y que guardó “con
reverente celo”, según consta en
el sumario que se le instruyó en
1937 por rebelión militar y que
lo llevaría a ser asesinado por
un pelotón de fusileros el 13 de
marzo en el leonés campo de tiro
militar de Puente Castro, del
que tampoco lo salvó que una de
sus hijas (“la muy culta y muy
simpática señorita Escudero”; se
trataría seguramente de Leonor
Escudero Fernández, su hija
mayor, maestra como él y como
algunas otras de sus hermanas)
hubiera acompañado, al menos en
febrero de 1932, a la inspectora
de Primera Enseñanza y
propagandista Francisca Bohigas
Gavilanes en sus conferencias de
la derechista Acción Femenina
Leonesa.
<<<<
Maestro con sus alumnos en el
periodo republicano en
Fuentesaúco (Zamora)
Una imagen fija del estado de
una escuela como aquella nos la
ofrece el inventario que el
maestro hace en septiembre de
1932 cuando la deja destinado a
Destriana, en el que además de
aquellos útiles “archivados”
aparecen los enseres siguientes:
Bandera nacional, sello de la
escuela, cuadro de la República,
librería de dos cuerpos con
vidriera, mesa y silla del
profesor, encerado, varias
escribanías de metal, 34
tinteros, 1 litro de tinta y 3
cajas de plumas, mapas (de
España, León, América, Europa,
Asia y África), reglamento
escolar, cuadro de protección de
los pájaros, globo terrestre y
mapa regional, 5 libros
reglamentarios, 15 mesas-bancos
bipersonales y 5 multipersonales,
brasero, 3 sillas (una de tabla
y 2 de espadaña), reloj de
pared, estufa, diccionario
español, libros de: Gramática,
Geografía, Aritmética,
Geometría, Tesoros de las
Escuelas, Historia de España,
Deberes, Lecturas Agrícolas,
Curso de ciudadanía, Lecciones
de Cosas, biblioteca de 120
volúmenes, colección de cuerpos
geométricos, varios trabajos
manuales y juguetes infantiles,
20 pizarras de acero, 500
cuartillas de papel, varios
modelos para dibujo, aparato de
proyecciones, vitrina del
sistema métrico, varias carpetas
de trabajos escolares, pupitre
para escribir de pie, varios
periódicos infantiles, equipo
para la crianza del gusano de
seda con dos incubadoras, guía
de la provincia de León, y 4
láminas de fisiología.
Sobre la tipología constructiva
de las escuelas de aquel tiempo
puede ilustrarnos la utilizada
en Castrocontrigo: obra de una
planta con cuatro aulas, dos por
cada sexo, con accesos
diferenciados para niños y
niñas, y un patio en el que se
hallan los servicios, también
independientes, vallado por
pared circundante dos de las
cuales se aprovechan de frontón
para practicar la pelota a mano,
afición entonces muy común en la
comarca (más de 4.000
aficionados presenciaban un
partido en la villa de Coyanza
el 19 de septiembre de 1932), si
bien no era único el modelo, y
así en las de Jiménez de Jamuz
se carecía tanto de sanitarios
como de muro que circundara el
espacio de recreo.
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Cuando la Guardia Civil se
quiso marchar de La
Bañeza.-
Después de ser votado
en pleno municipal, queda a
finales de febrero de 1934
sobre la mesa el estudio de
la solicitud que 219 vecinos
de La
Bañeza presentan para
que se ejecute a la mayor
brevedad y con el efectivo
existente de los fondos
municipales el acuerdo de
1911 sobre la construcción
de la casa-cuartel,
abordando con ello el paro
obrero, ya tan notable, e
impidiendo que la ciudad
pueda quedarse sin Guardia
Civil por adolecer su
alojamiento de notables
deficiencias. Habían
manifestado los concejales
socialistas que antes que al
cuartel debiera de atenderse
a la instrucción de la
infancia y a construir
locales para escuelas; que
el cuartel beneficia solo a
una clase, y se precisa
también pavimentar las
calles y otras cosas de suma
necesidad; se insiste en que
primero es la cultura,
precisamente para evitar que
la Guardia Civil sea
necesaria, y se dice que
muchos vecinos viven en
peores condiciones que en el
cuartel, y otros muchos ni
casa tienen. Aluden otros
concejales a lo necesario de
su construcción, pues ahora
se satisface renta por un
alojamiento que no reúne
condiciones, y a que la
fuerza actual es escasa,
pues el puesto precisa de 8
ó 10 parejas (en estas
discusiones entre los ediles
surgen por dos veces voces y
ruidos de desacuerdo entre
el público presente en la
sala capitular).
No pudiendo construirse
ahora el nuevo cuartel,
opinaban algunos, debería
tratar de mejorarse su
alojamiento haciendo el
dueño del local que lo acoge
ciertas reformas a cambio
del aumento de la renta, o
hacerlas el Ayuntamiento
rebajándola El 14 de marzo
se desestimaba, por
votación, la solicitud del
guardia civil José Grande
Cabero de que se le abone
aparte la renta de la casa
en la que habita por carecer
de pabellón en el cuartel,
por no haber consignación
para ello en el presupuesto,
y si solo para el alquiler
del mismo.
Al pleno del 11 de abril
llega escrito de Baltasar
Otero Blanco (de San Adrián
del Valle) pidiendo que se
rescinda el contrato de
arrendamiento del cuartel en
su inmueble, y oficio de la
superioridad que hace saber
a la alcaldía que ha
decidido suprimir el puesto
de la Guardia Civil por
carecer de albergue adecuado
(“y negarse a construirlo
por la oposición de los
votos socialistas y
socializantes”, dirá El
Adelanto), y el
presidente de la Patronal
Bañezana solicita del
Ayuntamiento un solar (a ser
posible el del Teatro
viejo), piedra, madera y
dinero en colaboración con
la entidad, que ha decidido
construir un cuartel para la
fuerza. Coinciden la
rescisión del contrato del
dueño del edificio y la
amenaza de retirar la
Benemérita, y se trata sobre
la dificultad de encontrar
otra residencia en la ciudad
capaz de alojar a siete
familias. La minoría
socialista se opone a que el
municipio aporte nada, pues
hay asuntos más urgentes que
atender, y debe de ser el
Estado el que cobije a las
fuerzas, y añaden que la
Patronal no coadyuvó antaño
para el establecimiento de
un Centro de Higiene, que
por ello se estableció en
Astorga. Se vota y se
acuerda por mayoría la
propuesta del concejal
Joaquín
Lombó
Pollán
de ceder solar y materiales
(y dinero si no alcanza lo
anterior) hasta la cantidad
de 40.000 pesetas (que es la
actual renta anual del
cuartel), pasando el
edificio a ser propiedad
municipal una vez
construido. La proposición
del alcalde (no aceptada)
incluía establecer su
copropiedad con la Patronal
Bañezana.
En la sesión de la siguiente
semana la Comandancia de la
Guardia Civil comunica desde
León que se deja por ahora
sin efecto la orden de
traslado de la fuerza del
puesto
bañezano (“revocación
que a duras penas
consiguieron en León los
elementos sanos de la ciudad
que allí se dirigieron”, de
nuevo según El Adelanto),
y también el arrendatario se
desdice de su deseo de
rescisión del contrato de
inquilinato (que volverá a
requerir en septiembre),
mientras no hay aún
respuesta de La Patronal al
acuerdo del anterior pleno.
A la mitad de mayo
solicitaba el comandante del
cuartel su anual blanqueo y
la limpieza de los pozos
negros, y mediado junio de
la alcaldía se le pide
informe sobre las últimas
obras que en él se han
realizado.
El asunto de la construcción de la
casa-cuartel se ha parado en
seco, sin que se explique
esta demora, decía
El
Adelanto a primeros de
septiembre, y poco más
tarde, en nombre de un grupo
de vecinos que han suscrito
cantidades para ello, el
abogado y propietario Gaspar
Julio Pérez Alonso
solicitaba la cooperación
del Ayuntamiento, que se
decide sea la cesión de un
solar para su edificación,
después de desecharse por
votación varias propuestas y
del empate entre dos de
ellas en dos votaciones, de
la declaración de urgencia
del asunto y del voto de
calidad del presidente,
además de la puntualización
de la minoría socialista de
que no es procedente dar
para este fin tantas
facilidades como si se
tratase de la instalación de
una industria. De nuevo por
votación se cede en el pleno
del 3 de octubre el del
Teatro viejo para la
construcción del cuartel de
la Guardia Civil, como
aportación del Ayuntamiento
a la agrupación de vecinos
creada para erigirlo (la
otra finca municipal también
votada es la de las
Realengas en la carretera de
Villalís), desde la
que ya el 22 de septiembre
se rogaba “que se inscriban
para dicho fin quienes no lo
hayan hecho, y que entreguen
el boletín los suscritos que
no lo hayan presentado”.
Edificio que sustituyó al
alquilado viejo cuartel
>>>>>
Tras la revolución de
Asturias y de la agitación
que su eco trajo a La
Bañeza,
y de su represión plasmada
aquí entre otras actuaciones
en la destitución de la
Corporación municipal electa
sustituida por una Gestora
impuesta, uno de sus
primeros acuerdos será el 27
de octubre, “porque todos
los nuevos concejales
entienden que han de darse
las máximas facilidades para
su construcción por estimar
que afecta al vecindario de
manera decisiva y urge la
solución,
destinar un solar en
la huerta de los Quiñones
(el escogido por la
agrupación de vecinos y los
tres ediles encargados como
el más idóneo de los tres
ofertados por el
Ayuntamiento como aportación
municipal a su edificación,
y para que sea siempre
destinado a cuartel de la
Benemérita el inmueble que
en él se construya) para
alzar en el mismo la
casa-cuartel para la heroica
Guardia Civil de este
puesto”, cuyas obras según
el proyecto que elabora el
teniente de Ingenieros
bañezano Fernando
López Fernández se
anunciaban a la mitad de
noviembre próximas a
comenzar, cuando se le ruega
al dueño del edificio que lo
aloja (que ha vuelto a
solicitar se le deje libre,
por precisarlo para instalar
una tienda de venta de
vinos) “que espere un
tiempo, puesto que está en
vías de ser realidad en
plazo brevísimo la
construcción del nuevo
cuartel”, y la alcaldía
acaba de instalar (de nuevo)
en el vetusto caserón de la
Plaza de Romero Robledo un
teléfono por cuenta del
Ayuntamiento y para uso de
la fuerza del puesto.
Decía El Adelanto a
la mitad de enero de 1935
que “hechos ya los planos de
la casa-cuartel nadie se
explica cómo aún no se ha
dado un paso para su
realización”. Se pagaban el
día 21 cuentas por camas o
pernoctas de la Guardia
Civil a razón de 1,25
pesetas cada una, y cuando
febrero se agotaba se
considera urgente interesar
de la Junta de Autoridades
que se reunirá en León a
indicación del ministro de
la Gobernación para
informarse de lo necesario
para aliviar el paro
forzoso, que se incluya como
obra próxima y rápida a
realizar en La
Bañeza
la de construcción del
cuartel, siempre que por el
Estado se subvencione la
misma al Ayuntamiento y a
los vecinos agrupados por la
suma de 60 ó 70 mil pesetas,
cantidad la segunda que
aproximadamente alcanzan ya
las suscripciones
comprometidas con la
agrupación.
El 8 de marzo anunciará
El Diario de León que
muy pronto se va a construir
el cuartel
bañezano, pues está
ya abierta la subasta para
ello. Mientras, se satisface
el día 13 una cuenta de
516,25 pesetas por alquiler
de las camas a los guardias
civiles concentrados en la
ciudad, y se nombra en la
sesión municipal de la
siguiente semana una
comisión para el estudio de
si es más económico adquirir
los catres y las ropas
necesarias para las
pernoctas de los guardias
que seguir pagándolas a
quien las facilita,
terminando por comprarse a
mediados de abril siete
camas plegables para el
cuartel de la Guardia Civil
a Julián Fernández de la
Poza, después de que el día
10 se abonen 271 pesetas más
por camas para nuevos
guardias desplazados.
El Colegio de Arquitectos de
León se dirigía el 20 de
marzo a la alcaldía para que
no conceda licencia de obras
para el cuartel, por no
estar el proyecto firmado
por un arquitecto, y acuerda
la gestora que rige el
Consistorio interesar su
firma por el arquitecto
municipal, por ser asunto
provechoso para la ciudad,
en el mismo pleno en el que
se lee una comunicación del
diputado Álvarez Robles
sobre la futura plantilla
del cuartel, que según
referencia del general
Miguel
Cabanellas
(recientemente nombrado
Inspector General de la
Guardia Civil) se compondrá
de un capitán, un teniente y
quince números. El también
diputado
Gordón
Ordás
y el prohombre
bañezano Herminio
Fernández de la Poza remiten
al inicio de mayo sendos
escritos lamentando no poder
conseguir para el cuartel
alguna subvención de las
previstas para mitigar el
paro obrero, por depender su
construcción en este caso, y
la fuerza que lo habrá de
habitar, del Gobernador
General de Asturias.
La escasez de recursos
municipales a la que
entonces se aludía no será
obstáculo para que en el
primer pleno de junio de
aquel año 1935,
“reconociendo la ventaja que
para el vecindario reportará
la construcción que ya se
está llevando a cabo del
nuevo edificio para cuartel
de las fuerzas de la Guardia
Civil”, se proponga que “el
Ayuntamiento debe de
contribuir con alguna suma
de dinero, en consideración
al servicio público de
vigilancia y seguridad que
presta, y porque ello
servirá de aliciente para
que otras entidades, como la
Diputación, puedan también
colaborar”. En la misma
sesión, a pesar de haberse
adquirido ya en abril siete
catres para el cuartel (sin
su dotación de colchones y
demás materiales de cama,
que se entendió por un
equívoco correr por cuenta
de la Benemérita pero que
después hubo de comprar
igualmente la alcaldía) se
aprobaba una nueva cuenta de
pernoctas de la Guardia
Civil durante el pasado mes
por importe de 271,25
pesetas, y se acuerda
dirigirse a su Comandancia
leonesa indicando que “este
Ayuntamiento ha satisfecho
ya muchísimas camas por las
concentraciones de la
fuerza, por si fuera posible
compensárselo”, criterio, el
de la compensación de los
esfuerzos extraordinarios
sobrevenidos, que no seguirá
con sus empleados
municipales cuando se la
soliciten por los que
debieron de afrontar los
días de la revuelta del
pasado octubre, resolviendo
en el pleno del 19 de junio
“no acceder por tratarse de
un caso de necesidad en que
todo ciudadano debe de poner
a contribución su esfuerzo,
y con más razón los
empleados públicos, máxime
si, como es el caso, una
gran parte de ellos no
cumple en otras ocasiones
como corresponde con su
deber”. Se acordaba el 17 de
julio inventariar las mantas
de la cárcel y destinar 7 de
las de lana al cuartel de la
Guardia Civil para las 7
camas adquiridas, y
comunicar al teniente
que ya las puede usar
la fuerza que se concentre
en la ciudad, y abonar a la
viuda de Tomás Pérez García
una cuenta de 410 pesetas
por los colchones y la ropa
de cama de aquellos 7
catres, que de nuevo se
dotarán con 14 mantas a
mitad de febrero de 1936,
vendidas por el mismo
negocio, aunque debieron de
resultar insuficientes para
la pernocta de los guardias
civiles concentrados en las
fechas de las elecciones
generales de entonces, ya
que en el pleno municipal
del 18 de marzo se abonaba
una cuenta de 105 pesetas
por las camas que ocuparon.
En la última sesión
municipal del mes de junio
el jefe de línea del puesto
de la Guardia Civil comunica
haber quedado desierto el
concurso para suministro del
racionamiento del ganado, y
solicita que el Ayuntamiento
les abastezca desde el
primero de julio de las
raciones de cebada y paja
necesarias, acordando la
Corporación que
provisionalmente continúe
con tal aprovisionamiento el
mismo contratista que hasta
la fecha lo hacía, en tanto
se anuncie un nuevo concurso
por si a alguien le
conviniera. En aquellas
fechas publicaba El
Adelanto la cuarta (y
extensa) lista de
suscriptores y cantidades
aportadas para la
construcción de la
casa-cuartel, y en ella
entre las numerosas y
modestas cantidades
destacaban las de
Balbino
Nistal
Fernández, Inocencio Santos
Vidales, José Marcos de
Segovia, y Celia Alonso
González, que contribuían
con 1.000 pesetas cada uno,
y con 500
Elisardo Moro García
y Maximino Ramos Pérez.
<<<<< Actual cuartel
de La
Bañeza
Se pretendía a la mitad de
julio enajenar el terreno
del Teatro viejo para con su
importe subvencionar
pecuniariamente la
construcción del cuartel de
la Guardia Civil, a lo que
en el mismo pleno se opone
el concejal Tomás Pérez
Benito (se anunciará el 18
de septiembre la segunda
subasta de los cuatro
solares en que se ha
dividido), y también a que
se ceda madera para el
mismo, “porque ya se ha
cedido el solar, que vale
mucho dinero”. Insiste el
edil César
Seoanez
Romero en que se subvencione
el cuartel con el producto
de aquella enajenación, ya
que tampoco lo hará la
Diputación si no se cuenta
con la subvención del
Ayuntamiento, refiriendo que
la Corporación anterior (la
que estos gestores y otros,
por imposición gubernativa
han sustituido), que
califica de “francamente
socialista”, aceptaba la
construcción de la
casa-cuartel si los vecinos
entregaban 40.000 pesetas,
“y ahora que ocurre esto
mismo, el Ayuntamiento
actual no se franquea”. Dos
semanas después se acordará
que el Ayuntamiento y la
agrupación creada para la
edificación del cuartel (que
ya se está realizando)
soliciten, acogiéndose a la
vigente legislación sobre
minoración del paro obrero,
una subvención para ultimar
la referida obra.
En noviembre de 1935 se
rebajará el tipo de salida
para subastar una vez más
(la cuarta, después de
quedar desiertas las tres
anteriores) todo el solar
sobrante de la vía pública
(único terreno municipal
enajenable) del Teatro
viejo, que también queda
desierta, y acuerda el
Consistorio el 4 de
diciembre convocar a una
quinta, decidiendo el día 11
que no procede venderlo,
después del nulo interés en
las subastas, cerrando la
posibilidad de financiar así
aquella edificación, por lo
que a la mitad del mismo mes
una representación de
vecinos de la agrupación
interesada en la
construcción del cuartel de
la Guardia Civil propone al
Ayuntamiento renunciar a las
aportaciones de la misma ya
empleadas en ella si este se
compromete a terminarlo en
el plazo de seis meses y lo
destina al alojamiento de la
fuerza, o si el Ayuntamiento
no pudiera o no quisiera
rematarlo en dicho plazo, se
comprometería la propia
agrupación a ultimarlo para
dedicarlo al referido fin y
entregarlo a la Corporación
una vez terminado para que
esta en plazo no superior a
15 años le devolviese todo
lo entregado para la
construcción sin interés
alguno, quedando en ambos
casos el edificio como
propiedad municipal para
utilizarlo siempre como
alojamiento de la Guardia
Civil. Se requería ya a
mediados de noviembre “a la
asociación de vecinos que se
ocupan de las obras del
cuartel para que ordene se
remate la cerca del patio
del mismo con la plaza del
ganado, a ser posible antes
de las próximas ferias
ganaderas”.
Poco más tarde, ya en 1936,
la falta de dinero hace que
durante un breve tiempo se
paralice la construcción del
cuartel, y se acrecientan en
sumo grado tras el golpe
militar de julio el interés
y el ritmo para rematar las
obras, además de las
aportaciones de efectivo
para ellas, finalizadas de
manera que se inauguraba el
27 de mayo de 1937 la nueva
casa-cuartel que desde
entonces alberga a los
guardias civiles del puesto
bañezano.
===========================================================================
El cierre en 1933 de las
Escuelas Nacionales
bañezanas.-
En La
Bañeza, la
Corporación acordaba en el
pleno del día 6 de julio de
1931 el arreglo de locales
para instalar en ellos dos
escuelas más (pues el
problema de los “sin
escuela” se agravará al
inicio del curso en virtud
del decreto que prohíbe
enseñar sin poseer título
académico para ello) y que
los maestros hagan relación
de sus alumnos y de los que
no asisten a las clases,
para ponerlo en conocimiento
de sus padres e imponer a
estos correctivo en caso de
reincidencia. Marcelo Toral
Castro era entonces maestro
en
Santiagomillas, y en
La
Bañeza los términos
del problema escolar son:
tres maestros, tres
maestras, locales capaces
solo para la mitad del
censo, y material pedagógico
insuficiente. Las escuelas
de
Sacaojos requieren
también obras. Al iniciarse
agosto en la sesión
municipal del día 3, toda
vez que el alcalde asegura
que se podría contar con más
maestros si hubiera
disponibles más locales para
escuelas, se decide
acondicionar otro más en el
edificio a ellas destinado,
y se ofrece el concejal
Isaac
Nistal Blanco en
nombre de las sociedades La
Caridad y Federación Local
de Sociedades Obreras
(creemos que era entonces
presidente de la segunda) a
facilitarlos para dos
escuelas más en el edificio
en el que comparten sede,
“lo que merece un amplísimo
voto de gracias a ambas
sociedades” y al diputado
Herminio Fernández de la
Poza (lo era por el Partido
Republicano Radical de
Lerroux)
por su intercesión en Madrid
en este asunto (consiguiendo
para la ciudad dos maestros
y dos maestras más) y por su
donativo de 2.000 pesetas
para construir escuelas. Se
señala en el pleno que en la
provincia quedarán lugares
sin ellas por falta de
locales, por cuanto si los
hay se disponen desde la
Inspección de Primera
Enseñanza los maestros para
ellos.
En la reunión de la semana
siguiente (17 de agosto de
1931) se dispone el blanqueo
de los locales escolares,
incluidos los nuevos, y se
anuncia que se alquilarán
edificios particulares para
establecer en ellos más
escuelas y acoger las cuatro
(dos de niños y dos de
niñas) que se creaban el 19
de septiembre (se abonará a
Severino Hernández Canelas
el inquilinato de dos
locales en la calle Pablo
Iglesias –con retrete y fosa
séptica que habrá de
construir- por dos años a
razón de 1.000 pesetas
anuales por local), aunque
un año después, en
septiembre de 1932, “carecía
de agua el excusado y los
niños se veían precisados a
evacuar sus necesidades en
la vía pública”, denunciaba
el maestro Antonio Juárez
Crespo al alcalde, que
todavía en diciembre urgía
al arrendatario la
implantación de tal servicio
e intentaba en enero de 1933
llegar con él a un
entendimiento en cuanto a
las comprometidas fosas
sépticas. En agosto de 1936
se le notificará la
rescisión del contrato desde
el próximo noviembre, cuando
la Corporación impuesta por
los sublevados dispondrá ya
de locales propios adecuados
(en la Casa del Pueblo,
requisada y reformada para
acoger las escuelas que se
llaman de Calvo
Sotelo).
El calendario escolar de
aquel primer curso
republicano usaba los
términos laicos “vacaciones
de invierno” y “de
primavera”, en lugar de
Navidad y Semana Santa, y
finalizadas las de verano,
el 21 de septiembre de 1931
se hacía cargo de la zona de
inspección de La
Bañeza
la Inspectora de Primera
Enseñanza Francisca
Bohigas
Gavilanes.
A finales del año 1932 aún
no se habían dotado de agua
los retretes de las escuelas
bañezanas instaladas
en los locales de alquiler
de Severino Hernández, lo
que daría lugar a una
controversia en torno a la
interpretación del contrato
firmado en su momento (el
arrendatario acepta poner el
agua gratis a cambio de que
el Consistorio instale los
lavabos y letrinas, que
quedarán de su propiedad
después de la extinción del
arriendo), y la Corporación
dilucida y acuerda que todo
ha de ir por cuenta del
propietario. Mientras, se
señalaba la necesidad de
consignar en el presupuesto
para el año a punto de
iniciarse cantidades para el
arreglo de aquellos
excusados y para su
limpieza, ya que de
persistir en su estado serán
cerradas las escuelas en dos
meses, como la Inspectora de
Enseñanza Primaria de la
zona, Francisca
Bohigas,
repetidamente ha indicado.
El 26 de febrero de 1933
disponía la Inspectora el
traslado de las secciones de
las Escuelas Graduadas de
los locales de Severino
Hernández al edificio
municipal (el que alojaba
las llamadas Escuelas
Villa), e instalar en
aquéllos las dos nuevas
Escuelas Unitarias, toda vez
que su dueño avisaba cuando
se iniciaba marzo de que
(por fin) ya funcionaban en
ellos los retretes, y puesto
que a pesar de que se siguen
buscando no se encuentran
espacios para ellas en los
barrios. En aquellos locales
alquilados se realizó una
reunión de maestros,
cediendo una viga, lo que
hizo que bajara un tabique y
se deteriorara el techo
raso, ruinoso estado que
denunciaba la prensa local,
y también el indecoroso de
los excusados de las
escuelas de niñas del local
municipal y su falta de
limpieza.
Bañezanos
de la quinta de 1943 ante la
entrada a las Escuelas Villa
>>>
Se trasladaba por entonces
(principios de abril de
1933) a la Inspección de
Primera Enseñanza queja de
los alumnos de las escuelas
nacionales
bañezanas por la
basura que proliferaba en
ellas (barridas por las
niñas por orden de sus
maestras, lo que también se
denuncia desde el
Consistorio), la cual
comunicaba a finales de mayo
su cierre por no haberse
realizado en sus locales las
obras que repetidamente se
habían ordenado, denegando
el 7 de junio la petición de
su apertura en aquellas
penosas condiciones, y
motivando que desde El
Adelanto al principio de
julio se señale: “Hace ya
algunas semanas que las
escuelas nacionales están
cerradas, los niños vagando
por calles y plazas, su
formación interrumpida, y
sentándose un precedente
jamás conocido en la
ciudad”. Una semana más
tarde se acordaba encargar
cuanto antes al recién
nombrado arquitecto
municipal el pliego de
condiciones para subastar
aquellas obras (que
incluirían la pavimentación
del patio escolar), y
ofrecer a la inspectora los
locales de las escuelas
unitarias, para que al menos
en ellos continúen las
clases posibles. Se
suspendían entonces (a
primeros de agosto) por
orden del alcalde los
trabajos de pavimentación de
aquel patio (que como
necesarias había dispuesto
la Inspectora), a la cual se
notificaba el 13 de
septiembre haber finalizado
las obras de las escuelas,
“satisfactoriamente”, el
pasado día 6.
Al comenzar octubre de 1933
“el municipio
bañezano que tanto
alardeó de su cultura y que
promovió la creación de una
Escuela de Artes y Oficios
que quedó en agua de
borrajas” (decía El
Adelanto), continuaba
con las dos escuelas
nacionales clausuradas, que
lo habían sido en mayo por
la inspectora Francisca
Bohigas
Gavilanes, dado su mal
estado desde hacía tiempo y
sus
inatendidos
requerimientos de adecuarlas
desde septiembre de 1931, en
defensa de los derechos de
los 350 niños y niñas que
las pueblan, y sin que el
Ayuntamiento hubiera
realizado las obras
convenidas para dotar unas
de retretes (con agua
corriente y pozo séptico) y
eliminar en otras su
insalubridad (mientras que
si había proveído hacía poco
de servicios higiénicos las
oficinas del juzgado). La
situación se resolvía a
mediados de octubre,
retomándose las clases el
día 13 para ocuparse del
Tercer Grado la maestra
Tomasa Rodríguez
Peñín,
y del Segundo Tránsito
Castro González (esposa del
abogado astorgano Olegario
Combarros), las dos
enseñantes como
propietarias, y de la
Unitaria de la calle Pablo
Iglesias Julia
Ibán
Valdés como maestra interina
(a primeros de mayo de 1934
se la trasladaba al pueblo
de Parada-Nigrán,
cerca de Vigo). Por entonces
contaba con doce maestros La
Bañeza,
y en Santa María del Páramo
cuatro maestras y siete
maestros cursillistas están
realizando el mes de
prácticas.
Un largo y complicado camino
había seguido la suspensión
y el reinicio de las clases
en las escuelas públicas
bañezanas, afectado a
lo que parece por los
avatares, las contiendas y
los intereses que giraban en
torno a la Ley de
sustitución de la enseñanza
religiosa, que las derechas
calificaban de nefasta, que
obstaculizaban y a la que
por todos los medios se
oponían:
Se nombraba el 24 de junio
en La
Bañeza (y “se
comunica al maestro más
moderno en la localidad”) a
los concejales Joaquín
Lombó
Pollán
y Porfirio González
Manjarín como
integrantes de la Comisión
mixta para el estudio de la
sustitución de aquella
enseñanza, que ha de
colaborar para su reemplazo
con la Dirección General de
Primera Enseñanza, y cuyos
gastos han de correr por
cuenta de los ayuntamientos,
tal como obligaba la
correspondiente orden
ministerial, dispendios
estos que desde la prensa de
derechas (incluidos El
Diario de León y El
Adelanto) se critican
ácidamente por excesivos e
innecesarios cuando la
situación económica del país
es tal que el ministerio de
la Guerra acordaba por
entonces que, “en vista de
que le es imposible proveer
de prendas interiores a los
nuevos reclutas, se les den
las que en los
licenciamientos dejen los
individuos en almacenes,
después de desinfectadas y
lavadas”. A finales de aquel
mes el abogado leonés y
diputado en Cortes Publio
Suárez Uriarte remitía a la
Corporación del Ayuntamiento
de Santa Elena de
Jamuz
un escrito relativo a las
gestiones que ha realizado
cerca del ministro de
Instrucción Pública para
conseguir una subvención a
las escuelas del municipio.
Al inicio de agosto los
delegados municipales
bañezanos aún no
habían actuado ni tomado
siquiera posesión en aquella
Comisión, y solicitan en el
pleno municipal del día 2
que se ponga en conocimiento
de la Comisión provincial
para que subsane tales
deficiencias, comunicándolo
también al presidente de la
Comisión mixta local.
En los meses del otoño
aquella Junta municipal
solicitará las relaciones
nominales de los alumnos
matriculados en cada uno de
los centros de enseñanza
bañezanos a sus
maestros responsables,
Hilario Escudero Fernández
del Colegio
Bañezano, Servando
Juárez Prieto del Colegio
del Niño Jesús, Francisca
Pascua Riesco de la Escuela
Graduada de Niñas, Ricardo
Álvarez Acedo de la Escuela
Graduada de Niños, Clotilde
Pascua Riesco y Pedro Rubio
García del Colegio
Montessori, María Escudero
Fernández del Colegio de la
Sagrada Familia, y Julia
Ibán
Valdés, de la Escuela
Unitaria de Niñas. 40
alumnas asistían a la
última; 13 niños y 24 niñas
de entre 4 y 13 años
cursaban con María Escudero;
40 niños acuden al Colegio
Montessori con Pedro Rubio,
y 14 niñas y 18 niños de
entre 4 y 13 años al mismo
con Clotilde Pascua; a la
Graduada de Niños van 38
alumnos de 6 años, 32 de 7,
31 de 8, 31 de 9 años, 17 de
10, 32 de 11, 9 de 12 y la
misma cantidad de 13 años,
en total 199 alumnos; en la
Graduada de Niñas cursan 168
alumnas, 45 en el grado 1º,
34 en el 2º, 27 en el 3º, 30
en el 4º, y 31 en el 5º
grado; además figuran 70
niños y niñas matriculados
en el Grado de Párvulos, a
cargo de la maestra que lo
era de
Castrocalbón,
agregada a la Graduada
bañezana al haberse
clausurada la escuela que
regentaba en aquel pueblo.
En el Colegio
Bañezano estudian 92
niños de entre 4 y 13 años,
y 10 niñas de edades entre
13 y 6 años y 24 niños lo
hacen en el Colegio del Niño
Jesús, uno de ellos Elías
Falagán
Domínguez, de 9 años, hijo
del socialista Elías
Falagán
Martínez, que vendrá a ser,
como su padre, una víctima
más en La
Bañeza
de la represión fascista
cuando fallezca a la edad de
15 y a la altura de 1940 a
consecuencia de una
peritonitis provocada por la
brutal paliza que en el
cuartelillo le propinarán
falangistas
bañezanos.
El presidente de la Comisión
mixta para la sustitución de
la enseñanza religiosa,
Porfirio González
Manjarín, convocará a
los demás miembros de la
misma, los maestros Dionisia
Arconada
Ontañón
y Ricardo Álvarez Acedo,
además del concejal Joaquín
Lombó
Pollán,
a sendas reuniones el 23 de
noviembre y el 18 y 22 de
diciembre, cuando, después
del triunfo de las derechas
en las elecciones generales
del pasado noviembre, los
ímpetus del reemplazo de tal
enseñanza corren ya muy
tibios y mermados para
terminar después
desapareciendo. Cuando se
renueven en la primavera de
1936, porque las plazas
escolares existentes
seguirán siendo escasas,
tampoco se llevará a cabo la
sustitución de la enseñanza
religiosa en La
Bañeza,
y ni siquiera cuando el
Gobierno del Frente Popular
retome y ponga en práctica
aquella pretensión de cerrar
los centros que la imparten
sucederá tal en la ciudad.
Se había previsto al
comenzar agosto de 1933 que
la enseñanza en los centros
religiosos cesara el primero
de octubre, aunque en
lugares como Astorga (y
otros) la comisión de
Hacienda de su Ayuntamiento
emitía a la mitad de aquel
mes un dictamen, que se
aprueba por unanimidad,
según el cual es imposible
para el Consistorio, dada su
situación financiera,
subvenir a las necesidades
que crea en la ciudad la
sustitución de la enseñanza
religiosa, al igual que ya
había hecho a principios de
julio el Ayuntamiento de
León.
<<< Una promoción
provincial de maestros y
maestras del año 1934
La Ley de confesiones y
congregaciones religiosas
atacaba la base del sistema
educativo católico al
decretar el cierre de los
centros de enseñanza de la
Iglesia, con excepción de
los seminarios, y los
legisladores, excesivamente
apresurados, fijaron el 31
de diciembre de 1933 como
fecha tope para el mismo. La
Iglesia católica poseía 295
centros de segunda
enseñanza, con 20.684
alumnos y 4.965 de enseñanza
primaria, donde estudiaban
352.004 escolares. El
Gobierno confiaba en
levantar en pocos meses
7.000 escuelas públicas y 20
institutos nacionales de
bachillerato, que paliasen
los efectos de la clausura
inmediata de los centros
religiosos, sobre todo en el
medio rural, y seguir luego
creando escuelas a un ritmo
de 4.000 por año (e invitaba
a las entidades particulares
y organismos oficiales a
ofrecer gratuitamente
edificios en los que poder
instalar centros docentes).
En la enseñanza media, la
sustitución se realizó sin
grandes problemas, pero no
sucedió lo mismo con la
primaria. Aunque se
improvisaron unos 10.000
maestros mediante cursillos
especiales, fueron muchos
los ayuntamientos que por
falta de voluntad o de
medios no abrieron nuevas
escuelas, lo que originó una
considerable incertidumbre
en numerosas familias. Por
fin, cuando se aproximaba el
término del plazo legal para
el cierre de los centros
religiosos, se produjo el 19
de noviembre la derrota
electoral de la izquierda, y
los nuevos gobernantes
radicales-cedistas
suspendieron la aplicación
de la Ley, lo que permitió a
la Iglesia mantener abiertos
sus establecimientos
docentes.
En lo relativo a La
Bañeza,
la inspectora de la zona (la
señorita
Bohigas
Gavilanes), que no se había
desplazado a la ciudad para
ver las reformas de las
escuelas terminadas, volvía
a clausurar a finales de
septiembre de 1933 sus
locales por no ajustarse la
reparación recién finalizada
a lo ordenado y no estar en
condiciones de higiene sus
retretes (“obra muy costosa
para la que el Ayuntamiento
en la actualidad no puede
disponer de cantidad, por lo
que le ruega tenga en cuenta
tales razones y levante la
clausura que en la
actualidad tiene ordenada”
le solicitaba el alcalde el
día 22), por lo que se
nombra una comisión formada
por los concejales
Lombó
Pollán,
González
Manjarín y
Nistal
Blanco para dirigirse a
León, a la Inspección
Provincial, y si allí no
resolvieran que al día
siguiente se abrieran las
escuelas, continuar los dos
últimos viaje a Madrid para
entrevistarse con el
ministro de Instrucción.
Así se hizo, viéndose en la
capital con el inspector
Jefe de Primera Enseñanza,
que les indicó no poderse
atender a la apertura de las
escuelas si no se enviaba
antes del día 6 u 8 de
octubre al Consejo
provincial de primera
enseñanza una relación
detallada de todo lo
ocurrido en este asunto (lo
que se hizo luego con
premura). Al no solucionar
la situación con ello,
prosiguieron camino de
Madrid los ediles Isaac
Nistal
Blanco y Porfirio González
Manjarín,
conferenciando allí con el
director general de Primera
Enseñanza, al que informaron
del estado de los locales
escolares y de su cierre,
lamentándose éste de que se
tratara de un asunto
político, al haber
ratificado el cierre la
inspectora fundada tan solo
en referencias (“Tenemos
allí un coco que hay
que extirpar”, habría dicho
el responsable ministerial,
referido a la inspectora que
tales problemas causaba,
según el acta del pleno en
el que se relatan las
gestiones). El director
ordenó telefónicamente al
inspector Jefe de León
visitar por sí mismo las
escuelas y disponer su
apertura, solicitada por la
comisión visitante con el
compromiso de arreglar en
ellas lo necesario cuando
sea oportuno.
Acompañó en todos los
trámites en Madrid a los
concejales
bañezanos el
astorgano Quirino Salvadores
Crespo (mecánico,
tornero-fresador), diputado
socialista por Zamora
(asentado allí desde niño y
allí asesinado el 14 de
septiembre de 1936), al que
otorga la Corporación
bañezana un voto de
agradecimiento por su ayuda
de ahora y por los apoyos
que ya había desplegado en
la capital zamorana cuando
otra comisión se desplazó a
aquella ciudad para atender
a otras gestiones de interés
general para el
Ayuntamiento.
A pesar de lo actuado,
avanzando octubre aún
continuaban las escuelas
públicas cerradas, y se
recibía el día 9 nota de la
inspectora solicitando para
autorizar su apertura
certificado médico de
hallarse los retretes en las
debidas condiciones
higiénicas, que se le envió
de inmediato firmado por el
doctor Manuel Marqués Pérez,
Inspector municipal de
Sanidad y vocal médico en el
Consejo local de Primera
Enseñanza, añadido a los
informes sanitarios
favorables de dos médicos
locales (aquel mismo y
Laureano Alonso González)
sobre las escuelas que días
antes el alcalde ya le había
remitido (no obstante los
cuales insistiría en exigir
el nuevo dictamen).
En un escrito publicado el 7
de aquel mes por El
Adelanto afirmaba la
inspectora que “el médico
del Consejo local no podría
certificar la salubridad del
retrete del patio de las
escuelas, que los vecinos de
La
Bañeza pueden visitar
para convencerse de la
razón”. Fundados en ello, se
propone la Corporación
municipal en su sesión del
día 10 facilitar tal visita
al pueblo
bañezano, y mostrarle
el oficio en que se
señalaban las obras a
realizar, que se han
cumplido. Los retretes,
según la inspectora deben de
estar provistos de agua
corriente, y aunque ella
prometiera enviar planos y
proyecto para la obra
elaborados por el técnico de
la inspección (entonces el
Ayuntamiento carecía de
arquitecto), aún no los
remitió. Todos los informes
facultativos (que de nuevo
se remiten) son en aquella
fecha favorables, y así y
todo las escuelas no se
abren, se dice, y añade el
concejal Narciso Asensio que
“debe descubrirse quienes
son los que quieren que los
niños continúen en la
ignorancia” (a pesar de sus
lamentos por el fin de la
enseñanza religiosa),
mientras que su compañero de
la minoría socialista
Porfirio González
Manjarín propone
informar de los hechos al
gobernador civil para que
adopte una resolución
favorable a la apertura, y
solicitar del Consejo
provincial la contestación a
la relación de lo sucedido
(que aún no se ha dado),
acordándose publicar un
bando invitando al
vecindario a visitar las
escuelas, que se abrirán
unas horas para tal fin, y
que si antes no se abren, el
domingo día 15 se organizará
una manifestación desde la
Plaza Mayor hasta el
edificio en que se hallan
pidiendo su apertura, que no
resultó necesaria, pues en
el siguiente pleno se dirá
haberla autorizado la
inspectora para el viernes
13 de octubre, a reserva de
su visita a los locales.
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La cárcel bañezana y la
represión de la revuelta
de octubre de 1934.-
Después de la revuelta
socialista del inicio de
octubre de 1934, en el
Depósito Municipal de
Presos y Detenidos de La
Bañeza, utilizado como
prisión en la que se
encarceló a muchos de
quienes participaron en
ella, y de acuerdo con
el informe que el
veterinario y exministro
leonés Félix Gordón
Ordás publicaba a
principios de enero de
1935
en
la hoja suelta que
tituló Por la salud
del régimen. La
represión en las
provincias de Asturias,
León y Palencia,
habrían sido
maltratados:
e que en una reunión en el local de la CNT en la capital se acordaba declarar la huelga general revolucionaria con todas sus consecuencias si en las elecciones del 19 de aquel mes triunfaban las extremas derechas, y desde la Dirección General de Seguridad el 9 de diciembre de que el sindicato anarquista y la FAI llamaban en todo el país a la revuelta para imponer el comunismo libertario. Los anarcosindicalistas leoneses, partícipes de las consignas de los comités nacionales de una y otra organización, decidirán comenzar la huelga general el día 11, una vez conocidos los movimientos revolucionarios en Aragón y otros lugares.
Los mártires del monasterio cisterciense de Cóbreces
murieron en su mayoría asesinados por mantenerse firmes
en su fe, arrojados sus cuerpos en el año 1936 a la
bahía de Santander y perdidos bajo las olas, proseguía
la narración del medio astorgano, que añadía que, según
el monje encargado del proceso de beatificación, “eran
estos mártires unos sencillos monjes trabajadores del
campo y de la quesería del monasterio que nunca se
inmiscuyeron en actividades políticas, que arriesgaron
su vida por no traicionar su conciencia, muertos
violenta e injustamente, sin odio y perdonando a sus
agresores”.
Dio pues en resultar y se impuso de este modo la
evidencia de que los infelices que ocupaban aquella fosa
eran cinco bercianos de Noceda y sus alrededores,
asesinados a la mitad de agosto de 1936 (a primeros de
septiembre, según indicaban otras fuentes), y como tales
y para sus familiares que los reclamaban fueron
exhumados en la última semana de septiembre del año
2008. Recuperar sus restos no fue una vez más tarea
fácil (a pesar de lo señalizado de la fosa): a lo
contradictorio a veces de los testimonios que, después
de tantos años, pretenden ayudar a situar las tumbas
clandestinas se sumaba ahora la alteración natural de
los terrenos, y la que por imposición de los trabajos
forestales se había hecho incluso de los vestigios y las
marcas que durante años la estuvieron señalando, pero
así y todo se realizó la exhumación y se culminó una vez
más la labor humanitaria (y cristiana obra de
misericordia) de enterrar dignamente a los muertos con
el concurso y la participación de tantos y de tantas.
En
los años veinte y anteriores (también en los
siguientes) los guardias civiles hacían sus
periódicos ejercicios de tiro en la zona del
Parador, y en 1927 la Corporación ha decidido una
vez más (antes de agosto) construirles las nuevas
dependencias, al tiempo que en septiembre se le
reclama desde el cuartel su blanqueo, comprometido
al menos desde abril por aquélla con el ahora dueño
de la finca, Baltasar Otero Blanco (de San Adrián
del Valle). En julio de 1928 la Comisión Municipal
Permanente da de baja el teléfono del puesto por
haberse agotado la consignación presupuestaria para
ello, que ha de cubrir cuantos suministros y
racionados mensuales desde el Ayuntamiento se le
hacen, según relación que con la misma periodicidad
se remite al Comisariado de Guerra (en 1932 el
Consistorio daba cuenta a la Intervención
Divisionaria de La Coruña de lo abastecido
mensualmente al cuartel).
visitas
a solares municipales aptos para el asiento del
cuartel (se consideró una parcela comunal en la
carretera de Villalís); y en interesar en Madrid en
que éste se construya a los ministerios y organismos
competentes: a diputados leoneses como Félix Gordón
Ordás, Antonio Álvarez Robles (notario en Palencia)
y el clérigo Pedro Martínez Juárez; al militar
bañezano Herminio Fernández de la Poza; a la Junta
Nacional de Defensa contra el Paro; al Gobernador
General de Asturias (del que depende entonces la
Guardia Civil desplegada en la ciudad), y al
Inspector General del benemérito Cuerpo, que señala
“la conveniencia de dotarlo de alguna torreta o
tambores para la defensa en caso de ataque”
(prevención sin duda relacionada con los numerosos
asaltos sufridos por cuarteles en la reciente
insurrección asturiana y en las varias de los años
anteriores). Mientras aquellas gestiones avanzaban,
el viejo cuartel (en un triste anticipo de lo que
volvería a ocurrir después de julio de 1936) fue
testigo de apaleamientos y otras torturas infligidas
precisamente a algunos de los obreros implicados en
la revuelta asturiana de octubre antes de ser
arrojados a poblar el también ruinoso y atestado
Depósito Municipal de Presos y Detenidos de la
ciudad, como recogió Gordón Ordás ante la opinión
pública y el presidente de la República en sus
denuncias de diciembre de 1934 y enero del año
siguiente.
Por
lo que respecta a La Bañeza, su monte encinar
pertenecía al común hasta fines del siglo XIX, y
es ahora propiedad de varios particulares que en
su suelo roturado alzaron hermosas quintas. En
su arbolado se realizaron antaño numerosas
cortas, de inmediato repuestas por la
Corporación municipal, para ayudar al pago de
las contribuciones extraordinarias exigidas
durante la última guerra civil de la
carlistada librada en aquel siglo. El arroyo
Fontorio, originado en los manantiales de
Villalís de la Valduerna y de excelente agua
potable, pierde sus aguas en el Jamuz, cerca de
Santa Elena, sin que la pretensión estudiada
alguna vez por el Ayuntamiento de aprovecharla
conduciéndola a la población llegara nunca a
materializarse. Sembraban ya con máquina algunos
labradores, y las vías pecuarias aún se
mantenían útiles y activas, y así, a finales de
abril de 1918 se interesaba a la alcaldía
bañezana desde la Asociación General de
Ganaderos del Reino el cumplimiento del
Reglamento de 1893 sobre “el deslinde y
amojonamiento de dichas vías desde Sacaojos a
Jiménez de Jamuz”. 
pabellón
del mediodía gracias en parte a la donación
hecha para ello a la Corporación por la regente
María Cristina, que permitió levantar dos
salones para enfermos, locales para escuelas y
habitaciones residencia de las Hermanas de la
Caridad que lo ocuparon algunos años. Una nueva
galería y pabellón acababa de ser edificada
gracias al legado establecido en 1900 por
Gabriel Fernández Cadórniga a su fallecimiento.
En 1926 se pretendía que volvieran las monjas a
su sede, y se recordaba que lo habían regido
años atrás siete Siervas de María, sostenidas
dos por los fondos del Hospital, otras dos a
cargo de suscripciones de familias que gozaban
de su asistencia domiciliaria cuando la
precisaban, dos más a cuenta de la enseñanza de
pago que impartían, y la última mantenida por el
obispado. 
Tales
merecimientos, y
otros más, fueron
puestos de
manifiesto en las
fechas de su
fallecimiento por
El Adelanto Bañezano,
y pocos días más
tarde, señalándolos
también, relataba
José Cruz Cabo en
La Bañeza Hoy
como aquella mujer
que había llegado “a
lo más alto de la
ciencia y la
política”, aquella
insigne bañezana, se
había negado
amablemente cuando
él quiso hacerle una
entrevista, pues “de
La Bañeza no quería
saber nada, ya que
solo tenía recuerdos
dolorosos, al
haberle matado a su
padre al comienzo de
la guerra civil”, al
igual que se negara
a que le dedicasen
una calle y la
homenajearan
conforme a sus
amplias cualidades y
su mucha valía, y
creo que ya toca,
con respecto a tales
afirmaciones,
introducir algunos
matices
aclaratorios:
