---:::---   Actualizado: 22-01-2017   ---:::---

BREVES ARTÍCULOS (A MODO DE FLASHES) EXTRAÍDOS DEL CONTENIDO DEL VOLUMEN II  -  (4)

LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA

(HISTORIA DE LAS TIERRAS BAÑEZANAS DE 1808 A JULIO DE 1936)

Publicados algunos en AstorgaRedaccion (Otros Tiempos), otros en ibañeza.es (Sucedió Antaño), y los demás en el semanario La Bañeza Hoy (Retazos de Nuestro Pasado)

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La revuelta anarcosindicalista de 1933 en Veguellina y en otros lugares leoneses.- El parque de bomberos, la casa de socorro y la junta pro invalidez, mejoras que no se consiguieron.- “Cuando don David compró el Lago de Sanabria…”.- Paradojas familiares de la guerra civil.- El Cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza.- Una panorámica de La Bañeza en 1919.- La Prisión del Partido.- La escuela en el partido bañezano a la mitad del siglo XIX.- La huelga general contra la Azucarera Bañezana en junio de 1933 y sus efectos.- La revuelta de octubre de 1934 en La Bañeza.- Cuando se quiso poner tasas al toque de campanas.-
 

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Iremos trayendo otros a medida que se vayan publicando:

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La revuelta anarcosindicalista de 1933 en Veguellina y en otros lugares leoneses.-

    La española Segunda “República de trabajadores de toda clase” había decepcionado pronto a los obreros, desde que ya en junio de 1931 desencadenara la represión policial contra los cada vez más numerosos movimientos populares. Además el desgaste del gobierno republicano-socialista, que había introducido tantas rápidas reformas, sin terminar ninguna, y el aplastante triunfo en las urnas del frente antirrepublicano y antirreformista el 19 de noviembre de 1933 habían traído incertidumbre, desasosiego social y desesperanza a los grupos proletarios organizados, que veían como el rumbo de la Segunda República daba un importante golpe de timón, frente al cual florecen desde diciembre en toda España abundantes intentos insurrecciónales abanderados por los anarquistas, que también alcanzan a León, a pesar de haberse declarado el estado de prevención ya el 4 de diciembre.

    El gobernador general de Cataluña pedía aquel mismo día al gobierno refuerzos de policía para que puedan descansar los que están allí, muy fatigados por los últimos acontecimientos provocados por los anarcosindicalistas. Se registraban y clausuraban en Madrid el 5 todos los círculos tradicionalistas (protestan sus militantes diciendo que las Casas del Pueblo están llenas de armas y ni se registran ni se clausuran), la oficina fascista de Falange Española y los ateneos libertarios; se retiraba (una vez más) el periódico El Socialista por orden del gobierno y por publicar un artículo violento, y se descubría en Tui (Pontevedra) un intento de sedición entre algunos marineros de la tripulación de la lancha de guerra Cabo Praderas, deteniéndose a los principales comprometidos, prolegómenos todos de actuaciones rebeldes de mayor envergadura que poco tardarían en producirse, y así se declaraba el día 9 el estado de alarma en todo el territorio nacional al estallar un levantamiento anarquista, con ramificaciones principales en Logroño, Huesca, Zaragoza y Barcelona, y con el resultado de cuatro guardias civiles muertos y once heridos, aunque “la rebelión está sofocada”, se añadía entonces. 

    En veinte minutos había creído el ministro de la Gobernación que se ahogaría aquel movimiento perturbador de extrema izquierda que los rumores ya anunciaban para la noche del 8 de diciembre, y en el que no intervendrían más fuerzas que las de la CNT-FAI (como dirá más adelante en el Parlamento Indalecio Prieto, desmarcando de él al socialismo, que a pesar de las retóricas declaraciones revolucionarias de Largo Caballero no secundaría la protesta), lo que no vino a resultar tan sencillo, durando cuatro días y dejando 75 muertos y 101 heridos entre los revolucionarios, 11 muertos y 45 heridos de la Guardia Civil, y 3 muertos y 18 heridos de las fuerzas de Seguridad.

    Sólo a partir del triunfo conservador en las elecciones generales de noviembre comenzaron a producirse (a acrecentarse más bien, al tiempo que abundaban los intentos insurreccionales en toda España) los desórdenes en la provincia leonesa, en la que los problemas básicos que convulsionaban la vida del país (la Reforma Agraria, la cuestión religiosa y el paro obrero) no tenían traducción, y donde el sindicato UGT era reformista, sin ser faista el anarcosindicalismo, un reformismo sindical que obedecía a la cercanía de los trabajadores más a su antigua mentalidad agrícola que a su condición de asalariados. Por otra parte, el gobernador civil de León, Salvador Etcheverría Brañas, tenía ya conocimiento el 10 de noviembre anterior, por el informe del agente de Investigación y Vigilancia asistente a la misma como delegado gubernativo, de que en una reunión en el local de la CNT en la capital se acordaba declarar la huelga general revolucionaria con todas sus consecuencias si en las elecciones del 19 de aquel mes triunfaban las extremas derechas, y desde la Dirección General de Seguridad el 9 de diciembre de que el sindicato anarquista y la FAI llamaban en todo el país a la revuelta para imponer el comunismo libertario. Los anarcosindicalistas leoneses, partícipes de las consignas de los comités nacionales de una y otra organización, decidirán comenzar la huelga general el día 11, una vez conocidos los movimientos revolucionarios en Aragón y otros lugares.

<<<<< Un joven participante en la revuelta detenido por la Guardia de Asalto en Zaragoza

    Una visión cercana e interior del cómo y el porqué de la asonada que estalló en Veguellina de Órbigo (donde la CNT contaba en septiembre de 1932 con 169 asociados en su Sindicato de Oficios Varios, representados por Victoriano Fernández en el III Congreso Regional; en la vecina Astorga aún funcionaba a la altura de 1925, concebida y gestionada bajo criterios ácratas, una Biblioteca Pública Naturista) y en otros lugares del país y de la tierra leonesa nos la facilita Victoriano Crémer cuando en Ante el espejo vuelve atrás la mirada, con ojos de vencido,

hacia la que con presunción se dio en llamar “Revolución del 33” y que ni siquiera fue motín con probabilidades de éxito, sino demostración del mal humor nacional, preferentemente de los trabajadores de todas clases, salidos o sacados de sus casillas por las confusas operaciones electorales de un mes de noviembre en el cual se le dio el voto a la mujer y se perdieron todos los estribos republicanos y democráticos que nos parecía que habíamos conseguido arrancar de sus tradicionales poseedores.  

Si tan sólo hacía dos años que habíamos decidido, pacíficamente, transformar la carátula del país y poner el gorro frigio a la copiosa matrona nacional, no cabía admitir que solamente dos años después, las urnas, donde se cuecen todos los engañosos juegos democráticos, hubieran dado el triunfo total a la confabulación capitaneada por Gil Robles y los caballeros de la CEDA y que, como satélite adherido, apareciera al frente del Gobierno nada menos que Alejandro Lerroux. Aquella Confederación de las Derechas Autónomas, así que se hizo cargo del mando, comenzó la tarea de desmontar los pocos signos de progreso y de emancipación de los siervos que la República había sugerido. Y la llamada Reforma Agraria quedó borrada, y las incautaciones devueltas a sus poseedores tradicionales, y los tanteos para la contención del poder militar y eclesial se tiraron por la borda de una nave que desde sus primeros avances había enarbolado la bandera de la contrarrevolución preventiva. Algo que los obreros y campesinos no acabaron de comprender por mucho que se les explicara.

Y como ya en la apenas nacida República los trabajadores se habían sentido profundamente defraudados, así que comenzaron a entrever los entresijos de una política que se anunciaba claramente, despiadadamente, impíamente revanchista se propusieron impedirlo.

Para que aquel ensayo de revolución del año 33 apareciera con todas las contradicciones, se promovió en el mes de diciembre, el periodo menos indicado para echarse a la calle, y mucho menos aún en regiones como las leonesas. En León, una de las ciudadelas del buen entendimiento social; con un partido republicano radical que no desertaba de su coordinación y coherencia con las tribulaciones populares; con un partido socialista exasperado por lo que tenía aquella aparición de las derechas autónomas de derrota en toda la línea de sus previsiones; y sobre todo con una Confederación Nacional del Trabajo que no había digerido todavía las defecciones socialistas durante los primeros tanteos republicanos, con aquellos barbarismos de Casas Viejas, de Arnedo, o de las deportaciones de los más significados hombres de la Federación Anarquista Ibérica, con el leones Buenaventura Durruti en cabeza, ni estaba dispuesta a que los nuevos amos de la finca les negaran el pan y la sal, fue la Revolución.

Se levantaron en armas los hombres de la mina, las gentes ácratas de Fabero del Bierzo y las de La Valcueva y las de Toreno, y más o menos todas aquellas que rumiaban en soledad sus desencantos. Y a bombazo limpio, con más coraje y corazón que cabeza, se lanzaron a la conquista del mundo. Tomaron el cuartel de la Guardia Civil y produjeron la muerte de algún representante de la Ley. Y se dispusieron a tomar Ponferrada, su proyección revolucionaria máxima, su objetivo estratégico principal. Ni fue posible la guerra, ni fue ya posible la paz, salvo la de los sepulcros.

Se inició la represión, la reconquista, y pagaron los de siempre. El gobernador civil de la Provincia, Salvador Etcheverría Brañas, impuso la ley a bandazo tronante, y las cárceles de León, de Astorga y de Ponferrada se llenaron de desilusionados y deslumbrados. Fue una guerra estúpida, un movimiento táctico criminal, y una represión desmesurada. Ni los muchachos que habían tomado lo de la revolución en serio, a lo que tenían perfecto derecho, ni las víctimas entre los Guardias Civiles merecían un tan pobre, tan triste y tan paranoico montaje. Murieron cuatro romanos y cinco cartagineses. Pero quedó en la boca de cuantos intervinieron y en los que siguieron el relato, un sabor ácido que les venía de las entrañas.

De los entresijos de aquel episodio bárbaro nadie parecía querer saber nada. Sólo los anarquistas de la CNT, los apasionados y fieles cachorros de la FAI; ni el Partido Socialista ni la Sindical del mismo apego tenían nada que ver con la tremenda refriega organizada.

A los republicanos de todos los colores les parecía inoportuno, inadecuado y negativo el ensayo revolucionario, tal vez porque si salía bien, podía extenderse el invento y dar al traste con la casta y pura doncella republicana; para los socialistas, porque como miembros de la combinación republicano-socialista, llamada a gobernar por las buenas, aquellas malas no le servían sino para descubrir sus posibles fallos ante los trabajadores; y a los núcleos victoriosos de las derechas acumuladas, tampoco les convenía comenzar su andadura gubernamental machacando masas proletarias y tiñendo las crónicas de sangre.

Solamente los encendidos e irreconciliables libertarios encontraban el levantamiento, no solo justificado, sino propicio para una posible extensión y sobre todo para una comprobación de fuerzas.

Consecuencia lógica de tantísima confusión, las carreras a pelo, las escapadas tácticas, los escondites bajo la capa del cielo. Y en León, no faltaban ni heroicos fugitivos, ni técnicos en los juegos del escondite y de la dispersión.

Así aquel Elías García Sobrino, el que escribía los mensajes y las proclamas en tiempos de huelga, hombre austero y leal entregado tan de por vida a la “causa” que en ella acabó consumido y convertido en cenizas mártires. O aquel José Rey Álvarez, tan sereno y tan entero en los momentos de mayor riesgo; o Manuel Durruti Domingo, emplazado para la muerte en el año inmediato; o Melón Prieto, que empezó por ser boxeador y acabó zurrándoselas con el viento, como el personaje de Machado, o Juan Monje Antón, de la raíz de los negrillos de la tierra, pequeño, acortezado y duro, que un día le robó un fusil al centinela del Cuartel de la Fábrica; o “El Zancajo”, que cargó a hombros con su padre enfermo y le trajo a morir al pie de casa, y que luego fuera ejecutado a garrote vil en el patio de la carcelona de Puerta Castillo, en el año de la gran derrota, en el extravío del año 36; o “El Canalejas”, que era como un César Vallejo, en pequeño, al que todos le pegaban sin que él hiciera jamás daño a nadie, y que en la canallesca bronca del año 36, fue apresado en su casa de Puertamoneda, trasladado en un coche misterioso, como eran todos los que se dedicaban a la recogida de desleales, por las milicias sin padre ni apellidos políticos registrados, a la Diputación Provincial, que era donde se había establecido el cuartel general de los guardianes del orden público y de las puras esencias de la raza, y ya nadie volvió a saber de su vida ni de su muerte.

Todos o casi todos los que en aquel trágico esperpento del año 33 fueron detenidos, interrogados o borrados del censo por paradero desconocido, cuyo fracaso derivó en la paulatina declinación del poder sindical de la CNT, de cuyos componentes, sobre todo de sus fieles de la FAI, no quedaría sino un recuerdo como de leyenda, que el feroz holocausto del año de la sublevación de los sargentos habría de afirmar, en el año 1936 (¡Apenas tres años después de que se apagaran  las llamas de la ingrata sublevación de los pobres!), acabaron no diré que de mala manera, porque de muchos ni siquiera se sabe cómo fueron suprimidos.

    El 11 de diciembre se remitían a los alcaldes del partido bañezano copias de los bandos fechados el 9 y que el gobernador civil había enviado el día antes al regidor de La Bañeza y a los de las demás cabezas de partido y villas y pueblos señalados (como Santa María del Páramo, Benavides, Hospital de Órbigo, Villamañán, Valderas, Veguellina, San Cristóbal de la Polantera, o Riego de la Vega) declarando el estado de alarma en la nación, cuyos acuses de recibo se devolvían de  Pobladura de Pelayo García el día 13, de San Adrián, Destriana, Quintana del Marco y  San Pedro Bercianos el 14, y el 15 de Santa Elena de Jamuz y de Castrocalbón. El mismo día 11 se corta por algunos revoltosos la línea telefónica que une León con Galicia y la telegráfica entre Astorga y la capital, y se inicia en la mañana una huelga que afecta a todo el ramo de la construcción y a las fábricas, a la que se suman por la tarde los tipógrafos, con lo que no habrá prensa el martes día 12, aunque si parece que abrió el comercio en la tarde de la fecha anterior.

    Los sucesos revolucionarios anarcosindicalistas resultarían de más aparatosa gravedad en Cataluña, la Rioja, y Aragón (entre las víctimas habidas en Zaragoza se contó al leonés de Villarejo de Órbigo Dionisio Martínez Fernández, de 19 años, muerto cuando prestaba servicio como repartidor de Telefónica), y en la provincia de León alcanzarían los chispazos de aquel movimiento (así los nombra El Diario de León) a la capital, donde declararon la huelga general los elementos de la CNT, no publicándose los periódicos y adoptándose grandes precauciones, sin que la normalidad se viera alterada (aunque la policía controlaba la situación en un par de días –dirán otras fuentes- y detenía de inmediato a los anarquistas más activos), y a lugares de la cuenca minera del Bierzo como Cacabelos, Fabero (donde los cenetistas del Sindicato Único Minero, capitaneados por el natural de Requejo de la Vega Clemente Gregorio Aparicio Pérez proclamarán el comunismo libertario), Vega de Espinareda y Villafranca, donde estallaron focos revolucionarios (principalmente en las tres primeras poblaciones), habiendo salido para Ponferrada dos compañías del Regimiento nº 36 de León (en nueve automóviles de línea requisados, a cargo de un comandante y dos capitanes, uno de ellos Eduardo Rodríguez Calleja) y una compañía de ametralladoras de Astorga, concentrándose además nutridas fuerzas de la Benemérita, acompañadas todas ellas por dos aeroplanos de la base de la Virgen del Camino. La calma se restableció, huyendo al monte los rebeldes y saliendo para Vega de Espinareda una sección de ametralladoras y 35 Guardias Civiles para reducir a los extremistas, que se hicieron fuertes en este pueblo. En Cacabelos resultó herido un Guardia Civil, y en un camión abandonado por los revoltosos se halló el cadáver de un paisano, todo ello según lo contaba el semanario bañezano El Adelanto el día 16, añadiendo que para entonces la huelga ya se solucionó en León, y reina la tranquilidad en toda la provincia y en España, según comunicaba a los periodistas el gobernador civil. 

    En Valderas los obreros secundaron el lunes la huelga para volver la mayoría el martes al trabajo (excepto los ocupados en la reparación de las calles, que lo harán el día 14), animados por las noticias que les llegan de los disturbios de otras zonas y de las más cercanas, Veguellina de Órbigo entre ellas, donde la revuelta alcanzó graves cotas y “más se sintieron los horrores de la huelga revolucionaria”. Fue allí “víctima de un criminal atentado una pareja de la Guardia Civil cuando en la noche del domingo, día 10, se dirigía desarmada al cuartel del pueblo. Un grupo de desconocidos agredió a tiros por la espalda (ya a las puertas del recinto) a los guardias José Muñiz Alcoba y Manuel Guerra Martínez, presentando el primero 14 heridas de bala y 6 el segundo. El estado del uno era gravísimo, y menos grave el del otro. Ambos fueron trasladados en una ambulancia de la Diputación al sanatorio del doctor José Eguiagaray, en León, y habían mejorado ya bastante el día 16 (fecha en que lo narra El Adelanto, en un número “sometido a la previa censura”, como dispone el estado de alarma decretado, aunque los dos quedarán inútiles para el servicio, se dirá más adelante). Se practicaron algunas detenciones, después de que los rebeldes hicieran explotar varios cartuchos de dinamita y cortaran los hilos del telégrafo, teléfono y alumbrado, levantando algunos trozos de la vía férrea, y siendo milagroso que no se produjera una catástrofe a la llegada del expreso de Madrid” a aquella estación de ferrocarril, en la que trabajaría desde 1935 como factor Emilio Sanmiguel Herrero, padre de Lorenzo Sanmiguel Martínez, que tendría años después un marcado protagonismo en la guerrilla leonesa, encabezando una partida (la de “Martínez”), y sobre todo en la red de espionaje tramada en el norte peninsular y organizada por la Embajada inglesa con vistas a proveer a los Aliados de una alternativa en España al desembarco en Normandía de junio de 1944, lo que de haberse llegado a realizar hubiera cambiado radicalmente en nuestro país el curso de su historia.

    Se dirá en El Combate el 23 de diciembre que “cuando los revolucionarios levantaron los raíles del tren en las estaciones de León y Veguellina cortaron al propio tiempo los alambres del disco para evitar el descarrilamiento de los trenes, pues al no poder dar con tal disco vía libre aquellos pararían, como sucedió, haciendo imposible el descarrilamiento,… aunque diga la ‘buena prensa’ (la católica y conservadora) que confundieron los cables del telégrafo (que van por arriba) con los del disco (que van a ras de tierra)”.

    Cuando desde El Diario de León se cargue contra los derrotados revoltosos de octubre de 1934, se dirá el 17 de diciembre que “en la memoria de todos está en Veguellina la revolución de diciembre de 1933, en que la fábrica azucarera estuvo a punto de ser volada con la consiguiente ruina de un centenar de pueblos agrícolas; la Guardia Civil, en sanguinario asedio, se salvó de la muerte por milagro; levantados fueron los raíles del Ferrocarril del Norte con el fin de que perecieran los viajeros del exprés gallego; cortada la línea de Telégrafos y Teléfonos, y derribada la gigantesca red eléctrica de la empresa Fuerzas Motrices del Valle del Luna”, aunque nada se dijo sobre ello (tampoco sobre el derribo del tendido eléctrico) en ninguna publicación entonces, en los días de aquella algarada revolucionaria, y nada se dirá el 14 de marzo de 1935 cuando el mismo diario informe del Consejo de Guerra en el que se juzgarán aquellos hechos.  

    Aquellos hechos sediciosos se achacan desde el semanario bañezano a “los obreros engañados por las predicaciones sangrientas de los jefes anarquistas y socialistas” (aunque los últimos no hubieran tenido participación en ellos y se hubiera tratado de una revuelta de perfil netamente libertario), algo que vendría a formar parte años después de los diversos mitos extendidos y sostenidos por los sublevados: el de que las víctimas de su represión habían sido embaucados por las ideas disolventes traídas a unas sociedades tradicionales, armónicas y pacíficas por gentes de fuera, como los forasteros, “cuatro pillos lenines comunistoides y socialeros –casi todos extranjis- que han laborado los últimos dos años y medio con engaño, huelgas, alboroto y división, explotando al pobre pueblo bañezano”, como dirá el clérigo regente que firma K-Vernícola en sus ediciones del 25 de noviembre y del 2 y 9 de diciembre, en una siembra de burla, desprestigio y odio en la que la publicación persistía, y que, convenientemente alimentados, producirían en pocos años resultados cainitas e inciviles.

    Lo sucedido en Veguellina de Órbigo y en otros lugares había sido la explosión de conflictos fortuitos en los lugares en los que había militancia anarcosindicalista, coincidente con los puntos álgidos de agitación laboral, sindical y social, en acciones mayoritariamente aisladas entre ellas y sin más nexo de unión que ser la manifestación externa del descontento desesperanzado de las clases político-sociales menos favorecidas por la República; una revuelta con más rabia que ideas; un antagonismo que no es más que un frustrado intento de radicalización que ya preludia el resquebrajamiento de la sociedad en bloques enemigos y que parece indicar que en León los gobernantes, los revolucionarios y los militares ya están tomando partido antes del 18 de julio de 1936.

<<<<<  Un rebelde arrestado por la Guardia Civil en Labastida (Logroño)

    En la noche del martes, día 12 de diciembre, se presentaban al juez de Astorga, señor Duque, tres individuos (a quienes perseguía la Benemérita), presuntos autores de los bárbaros sucesos de Veguellina, los sindicalistas Casimiro Riesco y Manuel Martín, de Hospital de Órbigo, y Leopoldo Mielgo, de Puente de Órbigo, que ingresaban de inmediato en la cárcel en calidad de incomunicados. En la misma fecha era detenido por la Guardia Civil e ingresado también en la astorgana Prisión del Partido Antonio Peña Gallego, de Veguellina, y se ordenaba la detención de Miguel González Álvarez (“Sindi”), y de Agustín Arias Rey, a los que se acusaba de agresión. En la siguiente, día 13, dirá el rotativo leonés La Democracia que “el orden es completo en la capital y en la provincia, dándose por sofocado en su totalidad el movimiento, pues éste era el único foco que quedaba en toda España”.

    De inmediato se aplicó sobre los insurgentes la represión que la ley y el estado de alarma establecían, y ya el día 14 pasaban a considerarse hechos de guerra los realizados por la fuerza pública al reducir a los intervinientes en los últimos sucesos, cuando los insurrectos aún merodean y cometen desmanes en los pueblos altos del Bierzo y llegaban a León al medio día, en dos autobuses y custodiados por guardias de Asalto, 21 detenidos de Fabero y Villafranca para ser recluidos en su cárcel por no haber sitio en las de aquellos pueblos. Al día siguiente se traslada a 16 a la prisión de Sahagún, y a la de Astorga se envían otros tantos (además de los 37 escoltados desde Bembibre el mismo día), al tiempo que el gobernador civil impone 32 multas de 10.000 pesetas (o el arresto subsidiario por dos meses en caso de insolvencia, que era el de la mayoría) a igual número de principales promotores, dirigentes y organizadores del movimiento revolucionario, además de otra de 500 al coadjutor de Santa María del Páramo, Antonio Sotillo Sanromán, “por enseñar y obligar a los niños de la catequesis a cantar canciones con la música de la marcha real” (se le levantaría la sanción a finales de enero de 1934, pues aquellos cánticos –a la Virgen- se hacían sin estar presente el sacerdote).

    El 16 de diciembre comenzaba a actuar en León el Tribunal de Urgencia para juzgar a los encartados en la subversión, compareciendo en aquella fecha Gregorio Fernández y Manuel Roces, condenados a 4 meses y 1 día de prisión, dos de los muchos apresados masiva y preventivamente en la capital y en la provincia, la mayoría militantes de la CNT, la FAI, y sus Juventudes Libertarias, en lo que bien puede pasar por magnífico prólogo de lo que sucederá tres años después (algunos volverían a ser detenidos antes, en la revuelta de octubre de 1934), cuando bien pocos sean quienes de ellos consigan escapar a la represión posterior al golpe militar de 1936. En la mañana de aquel mismo día presentaba el gobierno la cuestión de confianza y comenzaban las consultas para formar el nuevo, dándose ya su probable lista. Tres días después en la capital leonesa el mismo Tribunal absuelve a Manuel Durruti Domingo y a otro encausado, condenando a los restantes procesados.

    El día 18 se resolvía la crisis de gobierno nombrando Lerroux (con el apoyo de la CEDA) un nuevo gabinete en el que entran un agrario, un melquiadista, uno de la ORGA, un progresista, uno de la Agrupación al Servicio de la República, uno de la Lliga, y siete radicales, y en el que pasa a Gobernación Martínez Barrio. El 19 Mariano Menor Poblador (del PRRS), pasa a ser el nuevo gobernador civil de León (aunque no llegaría a ejercer de tal, siendo sustituido el día 31 del mismo mes), la misma fecha en la que Gil Robles afirmaba (en un discurso tildado de fascista por las Juventudes Socialistas) que “el país debe de optar entre Largo Caballero y nosotros”, añadiendo: “queremos el poder para hacer una reforma constitucional”, y explicando que a cambio de sus votos espera obtener amnistía para los alzados con Sanjurjo en agosto de 1932 y una profunda revisión de la legislación en materia religiosa y laboral de las Cortes Constituyentes, a lo que responderá Indalecio Prieto que “frente a sus ambiciones dictatoriales de arrasar los logros republicanos no dudarán los socialistas en desencadenar la revolución para defenderlos”, presagio y germen de lo que sucederá en octubre del año siguiente.

    Aún detenía la Guardia Civil de Veguellina de Órbigo el día 23 a Claudio Centeno Santiago (el “Charrero”), “reclamado por el juez militar eventual de aquella plaza” (dice El Diario de León, y tal vez se creara un juzgado específico en el lugar para encausar lo sucedido) por ser uno de los que intervino en la revuelta que allí se originara, y el 26 apresaba la de Vega de Espinareda en Sezano a uno de los complicados en los hechos revolucionarios, mientras en Cacabelos dos fugitivos de aquellos sucesos disparaban contra una pareja de la Benemérita.

A Consejos de Guerra como el de la imagen serían sometidos los revoltosos de Veguellina  >>>

    El 14 de marzo de 1935 se iniciaba en el leonés Cuartel del Cid el Consejo de Guerra (presidido por el coronel del Regimiento Burgos 36 Vicente Lafuente Lafuente-Baleztena (cuyo papel en la represión en León después de la sublevación militar de 1936 le valdría el ascenso a general) contra varios paisanos vecinos de Veguellina complicados en los sucesos de diciembre de 1933 (en cuya preparación intervinieron dirigentes de allí y de la capital, se afirma en la vista) por su agresión a la Guardia Civil que protegía los trabajos de los obreros telefonistas enviados a restablecer las líneas saboteadas, de la que resultaron dos de sus números inútiles y pudo costar la vida a otros dos (dice en su crónica de aquella fecha La Vanguardia). Eran los agresores Antonio García Dueñas (alias Gatiti, considerado como autor), y sus cómplices Manuel Álvarez Silva, Hipólito Abriala Pérez, Agustín Arias Rey (“Pitillo”, que con otros ya había participado en julio en el ataque al contratista Paulino Clérigo), Francisco Fernández García, Pascual Lozano Martínez, Andrés Martínez Blanco, Leopoldo Mielgo Domínguez, Casimiro Riesco Pérez, Joaquín Vega García, Manuel Fernández García y Abundio Lozano Martínez, de Pobladura de Pelayo García (dos procesados “Pitillo” –de 27 años- y “Sindi” –de 25-  no comparecen por haberse fugado con otros cuatro presos el 27 de agosto de 1934 de la cárcel provincial). El fiscal solicitaba la pena de muerte para el primero (además de para los no comparecientes) y condenas de reclusión perpetua para los restantes procesados (excepto Abundio Lozano, para quien, como encubridor, insta seis años de prisión). Los defensores (abogados Alfonso Ureña Delás y Carlos Álvarez Cadórniga), alegando que los hechos no están probados, pidieron la absolución de todos ellos. A la mitad de noviembre de 1935 el ministerio público reclamaría también en Consejo de Guerra la pena capital para el cenetista Timoteo José Álvarez Casasola (también procesado antes en rebeldía), detenido por entonces en Zaragoza (vecino de Veguellina, era natural de Roperuelos del Páramo, y sería fusilado en León, a los 31 años, el 29 de enero de 1938 con su compañero de militancia Abundio, de 25 años, y nueve más), y el 31 de aquel mes se verá ante el Tribunal Supremo el recurso contra el fallo del Tribunal Militar de León que había condenado a Antonio García Dueñas a la pena capital, sentencia que confirmará el 4 de diciembre el alto Tribunal.

    [Habían despedido en Veguellina de Órbigo al comienzo de julio de 1933 a varios obreros en la obra de construcción del puente sobre la vía férrea, ocasionándose protestas contra el contratista de obras Paulino Clérigo (tradicionalista de ascendencia vasca; su hijo Restituto Clerigo Santamaría, maestro cursillista de 1935 nombrado en junio interino para la escuela mixta de San Félix de la Valdería, será en 1937 Secretario Provincial de FET y de las JONS, después de la impuesta unificación de las milicias nacionales), agredido por cinco obreros que le solicitaron empleo, a lo que no accedió por tener cubierto el cupo, y forzado a huir pistola en mano hacia el cuartel de la Guardia Civil, donde se refugió, perseguido a tiros por algunos militantes anarquistas (Agustín Arias Rey –el “Pitillo”- y Manuel Trigal Mata, entre ellos) y apedreado en el trayecto, en el que hizo uso del arma. Los agresores fueron detenidos por los guardias y puestos en libertad poco después. Los dos citados participarán en julio de 1936 en la oposición al golpe militar en Veguellina; el primero conseguirá huir, y será el segundo condenado a muerte por ello y conmutado luego por reclusión perpetua].

    Algunos de los penados en marzo de 1935 ya lo habían sido el 24 de enero de 1934 por el Tribunal de Urgencia de León, que veía la causa por los sucesos de Veguellina, Hospital de Órbigo y otros pueblos durante el movimiento revolucionario contra Casimiro Riesco, Leopoldo Mielgo Domínguez y Andrés Martínez, defendidos también antes por los mismos dos letrados y por Olegario Combarros (aparece como falangista astorgano en el otoño de 1936), y condenados por reunión ilegal a dos meses de arresto mayor, y por sedición a un año y ocho meses. A tres meses se condenó por reunión ilegal a los siete procesados restantes, y por sedición a dos años y once meses, absolviendo a unos y a otros de la acusación de uso de explosivos. 

    Se va al rápido y total desarme en toda España, decía el ministro de la Gobernación, Rico Avello, el día 30 de diciembre de 1933 (circulares gubernamentales para la retirada de armas continuarían dictándose aún en marzo de 1936), y añade que recomendará al ministro de Justicia el rápido establecimiento de campos de concentración de vagos y maleantes (en el centro, norte y sur del país) para aplicar eficazmente la Ley que de ellos se ocupa desde el pasado agosto. El día anterior los presos sociales (denominación que la prensa obrera daba entonces a quienes eran en su mayoría asalariados) de la cárcel de León se quejaban de las pésimas condiciones del edificio y de la insuficiencia del local (se había hecho preciso trasladar a Oviedo a parte de los presos comunes para acoger a los de la revuelta anarquista, promotores de la protesta), algo que se repetirá en el año próximo a iniciarse después de la insurrección socialista de octubre, cuando vuelva a desbordar de recluidos la prisión leonesa, además de las varias de Astorga y el Depósito Municipal de Presos y Detenidos de La Bañeza que como una más de aquéllas seguía funcionando. 

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El parque de bomberos, la casa de socorro y la junta pro invalidez, mejoras que no se consiguieron.-

    Ya en 1914 se proponen desde la publicación mensual El Jaleo soluciones y remedios a las deficiencias que se padecen en el municipio bañezano, como la adquisición de un carro de la basura (la famosa cuba de años posteriores arrastrada por un decrepito jumento a cargo de Nicolás Alba Guadián, que unas veces, deteriorada, se reclamará se sustituya, y otras que sea retirada por el por tantos años pendiente y deseado alcantarillado), la existencia de servicio de bomberos, la actuación de la Junta y la Inspección de Sanidad, y la traída de las aguas que tantos años aún demoraría: en 1945 entre las creaciones que para la Rondalla Los Majos escriben los maestros Lupi y Ricardo Álvarez Acedo se incluye el siguiente cuplé: “dicen que en La Bañeza / bebemos mucho vino / y tenemos la fama  / de ser borrachos finos / pero pasando el tiempo / todo se arreglará / cuándo traigan las aguas / no beberemos más”.

    El día 1 de julio de 1931 acuerdan los ediles bañezanos en el pleno comprar bombas para los pozos públicos de abastecimiento de aguas (de los que todavía se carece en los barrios extremos; en agosto se pretenderá profundizar uno en el Polvorín), y concertar el servicio de bomberos con la cuba de agua existente para el riego de las calles en verano, desechada la propuesta de comprar un tanque automóvil para ello. Aún en estos tiempos discurrían por la ciudad arroyos de agua sucia que iban (al decir de El Bachiller Pérez en La Opinión) “cantando el recorderis al pueblo muerto”. En la sesión municipal del día 15 propone el concejal de la minoría socialista Porfirio González Manjarín que se realice el amillaramiento rústico y se remedien las intrusiones llevadas a cabo en los terrenos comunales, “algunas tan descaradas como las cometidas en el Vallejo y la Cuesta de la Salgada”.

    Varios vecinos habían solicitado el riego de las calles con la dotación de una cuba-automóvil, asunto que se estudiaba en el pleno del 10 de mayo de 1933, reconociendo la necesidad del servicio, y sus dificultades económicas, y acordando sacarlo a subasta para los cuatro meses de verano (de junio a septiembre), separado del de limpieza. Propone el concejal González Manjarín (habitaba el número 2 de la calle Santa Marina Baja, y el 6 de abril había nacido la cuarta de sus hijos, a la que puso por nombre Libertad) proveerse de una cuba-camión, y que se proyecte un servicio contra incendios, ya que de declararse algún fuego en los barrios sería peligrosísimo, asunto que se acuerda estudiar y considerar relacionado con el abastecimiento de aguas. La subasta para ocuparse de aquella nueva prestación municipal quedaría sucesivamente desierta hasta adjudicarse la tercera, a primeros de julio y por 1.100 pesetas, a José Rodríguez Fernández, que debía de regentar (seguramente con su madre, la viuda de Antolín Rodríguez) un puesto de pescado, ya que son ellos parte de quienes a final de marzo reciben del Ayuntamiento la devolución de las cantidades ingresadas por el arbitrio de inspección de pescados que la delegación provincial de Hacienda había anulado al Consistorio.

    En el Ayuntamiento bañezano estaba actuando a primeros de marzo de 1932 como depositario de fondos municipales el oficial de la secretaria Eusebio Aragón Maroto, entretanto se nombraba reglamentariamente uno, y a la espera de que ello se produjera se hizo cargo eventualmente de la depositaría el concejal José Santos Pérez. En la sesión del día 9 de aquel mes el edil socialista y primer teniente de alcalde Ángel González González (uno de los más activos y de los que más propuestas e intervenciones realiza a lo largo de los plenos de todo el periodo republicano, y asistente regular a todos ellos) proponía establecer una Casa de Socorro o clínica de urgencias, de acuerdo para su atención con la cofradía del Hospital de la Vera Cruz (en octubre de 1933 insistirán en ello desde la minoría socialista), y en la del 16 es Porfirio González Manjarín quien reclama la desaparición cuanto antes de la separación del cementerio civil (en torno al 10 de octubre se derribaría la tapia de división, después de que el gobernador civil lo ordenara en oficio del día 8).

    Se mantiene en la discusión de los presupuestos municipales para 1934 la subvención de 1.000 pesetas al Hospital de la Vera Cruz y de Juan de Mansilla. Los socialistas manifiestan de nuevo su antigua pretensión de disponer de una clínica de urgencias, pues es a veces precario el funcionamiento de aquella institución (en accidentes y atención de enfermos pobres), y de contar en ella con unas camas para enfermos tuberculosos. El concejal González Manjarín plantea que se destinen 4.000 pesetas a la creación de la clínica (que ha de ser beneficiosa para pobres y ricos), gestionada con el Hospital, lo que se aprueba (las dos diferentes subvenciones). Se acusa al Hospital de “atender y ejercer por la política”, como mostró el caso de un enfermo desatendido por la desavenencia entre el médico de cabecera y el del Hospital (Manuel Marqués Pérez). Debe “desentenderse del matiz político para que el Hospital sea de todos”, dice González Manjarín, quien afirma que enfermó y se le negó la entrada, y añade que “son los médicos los que ejercen la política, como bien sabe el secretario municipal (José Marcos de Segovia) como jefe que es del Hospital” (que es una “entidad particular y, se le subvencione o no, procederá según sus estatutos”, manifiesta el regidor Joaquín Lombó Pollán). A primeros de febrero se había acogido allí por mandato del juez de Instrucción a una joven de 17 años embarazada y en estado de abandono, posiblemente de Gijón, a cuyo juzgado se comunicaba su ingreso.

<<<< “La Bonifacia”, segundo vehículo de los bomberos de León. Años 20

    En cuanto al recurrente asunto ya tratado de la necesaria clínica de urgencias o Casa de Socorro, se acordaba en la sesión municipal del 24 de febrero de 1934 dirigirse al Juez del Hospital de la Vera Cruz preguntando en qué condiciones pudiera construirse allí. La hija de uno de los dos últimos socorridos por el ayuntamiento por enfermedades de familiares ha sido operada gratuitamente por el doctor Martiniano Pérez Arias e ingresada después en aquel Hospital, y por situaciones como aquella debe de construirse cuanto antes una clínica en la que puedan efectuarse tales operaciones, ya que los médicos se ofrecen gratuitamente a atender a los enfermos pobres. Cuando se estudió el presupuesto municipal para 1934 se consignaba cantidad para ella, pero al no ser aprobado y prorrogar el del año anterior no la hay ahora disponible, ni se concertó ni exploró posibilidad alguna con el Hospital, y de concertarse ahora podría resolverse con parte de la consignación de obras (4.000 pesetas se dice suponer que puede importar todo, incluido el instrumental). Lo importante es (en opinión de los concejales) que la clínica se cree, ya sea del municipio o del Hospital (que ya piensa en construirla, y tal vez acuda a una subvención para ello, se dirá), que siempre ha admitido y atendido a todos los enfermos sin distinción (se dice ahora), el último uno transeúnte enviado allí por la alcaldía.

    Se concede en el pleno del 4 de julio de 1934 un socorro de 50 pesetas a José Villasol del Río, y se acuerda gestionar con su familia la conveniencia de internarlo en un asilo, toda vez que en el Hospital de la Vera Cruz solo se acoge a enfermos agudos. Propone el concejal González Manjarín establecer sobre los vecinos un impuesto para obtener un fondo con el que atender a casos tan lastimosos como este, aunque (le replica el concejal síndico Isaac Nistal Blanco, también socialista) el Ayuntamiento no tiene competencia para ello, y tal función es incumbencia del Estado. Plantea entonces el primero que por iniciativa de la Corporación se cree una Junta pro Invalidez, estimando que “no habrá conciudadano que se oponga a ello, pues los jóvenes deben de atender a los ancianos que no puedan trabajar”, y que se convoque a distintas representaciones para ver la forma de llevarla a efecto. 

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 “Cuando don David compró el Lago de Sanabria…”.-

    Tal afirmación la escuchamos el 20 de agosto de 2010 en Castrocalbón de algunas personas mayores de esta villa, y ella vino a añadir, además de un cierto estupor, un plus de curiosidad a la que desde tiempo atrás ya sentía por la peculiar trayectoria vital de este señalado personaje de nuestra tierra, Félix David Escudero Martínez, truncada por cierto a los 45 años por los fusiles franquistas que injustamente lo ajusticiaron en León el 13 de marzo de 1937 y que había iniciado con su nacimiento el 29 de diciembre de 1892 en dicho pueblo, hijo de José Escudero Vázquez (que daría allí nombre a una mutualidad escolar) y de Ángela Martínez, en una familia que se contaría entre las de más posibles e influencias del lugar y en la que tendría por hermanos a Ignacio, Felipa y Leonor, maestros nacionales como él (los siete vástagos de don José fueron enseñantes –tal vez él también lo fuera-, una de las sagas de docentes que entonces abundaron) y como él sometidos a represión (depurados en 1936, Ignacio en su destino en la escuela de Cabrillanes, en Piedrafita de Babia -que ya ocupaba en 1931-, Felipa en la suya de Chana de Somoza, y Leonor –confirmada al fin en el cargo- en la de Villamediana), y Agustín, persona de entidad suficiente en la comarca como para merecer alguna referencia en las “Notas de Sociedad” de La Opinión, semanario upetista bañezano, cuando se acercaba a La Bañeza (por su afinidad o cercanía familiar al upetismo en Castrocalbón, seguramente), y represaliado también poco después con multa y cárcel por el franquismo (junto con Pedro Marciano Durruti Domingo, hermano del mítico anarquista leonés Buenaventura), pero en este caso por su persistencia en el falangismo hedillista más allá de la caída en desgracia y encarcelamiento del líder y de la unificación con los tradicionalistas de Falange Española de las JONS que el dictador Franco impuso (de “cacique político de Castrocalbón” caracterizará años más tarde Victoriano Crémer  a Agustín Escudero cuando en 1978  narre aquel episodio en su libro Ante el espejo).   

    Sería don David Escudero Martínez en su madurez moreno y bajo de estatura, de nariz roma, frente estrecha y pelo prematuramente canoso; había regentado hasta septiembre de 1932 la Escuela Nacional Número 1 de Niños de su pueblo natal (desempeñada luego por Antonio Descosido Bécares y regida en enero de 1937 por Domitilo García Martínez, el mismo maestro –del republicano Plan Profesional- que muchos años después aún conocimos ocupándose de la escuela “de los mayores” de nuestro pueblo Jiménez de Jamuz, represaliado en agosto de 1939 con traslado forzoso fuera de la provincia y suspensión de empleo y sueldo por dos años), donde ejerció durante la dictadura primoriverista los cargos de presidente de la Unión Patriótica Nacional (UPN), cabo del Somatén local, y alcalde de su Ayuntamiento. Dotado para la enseñanza con especiales y naturales cualidades psicológico-pedagógicas, según sobre él certificó el cura de Castrocalbón, don Constantino Román Carracedo, en febrero de 1937 ante el tribunal que lo juzgaba y que terminó por condenarlo a la última pena por rebelión militar. De Castrocalbón pasó a enseñar en el siguiente curso en Destriana, y de allí en septiembre de 1933 a residir en la capital y a ejercer, previo concurso de méritos, como Regente de la Escuela Preparatoria para el ingreso en el Instituto General y Técnico de León, situada en su mismo edificio y cuyo funcionamiento se inició en el curso 1933-1934, pasando a enseñar luego en las Escuelas Julio del Campo. Antes, el 25 de abril de 1931, era propuesto al gobernador civil por el Jefe de Estadística de León como uno de los funcionarios que debían de ocuparse de la rectificación del censo electoral del distrito de Castrocalbón.

David Escudero Martínez  >>>>

    Tiempo atrás había practicado la poesía, y de su afición quedan algunas muestras recogidas en su obra poética publicada por Ediciones El Paisaje en el número 2 de su Colección Futuro, y en febrero de 1989 por la revista Norte, y en la última valoraciones de no poca estima en cuanto a su calidad y estilo, comparable al de Miguel Hernández en algunas de sus composiciones y temática, “anticipadamente hernandiana”, se dice, y premonitoria por otra parte a veces de “tanta muerte que vuela en él y que lo muere, sombra de su barco que naufraga y cuyo rumbo se perdió cualquier mañana”, la de su asesinato por los salvapatrias tal vez …. Había publicado don David cuatro poemarios, el que tituló Sombra de tu luz hacia 1932, el único conservado (por su hermana Felipa, maestra entonces en Bembibre); de los otros tres se deshicieron sus hijos, arrojados al fuego que atizaba el miedo cuando las pertenencias y los escritos de los sacrificados en la inquisitorial hoguera eran objetos peligrosos.

    A pesar de la deriva ideológica que lo llevó (como a tantos otros entonces, docentes muchos de ellos) desde el conservadurismo hasta 1933, en cuyos medios escritos participó frecuentemente, a mostrar simpatías revolucionarias ya en octubre de 1934 (según acusaciones de los rebeldes militares que lo juzgarán y condenarán por rebeldía en 1937), y a militar y desempeñar cargos de relevancia en el socialismo provincial en 1936, mantuvo David Escudero intacta hasta el final de sus días una profunda simpatía por el que había sido el dictador Miguel Primo de Rivera, y también un soberbio retrato de éste que es muy posible que él mismo le regalara, tal vez en la segunda de las ocasiones en las que don Miguel visitó nuestra provincia, en 1929, y con quien el maestro de Castrocalbón (y alcalde, responsable de la Unión Patriótica local, y jefe de su Somatén) pudo haberse fotografiado en compañía de otras autoridades y responsables upetistas leoneses.

    De don David se nos dijo en su pueblo de origen ser persona que anduvo frecuentemente ocupado en iniciativas idealistas y en negocios a menudo naufragados, buscando siempre maneras de acrecentar el progreso de sus convecinos y paisanos, y una de aquellas habría sido el frustrado intento de crear una explotación agrícola de regadío en los extensos predios familiares de la Chana. De su cercanía al marqués de Estella, seguramente desde el ejercicio de sus cargos políticos de entonces, daría fe la existencia de alguna fotografía que fija momentos compartidos con aquél surcando en barca precisamente las aguas del zamorano Lago de Sanabria en alguna de aquellas dos visitas del dictador a nuestra tierra, en las que es más que posible que se gestara su “adquisición” del lago, posiblemente una más de aquellas aventuras empresariales arriesgadas y de escaso éxito en las que el maestro solía involucrarse.

    Por otra parte lo que en su pueblo nos han definido como “compra”, bien pudo tratarse de la obtención de alguna concesión de explotación de recursos asociados al lago o a sus aguas, por cuanto el aprovechamiento de sus pesquerías y de los pastos de las tierras circundantes estuvo durante siglos en manos de monjes de la zona (pleiteando por ellos desde el siglo XV con los condes de Benavente) hasta la desamortización de Mendizábal que los entregó por 127.530 reales de vellón a los señores de Villachica, para terminar con su declaración de bien de dominio público ya con la Segunda República, en mayo de 1932. De haber sido así, la adquisición por don David de los derechos de algunos de los rendimientos del lago a la nieta heredera en 1920 de Manuel de Villachica hubo de enredarse hasta hacerse inefectiva en el intrincado pleito que vecinos de los pueblos de las inmediaciones inician en octubre de 1930 por la recuperación de la propiedad del cauce y la masa líquida del Lago de Sanabria, y que se saldó dos años más tarde y después de diversos contenciosos y recursos con la declaración citada.   

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Paradojas familiares de la guerra civil.-

    A mediados del pasado octubre diversos medios nacionales y provinciales noticiaban la beatificación (iniciada en 1964) de 18 religiosos cistercienses mártires de la persecución religiosa de 1936 en España, de los cuales 16 pertenecían al monasterio cántabro de Santa María de Viaceli de Cóbreces. También lo hacía un diario digital astorgano (Diario de Astorga - Astorga Digital), señalando que cinco de aquellos mártires eran naturales de la Diócesis de Astorga, uno de ellos (Álvaro González López, de 20 años de edad) de Noceda del Bierzo, donde se celebraba una Misa de Acción de Gracias por los nuevos beatos.

    Los mártires del monasterio cisterciense de Cóbreces murieron en su mayoría asesinados por mantenerse firmes en su fe, arrojados sus cuerpos en el año 1936 a la bahía de Santander y perdidos bajo las olas, proseguía la narración del medio astorgano, que añadía que, según el monje encargado del proceso de beatificación, “eran estos mártires unos sencillos monjes trabajadores del campo y de la quesería del monasterio que nunca se inmiscuyeron en actividades políticas, que arriesgaron su vida por no traicionar su conciencia, muertos violenta e injustamente, sin odio y perdonando a sus agresores”.

<<<< Los mártires cistercienses beatificados.

     Como la publicación digital de tal noticia permitía la inclusión de comentarios a la misma, me permití hacer entonces –el 14 de octubre- el siguiente (que envié al diario astorgano, pero que este no tuvo a bien recoger en su edición, ni tampoco darse por enterado del envío):

    “Todos los asesinatos son odiosos, en todo tiempo y lugar.

    Dicho lo anterior, qué curiosa y paradójica situación la de la familia González-López de Noceda del Bierzo, que contó además de con Álvaro, estudiante cisterciense asesinado con 20 años en diciembre de 1936 en Cobreces víctima de la violencia desatada en el Santander republicano, recordado, reconocido, honrado, e incluso elevado a los altares, con su hermano Tomás, de 24 años, también asesinado, este en la madrugada del 14 de septiembre de 1936 en el paraje de la Reguera de los Lagartos del pueblo ‘nacional’ de Pinilla de la Valdería, y hasta la fecha olvidado por casi todos y nunca homenajeado ni reconocido”.

Pues bien, ante el silencio de aquel medio, me propongo ahondar un poco aquí en la paradoja de esta familia de Noceda, parecida por cierto a las que padecieron en sus afligidas carnes otras familias de nuestras tierras. También me acerco un poco al monasterio de Cobreces, para descubrir (sin que pretenda con ello justificar ningún asesinato) que era señalado en los años republicanos como un destacado reducto de monjes tradicionalistas, y que a uno de ellos, Elías Álvarez Álvarez (natural de Noceda del Bierzo, joven misacantano hacía poco), cuya detención se había encargado a policías de Astorga en agosto de 1932 por su implicación en el complot del fallido golpe de Estado entonces encabezado por el general Sanjurjo, lo apresaban después en León “por repartir por Bembibre y Noceda un manifiesto tradicionalista y hojas subversivas (pasquines monárquicos sediciosos) el día de la sublevación”, y conjeturar que bien pudo pesar la adscripción ideológica que a aquellos frailes trapenses se atribuía y su cierta o pretendida complicidad en aquella y en posteriores conjuras monárquicas en el injustificado, brutal y absolutamente execrable asesinato de los 18 monjes el 2 de diciembre de 1936 en Santander a manos de incontrolados milicianos de la FAI (que pagarían holgadamente por su crimen a poco que después fueran hallados).  

    En cuanto al otro asesinado de los González-López (el primero de los dos terribles mazazos sufridos por esta familia), Tomás, de 24 años, hermano de Álvaro, martirizado y también perdido, él durante 72 años bajo la tierra de un pinar en Pinilla de la Valdería (si cabe más perdido y más olvidado, sin que nadie lo incluyera ni lo honrara bien pronto en ningún martirologio, ni siquiera públicamente lo nombrara), sus restos no serían recuperados hasta que en los finales de septiembre de 2008 se exhumara por la ARMH la fosa común sita en el pago de aquel pueblo conocido como la Reguera de los Lagartos a la que se llegó tras una laboriosa y enrevesada indagación sobre las identidades y circunstancias de quienes, también bárbara e injustamente asesinados, habitaban aquella tumba colectiva.    

Señalización de la fosa en la Reguera de los Lagartos  >>>

Los indicios y los testimonios apuntaban a tratarse de bañezanos quienes en ella habían sido echados, pero bien avanzada la investigación tendente a identificar y recuperar los restos de todos ellos, se cruzó una vez más lo inesperado en el camino (…el tejer y destejer de las siempre intrincadas averiguaciones; el encontrar un dato, una pieza del complicado puzle, que trastoca y descoloca buena parte de las ya antes situadas y que hace reconsiderar y recomponer de nuevo las certezas…), de manera que llegamos a encontrarnos con dos grupos de paseados que supuestamente habrían terminado ocupando la misma fosa: coincidían el número de los asesinados, y las fechas; incluso algunos de los minuciosos detalles coincidían, y había testigos muy directos de cuándo y cómo habían sido allí enterrados… Pero podía tratarse de un grupo solamente…

El otro, el dato nuevo e inesperado, vino también una vez más por la vía de una petición de ayuda a la ARMH de familiares de Noceda del Bierzo y cercanías para encontrar a sus desaparecidos, que aseguraban que allí, en Pinilla de la Valdería, habían acabado con la vida de los suyos. También eran extensos los pormenores conocidos de los hechos, y sólidas las evidencias de tratarse de este grupo de víctimas (el reloj de una de ellas se había hecho llegar por uno de quienes las enterraron a su viuda), y no, por lo tanto, de quienes habíamos creído bañezanas, y hubimos de enhebrar la explicación del porqué algunos de quienes, del mismo pueblo de Pinilla, los habían enterrado (se obligó a hacerlo –como ya se hiciera a primeros de agosto con los cuatro asesinados en el paraje de Cuestas Agrias- a los vecinos incluidos en la lista roja de los considerados desafectos) se convencieron y dijeron siempre, y así nos lo testimoniaron, haberse tratado de desdichados bañezanos: falangistas de La Bañeza llegaron pegando tiros al lugar al día siguiente de la carnicería perpetrada para asegurarse de que a los muertos les habían dado tierra.  

    Dio pues en resultar y se impuso de este modo la evidencia de que los infelices que ocupaban aquella fosa eran cinco bercianos de Noceda y sus alrededores, asesinados a la mitad de agosto de 1936 (a primeros de septiembre, según indicaban otras fuentes), y como tales y para sus familiares que los reclamaban fueron exhumados en la última semana de septiembre del año 2008. Recuperar sus restos no fue una vez más tarea fácil (a pesar de lo señalizado de la fosa): a lo contradictorio a veces de los testimonios que, después de tantos años, pretenden ayudar a situar las tumbas clandestinas se sumaba ahora la alteración natural de los terrenos, y la que por imposición de los trabajos forestales se había hecho incluso de los vestigios y las marcas que durante años la estuvieron señalando, pero así y todo se realizó la exhumación y se culminó una vez más la labor humanitaria (y cristiana obra de misericordia) de enterrar dignamente a los muertos con el concurso y la participación de tantos y de tantas.

<<<< Labores de exhumación de la fosa. Septiembre de 2008.

Harto intrigante y curioso nos había resultado en su momento la adscripción de los dos diferentes grupos de paseados a la misma fosa de Pinilla, con coincidencias y disimilitudes entre ambos, y aunque el porcentaje de certeza al atribuirla a los asesinados bercianos había sido muy alto, aún nos rondaba una minúscula pero desazonante duda en cuanto a lo acertado de tal atribución, a pesar de saber que la pendiente y ulterior labor del análisis antropológico y genético de los restos en el laboratorio despejaría toda posible incertidumbre y afianzaría del todo las certezas, cuando obtuvimos la confirmación documentada de no haber errado en ella, además de la radiografía un tanto detallada de lo sucedido con los desgraciados que allí fueron ejecutados, y del camino seguido en su calvario, y esta nos vino desde los archivos de la Causa General para Oviedo y León:

En 1941 se unió a una de sus Piezas noticia del asesinato “en La Bañeza, el 13 de septiembre de 1936”, de uno de los bercianos de Noceda, Tomás González López, de 24 años, junto con el de su hermano Álvaro, de 20, estudiante con los frailes Cistercienses en la Abadía de Cobreces, “de significación política tradicionalista” y asesinado este en diciembre del mismo año en el Santander republicano “por elementos de la FAI”. En documentos de principios de 1942 se alude a Tomás como “asesinado por los marxistas”, y se envía exhorto al Juzgado municipal de Noceda del Bierzo para que se tome declaración sobre ello a Vicenta López Núñez, viuda, madre de Tomás y de Álvaro, y de José, su otro hijo, que ocupa una plaza de Oficial provisional de Prisiones en el Destacamento Penal de Orallo de Luna (posiblemente porque había sido voluntario falangista y teniente de Infantería en la contienda), y que en documento que a la misma Causa General dirigía en noviembre del año anterior manifestaba que su hermano Tomás había “desaparecido (asesinado), el 13-09-1936 sin culpa (creo que por equivocación) cerca de La Bañeza”, y que “se sabe donde está enterrado”. 

En la declaración que el 17 de enero de 1942 ante el Juez municipal hace la madre se refiere a Tomás como “soltero, jornalero, sin significación política, que se hallaba trabajando en la siega de la hierba en tierras de Laciana cuando estalló el Movimiento Nacional y fue ocupada aquella región por los mineros; que regresó a su domicilio cuando fue la zona liberada para reintegrarse al Ejército con su quinta, que estaba siendo llamada a primeros de septiembre; que el día 11 de dicho mes un sargento del pueblo con otros que no eran conocidos ni conocedores del lugar lo hizo subir a un camión diciéndole que lo llevaban para incorporarlo al cuartel de Astorga y dirigiéndose a Bembibre, donde pernoctó, con otros, en la cárcel; que al día siguiente se presentó ella en Bembibre para llevarle la Cartilla Militar y algún dinero; que volvió a Bembibre a visitarlo el día 13, y que le salió al encuentro Antonio, el sargento que lo había detenido, el cual le manifestó que su hijo había quedado ya en Astorga, y que a quienes lo acompañaban los mataron; que como no tuvo en los siguientes días noticias de su hijo trató de saber donde se hallaban él y los demás que salieron juntos de Bembibre, y que supo que el día 14 en el pueblo de Pinilla de la Valdería sintieron disparos en la madrugada (28 segaron las vidas de aquellos desdichados, según nos testimoniarían en el pueblo 72 años más tarde) y que personados los curiosos y con ellos la Maestra, reconoció ésta el cadáver de uno de ellos (cinco en total) por haber sido Maestro compañero en Felechares de la Valdería; que supone que entre los muertos estaba su hijo, por formar parte del grupo con el que en Bembibre también estaba el Maestro, y por otras señas de la ropa y demás que le llegaron; que los cadáveres fueron enterrados junto al empalme de las carreteras que conducen a Astorga y a La Bañeza, y que sus defunciones no se hallan inscritas”.   

    Eran los restantes martirizados en la cuneta de aquella carretera con Tomás González López y a más de setenta kilómetros de su tierra los también vecinos de Noceda Santiago Travieso y José Travieso Travieso, de 47 años, antiguo emigrante en Argentina, Ángel Fernández Corredera, de Viñales, y el maestro José Fernández Riesco, afiliado a la ugetista FETE, destinado ahora en San Justo de Cabanillas, en cuya casa-escuela y en su domicilio natal de Colinas del Campo había dado refugio a los perseguidos alcaldes de Folgoso de la Ribera y de Noceda del Bierzo, motivo, de no haber otros más, por el que seguramente era asesinado (a su viuda, desposeída luego de los muebles por falangistas de Noceda, le sería entregado su reloj). Desconocemos las razones que pudieron provocar el, como todos los demás, aquí y en Santander, también injustificado asesinato de Tomás, pero pudo haber bastado que, como tantos, tuviera fe en el constitucional y legítimo régimen republicano amenazado por el golpe de Estado y se ocupara o se significara de algún modo en su defensa y en mantener el orden y la legalidad durante su estancia en tierras lacianiegas, de donde posiblemente llegarían las acusaciones o denuncias a su pueblo.

Actual placa en el muro de la bañezana Iglesia de Santa María >>>>

    Ignoramos los pormenores, pero estamos seguros de que, como tantos otros impunemente asesinados por los sublevados el 18 de julio de 1936 en la España “nacional”, algunos de aquellos mártires de Pinilla de la Valdería, víctimas injustas de la organizada y violenta represión política de aquellos, lo fueron también por mantenerse firmes en sus ideologías o creencias y no traicionar sus conciencias, y es muy posible que, también como tantas otras víctimas de aquella violencia en tantos lugares, murieran sin odio y perdonando a sus asesinos.

    Así murió, desde luego, y así lo dejó escrito en su postrera carta de despedida a sus allegados (sus padres y sus siete hermanos), el bañezano Joaquín González Duviz (de 30 años, soltero), concejal socialista en la Gestora municipal frentepopulista de La Bañeza, fusilado con otros 17 convecinos en León el 18 de febrero de 1937, cuyo padre, el industrial Vicente González Prieto, sufriría la represión del encierro domiciliario mientras duró la guerra y el expolio de buena parte de sus bienes, además del acoso y las vejaciones y abusos de los falangistas locales padecidos por toda la familia, otra en la que también se dio la paradoja, doblemente dolorosa y trágica, de que otro de sus hijos, Fernando, falleciera luchando en las filas “nacionales” en el frente de Teruel el 5 de febrero de 1938 (contaba 27 años), uno de los “caídos por Dios y por España” (la misma España que tanto perjudicaba a su familia) que todavía son honrados y reconocidos en la placa que desde 1942 campa en la fachada de la bañezana Iglesia de Santa María, un reconocimiento que, como en el caso de la familia González-López de Noceda, poco enjugaría la pérdida del otro hijo y hermano asesinado y olvidado, acrecentando sin duda la ya desmesurada desgracia familiar el tan diverso trato que a uno y a otro aún hoy se tributa.  

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El Cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza.-

En 1874, después de ser despedida de la casa que hasta entonces y desde su despliegue en 1853 ocupaba, se aloja la Guardia Civil en La Bañeza en la llamada Casa-Estudio, acondicionada provisionalmente para ello hasta que en 1878 pasa a habitar un viejo caserón de enorme patio y espaciosos corrales en el Barrio de Bueyes. Unos años antes, en mayo de 1872, junto con 18 voluntarios bañezanos a caballo al mando de don José Latas Valcarcel, la guarnición de la villa se empleó contra una partida de carlistas agrupados en Destriana, a los que cercan en Castrocontrigo haciéndose con cinco prisioneros, monturas, armas y municiones de boca y de guerra. La hazaña y sus autores fueron recibidos en La Bañeza con vítores y júbilo. En el verano de 1873 el gozo se trocaba en pesar por el grave altercado y enfrentamiento producidos entre facciones rivales y afines a la Primera República recién instaurada, sofocados por los cerca de cuarenta miembros de Infantería y de Caballería de la Benemérita asentados en el lugar. 

En 1893 el vecino de la calle de la Parra (oficialmente y desde 1863 de Juan de Ferreras), Juan Tejedor García, acuerda con el capitán accidental de la comandancia, Lorenzo Lapresta Muñoz, arrendar una casa de su propiedad para vivienda de guardias civiles, formalizando un contrato del que remiten copia al alcalde en 1908. Al año siguiente aparece la necesidad de reparar la planta baja de aquel edificio, y Mariano Seoanez Quiñones (uno de los mayores contribuyentes de la ciudad) se compromete a construir una residencia en la que habiten los miembros de la institución armada, lo que no llega a realizarse. En 1910, el 1 de julio, la fuerza destacada en La Bañeza ocupa la casa que en la plaza de los Bueyes (de Romero Robledo desde marzo de 1907 a mayo de 1937, en que se nombra de José Antonio Primo de Rivera) posee la vecina Juana Benito León, lo que comunica a la alcaldía el primer teniente del puesto, Víctor Muñiz, para que se haga cargo de su alquiler; también se hace del costo de 2 pesetas que presenta Manuel Toral “por mudar un viaje de muebles de un cuartel a otro”. Esta será la sede del cuartel, en el edificio que fue después comercio de Eulogio Crespo Moreno, hasta su traslado a la nueva que desde 1937 y hasta el presente ha venido ocupando.

En 1911 la Corporación acordó edificar en el solar del viejo Teatro Municipal (que se preveía derribar) una casa-cuartel capaz e higiénica; se elaboro proyecto con pliego de condiciones y presupuesto para su construcción; se estableció un sistema de suscripciones, y se recibieron solicitudes para ello de los constructores José y Emilio Perandones Cabo, adjudicándose al último en subasta para suspenderse esta después y abandonar el empeño en este punto. Desde entonces hasta 1914 llega a presupuestarse un Pabellón de la casa-cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza, y en febrero de aquel año se solicita al Consistorio el aumento en cinco más de las dos luces del puesto a su cargo. 

En los años veinte y anteriores (también en los siguientes) los guardias civiles hacían sus periódicos ejercicios de tiro en la zona del Parador, y en 1927 la Corporación ha decidido una vez más (antes de agosto) construirles las nuevas dependencias, al tiempo que en septiembre se le reclama desde el cuartel su blanqueo, comprometido al menos desde abril por aquélla con el ahora dueño de la finca, Baltasar Otero Blanco (de San Adrián del Valle). En julio de 1928 la Comisión Municipal Permanente da de baja el teléfono del puesto por haberse agotado la consignación presupuestaria para ello, que ha de cubrir cuantos suministros y racionados mensuales desde el Ayuntamiento se le hacen, según relación que con la misma periodicidad se remite al Comisariado de Guerra (en 1932 el Consistorio daba cuenta a la Intervención Divisionaria de La Coruña de lo abastecido mensualmente al cuartel).

A mediados de septiembre de 1933 el alférez de la Guardia Civil de la línea de La Bañeza  subscribe un oficio según el cual se halla instruyendo expediente para mejorar el alojamiento de la fuerza a su cargo establecida en la ciudad, por haber sido declarada inhabitable la casa-cuartel y negarse el dueño del inmueble a realizar las obras de mejora, y pregunta si el Ayuntamiento está dispuesto a construir un nuevo edificio destinado a acogerlos o a facilitarles uno en condiciones de habitabilidad; a aumentar el importe del alquiler que abona, y en qué cuantía, en otro caso; o se compromete a mantener el mismo que ya viene costeando, todo ello como base para el concurso  que si procede ha de abrirse para la provisión de residencia de la citada fuerza, y acuerda por unanimidad el Consistorio seguir sufragando la misma cantidad por alquiler, después de apuntar el alcalde, Juan Espeso González, la necesidad de construir un cuartel de nueva planta, a lo que se opone la minoría socialista. Se anunciaba al poco (al comenzar octubre) en un periódico de la provincia el arriendo de un edificio para acuartelamiento del puesto de la Guardia Civil de La Bañeza, por tiempo indeterminado y precio de 2.500 pesetas anuales.

<<<< Guardia civil de Caballería

A la mitad de abril de 1934 quedaban suspendidas las órdenes cursadas para el traslado de la benemérita fuerza asentada en la ciudad, pero lo eran con la condición de que se construya de nueva planta o se le facilite adecuado alojamiento, por el vecindario, el Ayuntamiento, o entidades particulares, una de las cuales, la Patronal Bañezana, decidía acometer la construcción de un nuevo cuartel con la colaboración de los vecinos y la de otras que se le sumaran, pretendiendo retomar para su ejecución “a la mayor brevedad y valiéndose del proyecto de entonces con las modificaciones que aconsejen las circunstancias y necesidades actuales” el viejo acuerdo de 1911 por una comisión que, además de haberse desplazado a León y conseguir de los mandos provinciales de la Benemérita retractarse de la ya decidida supresión de aquel puesto, recogió firmas de un numeroso grupo de vecinos (219 suscribieron la solicitud) para reclamar “la construcción de una casa-cuartel que reúna condiciones siquiera medianamente buenas, como la tienen otros pueblos de inferior categoría” (Veguellina cuenta con una nueva y confortable que avergüenza a la casona vieja y destartalada de nuestra ciudad, se decía), alarmados por no disponer el Ayuntamiento de presupuesto para edificar nuevos locales para tal destino y por la posibilidad de que ante las notables deficiencias de higiene y habitabilidad que el edificio alquilado en el que entonces se aloja presentaba pudiese ser trasladada la fuerza a otra localidad, “con grave menoscabo para la tranquilidad pública de esta ciudad y su comarca”, y considerando además que con ella “el problema del paro que parece iniciarse entre nuestros obreros podría encontrar una pronta y por algún tiempo definitiva solución, dándoles trabajo remunerado y eficaz”, mientras el propietario del inmueble pide que se le libre, pues lo necesita para instalar en él su negocio de vinos, y se formula un nuevo proyecto por el ingeniero militar bañezano Fernando López Fernández (que obsequió gratuitamente a su ciudad, y cuya memoria descriptiva firma el 3 de diciembre de 1934 desde Guadalajara), de cuya materialización se va a ocupar el contratista Constantino González Prieto.

Se constituye entonces una Agrupación de Vecinos que de nuevo acopia suscripciones, con el impulso ahora de la entidad bañezana La Patronal y desde la comisión vecinal que la representa (la presidía en septiembre de 1934 el abogado Gaspar Julio Pérez Alonso, y en diciembre de 1935 el propietario César Seoanez Romero), y transcurre el año, y el siguiente, en reuniones de la Corporación y su alcalde entonces, Julio Fernández de la Poza, con los representantes vecinales; en visitas a solares municipales aptos para el asiento del cuartel (se consideró una parcela comunal en la carretera de Villalís); y en interesar en Madrid en que éste se construya a los ministerios y organismos competentes: a diputados leoneses como Félix Gordón Ordás, Antonio Álvarez Robles (notario en Palencia) y el clérigo Pedro Martínez Juárez; al militar bañezano Herminio Fernández de la Poza; a la Junta Nacional de Defensa contra el Paro; al Gobernador General de Asturias (del que depende entonces la Guardia Civil desplegada en la ciudad), y al Inspector General del benemérito Cuerpo, que señala “la conveniencia de dotarlo de alguna torreta o tambores para la defensa en caso de ataque” (prevención sin duda relacionada con los numerosos asaltos sufridos por cuarteles en la reciente insurrección asturiana y en las varias de los años anteriores). Mientras aquellas gestiones avanzaban, el viejo cuartel (en un triste anticipo de lo que volvería a ocurrir después de julio de 1936) fue testigo de apaleamientos y otras torturas infligidas precisamente a algunos de los obreros implicados en la revuelta asturiana de octubre antes de ser arrojados a poblar el también ruinoso y atestado Depósito Municipal de Presos y Detenidos de la ciudad, como recogió Gordón Ordás ante la opinión pública y el presidente de la República en sus denuncias de diciembre de 1934 y enero del año siguiente.

Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de La Bañeza a finales de 1934: Primera fila (sentados de izda. a dcha).- Mauricio Villar Zarza. Pedro Lagarejo Villar, cabo. Tomás Pérez Renedo, teniente comandante del Puesto. Aureliano Cobreros Pérez, cabo. Avelino Torres Martín. Segunda fila (de pie de izda. a dcha.).- José Ríos Vicente. Florián Cordero Juárez. Dionisio García del Buey. Jesús Núñez Flórez. Olegario Ferrero Barrio. Francisco Martínez Barrios. Nemesio Alonso Villar. Florencio Villastrigo Cadenas.   >>>>

Ya en 1935 La Patronal, desde su sede en la calle de Pérez Crespo, urge al Ayuntamiento la inmediata construcción de la casa-cuartel para alojar a los efectivos del puesto bañezano (dependiente de la Tercera Compañía encabezada por el de Valencia de Don Juan, y uno de los doce cabeceras de línea del que dependen a su vez otros cercanos –los de Destriana, Santa María del Páramo, Alija de los Melones, Nogarejas y Truchas-, parte de los 51 de la Comandancia de León desplegados en tres Compañías por toda la provincia) o que le facilite edificarlo a sus expensas en el solar de la Huerta de los Quiñones -desamortizada antaño- que meses antes, en abril de 1934, había entregado al Consistorio, para la construcción de la Plaza del Ganado, José Marcos de Segovia, su dueño por herencia de su tío José Latas (a cambio de 90.000 pesetas pagaderas por el Ayuntamiento en dos plazos anuales), y que la Corporación ahora a su mando decidiera destinar para ello al finalizar aquel año como aporte municipal a las suscripciones populares que entonces se avivan (animadas tras el reconocimiento que en todas partes, y también en la ciudad, se había hecho a las fuerzas que sofocaron la revuelta del pasado octubre) hasta alcanzar a la mitad de lo que el proyecto señalaba como su coste. En 1936 se produce por falta de dinero un pequeño paréntesis en los trabajos, iniciados a mediados de 1935, y producida la sublevación militar del 18 de julio crece en muy alto grado la voluntad de rematar la construcción, y también las aportaciones dinerarias para continuar la obra (con cinco mil pesetas contribuye en noviembre la Azucarera de La Bañeza, aunque a algunos suscriptores habría de insistírseles para que completaran las cuotas comprometidas) que se inaugurará por fin el 27 de mayo de 1937.

La atención facultativa y farmacéutica de los guardias civiles (y de los carabineros) y sus familias estaba a cargo de la Junta administrativa de la mancomunidad de municipios de la demarcación a la que da servicio el cuartel, en parte proporcional a la población de cada uno de los que la componen, y así, en octubre de aquel mismo año 1937, el médico de la Asistencia Pública Domiciliaria del Ayuntamiento de La Bañeza, Manuel Marqués Pérez, le reclama las cantidades que por tal concepto se le adeudan. No había prosperado la propuesta de agosto de 1931 de Santa María del Páramo, que La Bañeza secunda (lo mismo que Carrizo), de que se les eximiera de aquel canon, y así se recogía el 30 de septiembre en La Medicina canaria, revista técnica y de intereses profesionales.

A la altura de 1955 desde el Consistorio bañezano se solicita a la Comandancia General de la Guardia Civil que fije una renta anual de alquiler de la casa-cuartel con la que aquél pueda afrontar los gastos de su reparación y mantenimiento, que aún corren de su cuenta. En 1957 acuerdan abonarle 14.000 pesetas por tal renta desde 1950, que han de reclamar en 1966 por no haber sido aún pagadas desde entonces. 

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Una panorámica de La Bañeza en 1919.-

En 1919, en sus Apuntes para la historia del Partido bañezano, señala el autor Manuel Fernández y Fernández Núñez, abogado y profesor entonces en la Universidad Libre de El Escorial (en agosto de 1924 sería nombrado por el Directorio militar gobernador civil de Lérida), la persistencia de las inundaciones causadas por el Órbigo en los pueblos de su ribera, encharcados en el invierno por las lluvias y en el verano por los riegos. Del tortuoso río Tuerto derivan algunas acequias y molinos, y hubo sobre él y cerca de su desembocadura en el primero un batán y aceñas construidas hacia 1845.  

Por lo que respecta a La Bañeza, su monte encinar pertenecía al común hasta fines del siglo XIX, y es ahora propiedad de varios particulares que en su suelo roturado alzaron hermosas quintas. En su arbolado se realizaron antaño numerosas cortas, de inmediato repuestas por la Corporación municipal, para ayudar al pago de las contribuciones extraordinarias exigidas durante la última guerra civil de la carlistada librada en aquel siglo. El arroyo Fontorio, originado en los manantiales de Villalís de la Valduerna y de excelente agua potable, pierde sus aguas en el Jamuz, cerca de Santa Elena, sin que la pretensión estudiada alguna vez por el Ayuntamiento de aprovecharla conduciéndola a la población llegara nunca a materializarse. Sembraban ya con máquina algunos labradores, y las vías pecuarias aún se mantenían útiles y activas, y así, a finales de abril de 1918 se interesaba a la alcaldía bañezana desde la Asociación General de Ganaderos del Reino el cumplimiento del Reglamento de 1893 sobre “el deslinde y amojonamiento de dichas vías desde Sacaojos a Jiménez de Jamuz”.

Existían cinco fábricas de curtidos al iniciarse el siglo XX, y con ellas y otras tantas de tinte, una de teja y ladrillo, una alfarería, un batán y varios molinos de trigo y linaza sobre la acequia del Tuerto cimentó el lugar las bases de su comercio, prosperidad y riqueza. A ellas contribuía el paso en los meses de verano de los gallegos segadores de camino y de vuelta a las faenas agrícolas por los pueblos de Castilla, que se proveían aquí de lo necesario para su viaje y de lo preciso en sus hogares en los meses del invierno, y para los que ya desde 1898 la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España había dispuesto desde febrero a septiembre un billete de tercera clase reducido para grupos de cinco jornaleros por lo menos que se despachaba en las estaciones de Galicia y Asturias para las de Castilla la Nueva y la Vieja.   

Actualmente abren al público 18 establecimientos comerciales, entre los que once venden telas, cinco productos ferreteros e industriales, y tres mercaderías coloniales. Hay además de las industrias señaladas, fábricas de cera y de harinas, serrerías de madera e innumerables talleres de construcciones mecánicas, almacenes de abonos químicos, imprentas, tahonas, casas de muebles, manufacturas de chocolate, cuatro confiterías, y otras realizaciones de parecidas utilidad e importancia, de las cuales y del peso mercantil de La Bañeza ilustran los datos de la correspondencia telegráfica y postal y los libros de tráfico de su estación férrea (la tercera o cuarta en importancia de la línea Astorga-Plasencia que explota la Compañía de Ferrocarriles del Oeste, declarada de Primera clase en 1926), que acusan más de 20.000 llegadas y 18.000 salidas (sin contar las que arriban o se expiden por la estación de Veguellina de Órbigo, hasta la cual y desde La Bañeza había solicitado un par de años antes un vecino de Vivero, en Lugo, autorización para establecer un servicio de transporte de viajeros y mercancías), y de su ingente movimiento da cuenta la ampliación habida en sus muelles de carga, incapaces ya de contenerlo, todos ocupados por carros, cargados unos de toneles de resina de los pinares de Nogarejas, de remolacha otros, algunos de cacharros de Jiménez, o esperando turno muchos para cargarlos de abono mineral, y la existencia en la ciudad de al menos dos fondas (Hotel Aurora y Hotel Comercio) con servicio regular de carruajes que acercan y trasladan a sus huéspedes a aquella desde sus instalaciones de hospedaje.   

    Además de las ocupaciones que todo ello genera hay otras ejercidas por los numerosos bañezanos titulados: 14 abogados, 5 procuradores de los tribunales, 4 farmacéuticos, varios militares, 6 licenciados en medicina y gran número en diversas carreras literarias y científicas, y un crecido contingente de estudiantes. La positiva cultura y la ilustración de la ciudad alumbran frecuentes actividades artísticas y veladas literarias y la proliferación de numerosa prensa local, en la que vienen publicando una nutrida nómina de activos intelectuales comprometidos con las inquietudes de su tiempo, algunos de los cuales colaboran también en rotativos y publicaciones de alcance nacional. Además de los muchos que firmaban o habían firmado sus artículos aquellos años en los semanarios bañezanos La Crónica, el inicial El Adelanto, El Bañezano, El Jaleo (mensual), El Pueblo (bisemanal), La Voz Bañezana, o Brisas, estos son los nombres de varios de los otros: Rogelio Álvarez, Vicente Fernández Alonso (colaborador también en Madrid Cómico, Blanco y Negro, y en algunos otros periódicos de la Corte), Menas Alonso Fresno y su hijo Menas Alonso Llamas (colaborador de El País), los hermanos Alonso Marcos (José, Ramón y Felipe), los hermanos Fernández y Fernández Núñez (el propio Manuel, José, Alberto, Enrique y Ernesto), Toribio de Lera Ramírez, Evaristo Serrano Rosales, Juan Santos Romero, Francisco Alonso, Félix Cardillo Puerta, Baltasar Otero Blanco, Francisco Freire, Baltasar García Arista, Francisco Baeza Romero, Alberto Fernández de la Poza y muchos más. Era alcalde en 1919 el médico Martiniano Pérez Arias (desde 1918), y lo fue hasta el 10 de diciembre en que lo sustituyó el militar retirado Ildefonso Abastas Prieto merced a la favorable resolución entonces del recurso que sobre la incapacidad de aquél para ejercer los cargos de alcalde y de concejal habían interpuesto cinco regidores el 25 de abril del mismo año.

 El Hospital de la Vera Cruz (refundidos en 1583 en éste los de Santa Catalina y de los Clérigos de la Piedad y agregado en 1631 el del Carmen que fundara Juan de Mansilla) es entonces el único establecimiento benéfico en activo, después de que, ruinoso en 1897, se demoliera y reedificara el pabellón del mediodía gracias en parte a la donación hecha para ello a la Corporación por la regente María Cristina, que permitió levantar dos salones para enfermos, locales para escuelas y habitaciones residencia de las Hermanas de la Caridad que lo ocuparon algunos años. Una nueva galería y pabellón acababa de ser edificada gracias al legado establecido en 1900 por Gabriel Fernández Cadórniga a su fallecimiento. En 1926 se pretendía que volvieran las monjas a su sede, y se recordaba que lo habían regido años atrás siete Siervas de María, sostenidas dos por los fondos del Hospital, otras dos a cargo de suscripciones de familias que gozaban de su asistencia domiciliaria cuando la precisaban, dos más a cuenta de la enseñanza de pago que impartían, y la última mantenida por el obispado.

Mapa de la provincia de León en 1870, dedicado al Ilmo. Sr. D. Gabriel Fernández de Cadórniga  >>>>>

Toda la ciudad produce entonces una impresión inmejorable por sus anchas y empedradas calles, por su intenso y brillante alumbrado público, y por la relativa modernidad de sus construcciones, y en la Casa Consistorial se hallan entonces instalados los servicios de Teléfonos y Telégrafos, la Administración de Consumos, y la Oficina del Cuerpo de Seguridad, institución militar armada y uniformada cuya misión era mantener la tranquilidad pública y la observancia de las leyes en el interior de las poblaciones, procedente aún de la creación en 1877 de la Policía Gubernativa y Judicial por Francisco Romero Robledo, entonces ministro de la Gobernación, y diputado por el distrito electoral bañezano en tantas ocasiones. Existían fuerzas de Seguridad en La Bañeza al menos desde mayo de 1915, cuando “el día 15 el Jefe comandante del puesto y los guardias a sus órdenes detenían a seis puntos filipinos expendedores de moneda falsa” (en los primeros días de febrero de 1916 dispone el gobernador civil que aquéllas fuerzas y las de Astorga y Villafranca se incorporen a León). En 1923 cuenta La Bañeza con uno de los cuatro centros telefónicos explotados por el Estado en la provincia, que da servicio a 99 abonados (142 existen en Astorga, y 93 en Ponferrada).

Ya en enero de 1906 el gobernador civil de León, Antonio Cembrano, había emitido una circular instando a los alcaldes y a los comandantes de los puestos de la Guardia Civil a que por todos los medios a su alcance impidan que se juegue a “los prohibidos”, lo mismo en épocas normales que en días de feria, y en La Bañeza el jefe del Destacamento de Seguridad y la Benemérita recibían a finales de enero de 1919 órdenes del Gobierno Civil de evitar tales juegos, imponiéndose en septiembre desde el mismo multa de 500 pesetas a Maximino Ruiz García, representante del Café de la viuda de Modesto Ruiz García, por la práctica de ellos en su establecimiento, y se le ocupan las barajas. A mitad de julio de aquel año se trasladaba a los integrantes de la primera de aquella fuerza pública por mandato del Director General de Orden Público, lo que motivó que desde la alcaldía bañezana se solicitara su regreso.

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La Prisión del Partido.-

    La Ley de Bases para la reforma penitenciaria de 1869 supuso hasta entonces el más serio intento de implantar un sistema y unos establecimientos penales racionales y renovados. En 1877 se crearon las Juntas de Reforma Penitenciaria en cada pueblo cabeza de partido judicial para la transformación de las actuales cárceles o la construcción de otras nuevas. En diciembre de 1885 la Junta de La Bañeza, de la que es vicepresidente el alcalde José de Mata Rodríguez y secretario José Prieto, y que tiene como vocales a representantes de cada uno de los cinco grupos en que se han dividido los ayuntamientos del partido, proyecta la edificación de una nueva prisión dado el mal estado de la actual, y solicita para ello un terreno del municipio. Se concedió inicialmente uno en las Eras del Cementerio (viejo), con la oposición de Darío de Mata (Rodríguez o Alonso de segundo apellido, que ambos fueron munícipes y alcaldes en aquellos años, cuatro veces entre 1894 y 1912 el primero), que no lo encuentra idóneo para tal uso por hallarse demasiado alejado de la población. En 1890 la Junta acuerda las cantidades con las que, proporcionalmente y según su número de habitantes, han de contribuir a hacer realidad la nueva cárcel aquellos ayuntamientos, que por cierto habrán de seguir colaborando igualmente en los años venideros a su sostén y mantenimiento con sus aportaciones periódicas a los fondos del contingente o presupuesto carcelario. El de Castrocontrigo reclamará en 1896 las 59,79 pesetas que en su parte había ingresado de más, y los de Bercianos del Páramo y Laguna Dalga perdían en julio de 1903 (cuando el edificio está aún en construcción) el pleito que habían interpuesto oponiéndose a participar en tales gastos.

    Según el primer Anuario Penitenciario (1888-1889) de aquella Dirección General del ministerio de Gracia y Justicia, la Cárcel del Partido, prisión no celular, se halla en La Bañeza en estado ruinoso y no reformable; es difícilmente vigilable, y no dispone de condiciones higiénicas ni de seguridad (en febrero de 1886 se había declarado “cesantes a los alcaides de la prisión bañezana y de la de Valencia de Don Juan”, informaba el periódico leonés El Campeón). Antes había habido cárcel municipal en Castrocalbón (en el ayuntamiento, junto con la escuela de primeras letras), en Hospital de Órbigo, en Palacios de la Valduerna, en Alija de los Melones, en Laguna Dalga, en Villademor de la Vega, en Villafer y en Villamañán, entre otros varios lugares provinciales, sitas en las casas consistoriales en todos ellos. 

    En 1891 hay ya un proyecto de cárcel por el moderno sistema celular para el partido de La Bañeza, y entonces debió de iniciarse su construcción, pues ya se cargan aquel año gastos por ello, y los siguientes 1892 y 1894-1898. Las obras se acometieron en dos fases, y al menos de la primera se ocupó el contratista Esteban Guerra Fernández, según los planos del arquitecto provincial Francisco Blanch y Pons, cuya elaboración tardaría (y se quejará por ello) bastantes años en cobrar.

<<<< Prisión del Partido de La Bañeza

    El 22 de septiembre de 1893, como ya venía presagiando su calamitoso estado (y el de todo el edificio, que alojaba además al Consistorio), el tejado de la vieja Cárcel Nacional del Partido (así reza el sello del documento que lo narra) que mira a la calle de la Fuente (después de Manuel Diz) y a la Plaza Mayor se hunde amenazando ruina, oficia al alcalde el Jefe de aquélla, Julián Zamarreño, “con el fin de evitar una desgracia”, la que fácilmente pudiera producirse, dada la animación de aquella calle por residir en ella, durante todo el siglo XIX, la administración de diligencias (seguramente también la de la Compañía de Diligencias del Poniente de España del maragato Santiago Alonso Cordero que desde 1851 disponía de un servicio diario por carretera Madrid-León-La Coruña), y abundar por ello en posadas y mesones y en casas de alquiler de berlinas y landós.

    Finalizando el siglo XIX, cada partido judicial disponía de una prisión, siendo además de Audiencia la de la capital provincial. Señala el Diccionario de Legislación Penal, Procesal y de Prisiones (1898) de Fernando Cadalso, que en La Bañeza, con 3.080 habitantes entonces, existía un Juzgado de entrada, Prisión de Partido y Depósito municipal, todo en un edificio dentro de la población y en un extremo de la misma, construido para Casa Consistorial en el siglo XVII. Tenía dos departamentos para hombres, uno para mujeres, cuatro calabozos y un patio, y como personal un Vigilante segundo, Jefe con 999 pesetas de haber, y otro con 700. Contaba el establecimiento con habitaciones para ellos, y el número de reclusos oscilaba entre 30 y 35, que percibían cada uno 50 céntimos diarios por socorro para su manutención.

    Sorprende que esté mejor dotada entonces que la de Astorga (también sustituida, al igual que otras, como la de Valencia de Don Juan, en los primeros años del siglo XX, ocupando ambas antes sendos conventos desamortizados, el de Santo Domingo la coyantina y el de San Francisco la maragata, al igual que sustituiría la de Benavente al final del XIX a la hasta entonces ubicada en el monasterio de la misma advocación, hospital de sangre el astorgano durante la guerra de la Independencia), que casi dobla a La Bañeza en población, carente aquélla de calabozos y de patio, y sin agua (ha de llevarse de afuera la precisa para los servicios, como en casi todas las de los restantes partidos judiciales), que dispone además de un médico, y que tan solo aloja entre 8 y 10 reclusos. 

    Construida de nueva planta, según el plano y la distribución de la Modelo de Madrid (inaugurada en 1877, en el inicio del proceso de modernización del sistema penitenciario español), dispone la flamante cárcel celular del partido judicial de La Bañeza de habitaciones para reclusos de ambos sexos, patio, jardines, escuelas, capilla y locutorios; cámaras independientes para los empleados, y (en la planta baja y a la izquierda) amplio local para juzgado de Primera Instancia, con sala de audiencia, despacho para el juez, sala de escribanía, salón de abogados, y cuarto de alguaciles. Contaba unos años después con 10 celdas individuales en la planta baja, otras 10 en el piso alto, y 12 en el sobrepiso destinadas a mujeres. Tras atravesar la puerta y el arco principal, a derecha e izquierda y dividiendo un pequeño patio se encontraban las viviendas ocupadas al principio por el director y subdirector (más tarde lo serían por los guardianes, encargados o carceleros); desde allí a través de unas grandes puertas de hierro y barrotes se accedía a “la ronda” que rodeaba la cárcel y era recorrida por los centinelas en sus horas de guardia (además de la que hacían en las garitas a ambos lados del portón de entrada). Entre la ronda y los muros exteriores se hallaba el patio en el que los presos paseaban o jugaban al frontón. Disponía además de un huerto que cultivaban los guardianes de la cárcel. 

    En el Boletín Oficial de la Provincia del 4 de junio de 1902 se anuncia la subasta el 22 de dicho mes, ante el alcalde Darío de Mata Rodríguez, para adjudicar las obras de colocación (“de seguridad y reparación”, se dice en el pliego y presupuesto de las mismas) de las rejas y cristales en la prisión por el importe de 1.052 pesetas, labor de la que se ocupará Melchor Lombó. Acabada en 1903 en sustitución de la antigua “casa de la cárcel” (en cuyo solar se levantará al poco la nueva Casa Consistorial), quedó asentada en el terreno que antes ocupaba la laguna formada por el antiguo reguero que desde el Barrio de los Bueyes bajaba por la calle del Carmen. Inaugurada en 1904, se constituye la Junta local de Prisiones del distrito, “para allegar recursos intelectuales y morales a fin de convertir las cárceles, hoy establecimientos de sufrimiento y castigo, en centros educativos de instrucción y moral”, de la que forma parte, entre otros, el párroco de Santa María, don Lorenzo Sierra y Mazo, y que cede al Estado la propiedad del edificio, aunque años después, en junio de 1924, la Inspección General de Prisiones “participa a la Junta del partido que S.M. el Rey se ha servido aceptar la cárcel que ésta acordó cederle”.

    En mayo de 1916 era Vigilante segundo interino Joaquín de la Huerga Carracedo, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, y lo fue hasta julio de 1917 en que lo sustituyó, con el haber de 1.250 pesetas, Alejandro González Boisán. Mediado agosto promociona por antigüedad a la cárcel de Vélez (Málaga) Ricardo García, y a primeros de septiembre se posesiona Diego Vega del cargo de Jefe de la cárcel bañezana.

    En septiembre de 1928 el Jefe de la prisión comunicaba al alcalde haberse dirigido a la Dirección General de Prisiones solicitando el arreglo de la cárcel, para que coadyuve el Ayuntamiento en la petición, a la vez que le reclama se construya una cocina. En cualquier caso, muy deteriorada debía de estar ya la prisión bañezana en 1931, por cuanto el 4 de marzo de aquel año la Comisión municipal permanente acuerda dirigirse a don Antonio Pérez Crespo, exdiputado a Cortes por el distrito, “para que se sirva gestionar la construcción del edificio cárcel en otro emplazamiento o bien reconstruirla en el actual”. En el inmediato solar del antiguo Teatro Municipal (cedido al ministerio de Instrucción Pública para la construcción en él del tan reclamado segundo Grupo Escolar) se había acordado el 29 de enero solicitar al ministro de Gracia y Justicia autorizara la nueva construcción, intercambiando la titularidad de los terrenos (pretensión y gestiones que se consideraría de nuevo retomar, dada la persistencia de sus desperfectos e inconveniencias, en marzo de 1936).  

    Se solicitará el día 2 de septiembre de 1931 del ministro de Justicia que conceda al municipio bañezano el edificio de la Cárcel del Partido, una de las  310 (de las 407 existentes) que la flamante directora general de Prisiones, Victoria Kent, habría decidido el 13 de agosto clausurar (el personal pasaba a las prisiones provinciales; era oficial de Prisiones finalizando mayo Manuel Martínez García), y al Inspector provincial se pide el 28 poder disponer de alguna de sus dependencias en tanto se tramita y se resuelve la anterior solicitud, aunque el 11 del mismo mes se suprimían las cárceles de partido de La Bañeza, Riaño, La Vecilla, Villafranca y Valencia de Don Juan “por alejadas del ferrocarril y ser de escasa población penal”. El 20 de noviembre de aquel año la petición al mismo ministerio es que se repare la prisión, después de que el 14 de octubre se enterara a la Corporación de “la autorización provisional de usar el edificio que fue cárcel como Depósito Municipal”, en una de cuyas viviendas pedirá residir el Inspector de policía Álvaro Llanos Concejo a cambio de custodiar a los arrestados y detenidos allí depositados, y de que por esas fechas se sume la Corporación a la propuesta remitida desde tres ayuntamientos gerundenses de solicitar la reposición de esta y las demás prisiones de partido suprimidas, a lo que no se accedió, pues al menos la de La Bañeza sigue funcionando como Depósito Municipal de Presos y Detenidos en julio de 1936, bajo el mando hasta poco antes del Inspector de policía municipal (aunque del racionado y los socorros suministrados a los recluidos siguió haciéndose cargo la Prisión Provincial de León, de la cual dependía a estos efectos). Tampoco varió la situación cuando el 18 de noviembre se rectificaban en el ministerio anteriores decisiones resolviendo que la prisión de la villa coyantina y otras se reabran por la vieja fórmula de hacerse cargo los ayuntamientos del partido del 25 % de sus gastos generales, también retomada en La Bañeza, cuya alcaldía habrá de apremiar tantas veces a los del suyo al pago de las aportaciones carcelarias, a las que eran reacios, sino opuestos, muchos de ellos.   

Prisión del Partido de La Bañeza desde la calle del Carmen

    A finales de diciembre de 1931 es Manuel Fernández Raigada quien solicita se le permita residir con su familia en alquiler en el otro pabellón de la cárcel que nadie ocupa, ofreciendo la renta de 150 pesetas y encargarse de los trabajos de carpintería que precisen aquellas instalaciones. Como la labor de Álvaro Llanos en el Depósito no es compatible con su cargo de Policía municipal (a ambos se les permitirá desde mayo de 1932 el cultivo de la huerta contigua al edificio), se dispone que sea Manuel el vigilante mientras el establecimiento continúe cedido al Ayuntamiento bañezano, que recibe el 20 de septiembre de 1934 un requerimiento del Juez de Instrucción que cuestiona su seguridad para seguir siendo usado como tal, después de la fuga habida el día 18 del preso Miguel Jiménez Abad aprovechando que “por falta de obreros” no se habían reparado los destrozos causados en otra anterior evasión de presos (“una ventana abierta por haber serrado las rejas, así como el cerrojo de la puerta de la celda; agujereados los tabiques y rotos los cristales, por lo que la rotonda o vestíbulo quedó convertida en fácil escalera que comunica el patio con la galería central del primer piso”). Se emprende en brevísimo plazo la reparación de tanto desperfecto, ultimada ya seguramente cuando al poco comience el edificio a recibir a los abundantes presos que allí recalarán cuando se reprima la insurrección de octubre.

    Se acordaba a finales de agosto de 1933 atender la solicitud de Manuel Fernández Raigada de turnar con Álvaro Llanos Concejo la vigilancia del Depósito de Presos y Detenidos, según las condiciones acordadas cuando a ambos se les permitió ocupar las respectivas viviendas anejas, que siguen ocupando. Se turnarán por meses, y se sustituirán entre sí cuando sea necesario. Por entonces, aún se desbordaba en ocasiones la plazoleta de la cárcel por el agua que seguía discurriendo por la calle del Carmen. Finalizando febrero de 1934 aprueba la Corporación bañezana la cuenta de 58 pesetas por tres mantas para el Depósito Municipal, atenciones que ahora corresponden al Ayuntamiento, acordándose solicitar de la Dirección General de Prisiones que las solventen desde allí, a lo que no debieron de avenirse, pues en mayo se abonaban nuevas cuentas, por mantas otra vez y por paja de maíz para los jergones.

    Al rematar junio, coincidiendo con la fuga de tres penados que entonces se produce, se remitía un oficio al juez de Instrucción sobre la escasa vigilancia de aquella casona municipal y la necesidad de su reposición como Prisión de Partido, una pretensión a la que se responde desde Madrid a mediados de agosto que “se atenderá tan pronto como las circunstancias económicas lo permitan”, después de haber solicitado desde la alcaldía que en la confección de los próximos presupuestos generales se tenga en cuenta la situación de este Depósito. Al acabar octubre de 1934, lleno a rebosar de detenidos implicados en el movimiento revolucionario del inicio de aquel mes, desde el Consistorio se recordaba al ministerio de Justicia la necesidad de realizar en el mismo un extenso y concienzudo arreglo. Por las infames condiciones de la antigua Cárcel del Partido y por su carencia total de seguridad, que propiciaría varías fugas más (alguna repetida por el mismo recluido), al menos en febrero y en agosto, se continuaría reclamando a los responsables de Prisiones en 1935.

    En 1936, en una distribución que se mantendría en el franquismo, existían prisiones centrales, para el cumplimiento de las penas de mayor duración; provinciales, para penas menores y presos preventivos, una en cada provincia; de partido o preventivas, ubicadas en las cabezas de partido judicial y dependientes de su Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y los depósitos municipales, generalmente una habitación mal acondicionada en la propia Casa Consistorial prevista para retenciones de horas o de días (las comisarías de policía del Cuerpo de Investigación y Vigilancia contaban además con los correspondientes calabozos, lo mismo que los cuarteles de la Guardia Civil). El Estado a través de la Dirección General de Prisiones del ministerio de Justicia gestionaba las prisiones centrales y desde 1922 también las provinciales y las de partido, que hasta entonces habían dependido de la administración local, mientras los depósitos municipales eran competencia de los ayuntamientos, aunque de los socorros de sus presos y detenidos se hacían cargo las prisiones provinciales, como venía sucediendo en el de La Bañeza, en el que en mayo de 1936 la vivienda que ya ha desalojado Álvaro Llanos pasa a ser ocupada por Eulogio García González (apodado “Bulona”, uno más de los numerosos bañezanos que después, en febrero de 1937, serían fusilados en León), que en contrapartida se suma a hacerse cargo, junto con Manuel Álvarez Raigada, de la vigilancia y demás necesidades del Depósito y sus moradores, solventada la de alimentación proveyéndolos de una cantidad diaria (los aludidos socorros), que entonces era de 1,50 pesetas, con la que mercaban en el mismo o fuera su sustento, y el habitual abandono y deterioro no debió de corregirse en mucho (o no fue muy efectivo y duradero si se hizo) por cuanto se siguió denunciando en variadas ocasiones la ruina y las deficiencias de sus dependencias e instalaciones, a pesar de algunas mínimas correcciones emprendidas, y aún el 25 de agosto de 1936 el médico forense bañezano calificaba una vez más de deplorable el estado del Depósito, cuyas penosas condiciones soportaban ya y padecerían a lo largo de muchos años tantos hombres y mujeres injustamente condenados a reclusión por el franquismo como por el pasaron.

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La escuela en el partido bañezano a la mitad del siglo XIX.-

    Ya en noviembre de 1822 acordó la Diputación Provincial de León un Plan de Escuelas (adelantado a su tiempo, pero que no se llevó a cabo) que materializaba en su jurisdicción lo establecido constitucionalmente en 1812 en cuanto a la existencia de una escuela en cada pueblo, su duración de ocho meses lectivos al menos en los de número inferior a cien vecinos y de todo el año en los que lo superen, las dotaciones de los ayuntamientos para el pago a los maestros y para disponer de locales decentes y sanos y adecuados utensilios de enseñanza, los horarios escolares, las materias a impartir, la supervisión mensual de educadores y educandos por los consistorios y los párrocos, y la separación de niños y niñas incluso saliendo al “recreo” en distinto tiempo cuando solo hubiese una escuela, que habría por ello de ser mixta, avanzándose notablemente en las siguientes décadas, de modo que en 1847 y según lo que sus corresponsales le contaron a Pascual Madoz, había 807 escuelas elementales en ella, del total de 13.334 calculado para todo el país, aunque solo 92 se ubican en edificio propio, y 715 lo hacen en local alquilado, y de ellas gran parte eran de las llamadas incompletas, las que solo se abrían desde noviembre hasta febrero, época en la que los rigores climáticos no permitían la ocupación en labores agrícolas y pecuarias, y a las que asistían niños y niñas (y ocasionalmente adultos) no impelidos en ella a ayudar a sus mayores en las faenas del campo y la ganadería por las extremas carestías en las que unos y otros se mantenían y criaban, una situación que, de hecho, perduraba en los inicios del siglo XX en lugares como San Román de Bembibre, según cuenta en sus memorias quien sería el primer alcalde republicano de Ponferrada, Francisco Puente Falagán, y que aún se seguiría produciendo en 1936, al menos en el municipio de Santa Elena de Jamuz, donde uno de los corporativos, Domitilo González Lobato (mi abuelo materno), trataba entonces de arbitrar soluciones al abandono escolar que se daba al llegar abril o mayo con la necesidad de que los educandos abandonaran la escuela para ponerse a ayudar en las labores familiares.

    Además, exceptuando las poblaciones relevantes y las cabezas de partido, con escuelas completas y bien montadas en lugares apropiados, en la mayoría de  los pueblos y aldeas el local escolar se halla en los lugares más inverosímiles e inhóspitos: casas del Concejo, cuadras o pajares, y hasta en algún rincón abrigado a cielo abierto (en 1900 seguían siendo las escuelas de instrucción primaria del país en su mayor parte “cuadras destartaladas” en las que se enseñaba ante todo el catecismo y la historia sagrada, careciendo los educandos de útiles escolares, y aún en 1924 se mantenían en algún lugar de la provincia leonesa condiciones parecidas y “escuelas en zahúrdas antihigiénicas”). Existían entonces 77 escuelas públicas en La Bañeza y su partido (integrado por 21 ayuntamientos y 116 pueblos), de las cuales 69 eran incompletas de niños, y 8 completas, de niñas una de ellas.

     A la mitad del siglo XIX esta era la situación que de la enseñanza en el partido judicial de La Bañeza pintaba el estadista: “La educación se halla muy descuidada, de tal modo que en el día de hoy están las mismas escuelas y los mismos métodos de enseñanza que hace un siglo. El Concejo ajusta a un maestro sin título, durante la estación del invierno, el cual enseña en el pórtico de la iglesia, a falta de mejor local, a mal leer y peor escribir (y el catecismo) a unos cuantos discípulos, que empleados después en las faenas del campo durante las tres siguientes estaciones del año, olvidan cuanto han aprendido en la primera. Tal vez se espere algún remedio cuando lleguen a dar los resultados que se apetecen las Escuelas Normales, pero bueno sería convertir los estudios de latinidad que se dan en algunas villas pagados con sus propios (una peseta abona además cada alumno en La Bañeza, excepción hecha de los pobres) en cátedras de matemáticas y agricultura…”. Sin embargo, y contrariando las esperanzas del geógrafo, los pueblos leoneses no querían contratar a aquellas primeras promociones de la Escuela Normal de Magisterio y, además, les pagaban muy poco: cinco reales y un real más si el maestro sabía tocar algún instrumento para el baile del mocerío.

<<< Una escuela antigua y rural

    Casi cien años después, hasta el formidable empuje en educación de 1931 ya con la República, no era mucho lo que se había mejorado, e incluso en 1936 seguían padeciendo en nuestros pueblos aquella escolaridad estacional los vástagos de la clase campesina, como aún señalaba en 1930 Miguel Medina Bravo en su Tierra leonesa. Ensayo geográfico sobre la provincia de León: “Las escuelas se ven abandonadas desde abril hasta octubre y en cambio, en el invierno, acuden más niños de los que pueden atender los maestros y de este modo los progresos son escasos”.

    Más es lo que el mismo Pascual Madoz nos muestra: en La Bañeza a la escuela de niños asisten unos 100, y 30 a la de niñas (otras 40 se reparten en varias escuelas privadas), sumando un real al mes los que leen y dos los que escriben (o cosen y bordan si son niñas) a la dotación municipal de los maestros. En algunos pueblos de la comarca: “…en Alija de los Melones hay una escuela que dura solo seis meses del año, pagada por los padres de los niños que a ella concurren y por el  fondo de propios de su Ayuntamiento… En Bustillo del Páramo hay escuela de primeras letras de niños y de niñas, a la que asisten 20 de los primeros y 15 de las segundas, que pagan al maestro cada mes un real y dos libras de pan… Castrocalbón solo dispone de escuela durante el invierno… Castrocontrigo (desgajado del anterior como Ayuntamiento independiente en el Trienio Liberal) cuenta con escuela de primeras letras a la que asisten 60 niños de ambos sexos… Cebrones del Río posee escuela de primeras letras… Laguna Dalga cuenta con escuela de primeras letras a la que asisten 120 niños, fundada y dotada por don Manuel Alonso y Mansilla, de Lima, en 1816… Villazala dispone de escuela…, y Soguillos del Páramo la tenía de primeras letras por cuatro meses…” . Escuela de primeras letras había también en Santa María del Páramo, y a ella (y a Valderas) se enviaban en 1851 ejemplares del Faro de la Niñez, enciclopedia general de instrucción primaria, moralidad y recreo infantil publicada por la Sociedad de Socorros Mutuos de Instrucción Pública con fin moralizante.  

    Coincide tal estado con lo que casi un siglo más tarde exponía el bañezano liberal e ilustrado Menas Alonso Llamas: “En el siglo XIX la enseñanza estaba abandonada. La educación no se conocía. En el invierno, en las aldeas algo importantes aparecían unos hombres un poco instruidos, que llamaban maestros, y enseñaban hasta en los pajares las primeras letras, pero como esta enseñanza era tan deficiente, lo que aprendían en invierno lo olvidaban en verano. Los libros donde los infantes aprendían a deletrear eran tan variados como el Catecismo y Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno (narraciones burlescas publicadas en 1620)…”.

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La huelga general contra la Azucarera Bañezana en junio de 1933 y sus efectos.-

En el pleno municipal del 8 de marzo de 1933 agradecen los regidores bañezanos a los diputados a Cortes leoneses su interés y sus gestiones para conseguir la subvención del arreglo extraordinario de las carreteras Madrid-Coruña y la de Rionegro a León-Caboalles que cruzan la ciudad y que ya a primeros de febrero el ayuntamiento solicitaba del ministro de Obras Públicas (se pretendió después que se ampliaran los tramos a arreglar “de modo que incluyan las calles Pérez Crespo, Astorga, Manuel Diz y Plaza Mayor, cuya reparación tanto interesa”), lo que será un añadido remedio al paro que la azota, sobre todo cuando, sobrepasada la mitad de marzo y finalizada la campaña de molturación de la Azucarera, algunos obreros más se han quedado sin trabajo.  

Se requería poco después desde la alcaldía a la Patronal Bañezana y a la Federación Local de Sociedades Obreras para que designen cada una tres vocales en la municipal Oficina de Colocación Obrera (o Bolsa de Trabajo), desde la que se intentaba paliar en lo posible aquella problemática, con escaso éxito, parece, pues a primeros de abril en La Bañeza 42 jornaleros solicitaban ocupación, denunciando que “en las obras de la Azucarera se emplean con preferencia trabajadores forasteros, perjudicando a los del lugar”, y pidiendo la intervención del ayuntamiento para corregir tal anomalía, incluso desautorizando la extracción de piedra y reblo para tales obras de las canteras municipales, y que se requiera al director de la Azucarera, Julio Hernández Ortega, para que admita al mayor número de obreros bañezanos.

A una comisión de los parados y al responsable de la factoría los citaba el gobernador civil el 25 de marzo, y al segundo se dirigía el alcalde el 6 de abril “para que coloque operarios de la ciudad antes que foráneos” (tal como disponía la Ley de términos municipales). Se esperaba entonces contribuir también a aminorar el paro obrero al sacar a subasta desde el Ayuntamiento las obras a realizar en las escuelas municipales en las vacaciones de primavera y de verano (las disposiciones laicas en la enseñanza habían sustituido por denominaciones estacionales –de invierno y primavera- las vacaciones de Navidad y de Semana Santa), obligadas por la inspectora de la zona, aunque a mitad de junio aún se pedía repararlas cuanto antes y con ello dar trabajo a algunos de los desempleados.

    El 18 del mismo mes de abril desde la alcaldía se enviaba al gobierno civil un escrito reivindicativo de los obreros parados y copia del remitido a la Azucarera con relación de sus oficios. Responde el gobernador, Francisco Valdés Casas, el día 20 “no poder actuar con la celeridad debida por ser periodo electoral (se celebraban elecciones municipales parciales el domingo, 23, en 84 ayuntamientos provinciales); que el lunes 24 lo hará para resolverlo, y que hoy cambiará impresiones por teléfono con los trabajadores”. Para el día 25 de abril, a las doce, se citaba tres días antes a comparecer en la Casa Consistorial al presidente de las Sociedades Obreras, Eugenio Sierra Fernández, y a Luís Lorente Gallego, gerente de la fábrica de azúcar, acordándose colocar en las obras de la factoría al mayor número posible de obreros de la localidad. 

       Se constituyó unos días después la comisión inspectora de la Oficina local de Colocación Obrera del ayuntamiento, presidida por Fernando Alba Flórez (que ya era vocal integrante del Jurado Mixto de Trabajo Rural provincial, además de presidente del bañezano Sindicato de Trabajadores de la Tierra, federado en la FNTT y afecto a la UGT), y de la que eran vocales Francisco Cabo Valenciano (uno de sus hermanos, Rafael, residía entonces en Astorga, donde formaba parte de la Juventud Tradicionalista; otro, Lorenzo, subalterno de Telégrafos, sería represaliado con cárcel de 1938 a 1944) y Eladio Fernández Rodríguez (uno más de los bañezanos paseados por el franquismo, en su caso el 29 de octubre de 1936, asesinato en el que seguramente mucho tuvo que ver aquella condición, sumada a la de ser desde final de mayo de 1936 secretario de la Agrupación Socialista de La Bañeza), representando a los obreros, y Ceferino Martín Martín, Felipe Prieto Moro, y Álvaro Valderas Blanco (del comercio) a los patronos.

    Las gestiones de las fechas anteriores debieron de culminar en desacuerdos, pues se enviaba al gobernador civil el 5 de mayo copia del escrito presentado por los trabajadores en el Consistorio con motivo de la huelga declarada en la Azucarera Bañezana.

    Desde el ayuntamiento de La Bañeza se citaba el día 15 a una nueva reunión el 16, a las 10 horas, al director de la fábrica de azúcar, a Eugenio Sierra Fernández, presidente de la Federación Local de Sociedades Obreras, a Miguel Fuertes Valderrey (de la Sociedad de Labradores), y Miguel Sola (constructor autorizado para extraer y machacar piedra de las canteras municipales), en la que tratar sobre el conflicto obrero, a la vez que se remitía al Jefe de línea de la Guardia Civil de La Bañeza comunicación del gobernador “para que se sirva proteger la libertad de trabajo en la Azucarera Bañezana”. Seguramente para facilitar la mediación en el conflicto, desde su condición de jornalero y socialista, el concejal y primer teniente de alcalde Ángel González González sustituía una vez más el día 16 y por unas horas al alcalde titular.

La Azucarera en los años 60. Postal coloreada >>>>>

    El 20 de mayo dirá la delegación de Trabajo en una nota que “habiéndose planteado la huelga general del ramo de la construcción en la ciudad de La Bañeza, intervino esta delegación, dejando resuelto el conflicto mediante la colocación de todos los parados y la regulación de la jornada y horarios, sometiéndose patronos y obreros a un pacto colectivo”. Se recibía el día 24 en la alcaldía una notificación del ministerio de Trabajo y Previsión Social, para que “se sirviera disponer que el interrogatorio sobre la huelga sea cubierto por esas oficinas”. Sería la huelga de aquellos días de la que nos contaba Gabriel González González (en entrevista en noviembre de 2007) haber sido su padre “que estaba de alcalde, el que llamó a don Julio Hernández, el director de la Azucarera, que era andaluz, para que fuera a la alcaldía, y se arreglaron; se pedía aumento de sueldo, y los que estaban trabajando fijos querían hacer la huelga, pero los temporeros, que estaban peor, que de aquella estaba muy mal España, y en La Bañeza no había trabajo ninguno más que esta fábrica, dijeron que si en 24 horas no se arreglaba entraban a trabajar”.

    Se comunica el 25 a Fernando Alba Flórez y a Eugenio Carnicero Alonso (trabajador en la Azucarera que debía de ser responsable de algún Jurado Mixto o de alguna otra sociedad de obreros, lo que explicaría, al igual que para Fernando Alba -fusilado con 16 más en León el 18 de febrero de 1937- y para Eladio Fernández, su también trágico destino de asesinado y desaparecido con otros dos en Villafer el 12 de octubre de 1936) el ruego de que "convoquen a la Patronal para tratar sobre Bases de Trabajo, sueldos y jornada”, y se invitaba el 26 a la Sociedad de Labradores y a la Patronal Bañezana a que se concierten entre sí y con las restantes sociedades y entidades afectadas con el objeto de confeccionar las Bases de Trabajo para las labores del campo, vecina ya la época de la recolección, y a los presidentes de una y otra se les requiere el 29 para que empleen en tales trabajos a obreros de la localidad, a la vez que desde el Jurado Mixto del Comercio General se instaba a cuidar el cumplimiento de las bases laborales convenidas en cuanto a contratos, jornada máxima y descanso dominical, la misma fecha en que se convocaba al presidente del bañezano Sindicato de la Construcción a las 5 de la tarde para hablar con el delegado provincial de Trabajo sobre la huelga.

    El día 31 de mayo se convocaba al presidente de la Patronal Bañezana para que acuda a una reunión en la que tratar sobre el cierre de establecimientos, y después al mismo, al presidente de las Sociedades Obreras y al comité obrero de huelga para que concurran a la mayor brevedad, invitados por el delegado provincial de Trabajo (que se ha desplazado a La Bañeza), a otra para cambiar impresiones sobre la marcha del conflicto (“que es absolutamente ilegal”, según el delegado), recomendándoles que asistan cuatro o cinco representantes por cada una de las entidades, y entre los de la Patronal uno o dos patronos significados de las obras en construcción en la Azucarera.

    “A las 12 de la noche de aquel día, miércoles, no se había logrado solución al conflicto obrero planteado por los del ramo de construcción y secundado por los de los restantes oficios, a pesar de la intervención directa del delegado provincial de Trabajo, presidente del Jurado Mixto y alcalde. El paro general fue completo aquella fecha, y estuvo concentrada bastante Guardia Civil, aunque no ocurrió incidente alguno lamentable. Lo habían precedido varios días de huelgas parciales, desembocando en una jornada de huelga absoluta, cerrando todo el comercio y las fábricas, y en la que participaron también mujeres bañezanas como las lavanderas y modistas. Había sido causa de la huelga la protesta del elemento obrero bañezano contra la intromisión en la Azucarera de forasteros, en detrimento de los de aquí, que quedan sin trabajo. Algunos comerciantes que quisieron abrir fueron atacados y hubieron de echar el cierre. Un grupo de huelguistas esperó en la Estación la llegada del tren correo, y al bajar los paquetes de periódicos fueron arrebatados y quemados a unos cien metros de los andenes. Numerosas parejas de la Guardia Civil de Infantería y Caballería, llegados de diversas procedencias, patrullaron las calles y establecieron servicios de vigilancia en puntos estratégicos. El martes, día 30, se había repartido un manifiesto”.

    Tal era la crónica que publicaba después El Adelanto, el mismo en el que la semana siguiente y en primera plana arremete quien firma K-Vernícola (el sacerdote Ángel Riesco Carbajo) contra “los forasteros que han dirigido la huelga; zánganos y avispas que alborotan la colmena”, y anuncia que “quizás no tardando organicen otros una huelga legal pidiendo que a esos pocos pedantes forasteros los echen de La Bañeza por indeseables”. Foráneos perturbadores entre los que seguramente catalogaba el clérigo a trabajadores como los Sierra Fernández (Eugenio y Tomás) a quienes acusará el franquismo, cuando los represalie de múltiples maneras, de haber sido los introductores del socialismo en La Bañeza (donde cuando ellos se trasladan desde Astorga en 1931 el socialismo ya era antiguo), o Cayetano González Lorenzo (“el Vasco”, vocal de la Agrupación Socialista desde finales de mayo de 1936), Leonardo Méndez Prieto, Antonio Batalla Esperanza, Arturo Fernández Cano, Eduardo y Juan Cancelas del Río, Alberto Jiménez (“el Catalán”, referente del anarcosindicalismo en la Azucarera Bañezana, importado quizás desde su tierra; se pierde su rastro en el frente asturiano, posiblemente desaparecido), Bartolomé Otero Gallego, nacido en la Argentina y responsable del ugetista Sindicato de Construcción, y tantos otros afincados y avecindados entonces en la ciudad para hacerla progresar con su trabajo (en aquella factoría sobre todo) y prosperar con ella, víctimas muchos de ellos unos años después de la pertinaz y dura represión de quienes se alzaron en julio de 1936, después de que algunos de ellos padecieran ya la que siguió a la revolución de octubre del año 34, en la que serían también en la ciudad figuras destacadas, y que no merecerá, por cierto, condena ni conmiseración alguna (más bien al contrario) de aquel eclesiástico enojado. 

<<<<<<< Ángel González González, concejal socialista y primer teniente de alcalde

    En el transcurso de la huelga, comunicaba el día 1 de junio el alcalde bañezano al Jefe de línea de la Guardia Civil “rogándole retire de la vista del público la fuerza de su mando que presta servicio de vigilancia en la fábrica azucarera, sin perjuicio de tenerla en prevención en aquel lugar en previsión de cualquier ataque que se pudiera producir a la misma”. En la tarde de aquella fecha se desplazaría el gobernador civil a La Bañeza, acompañado de su secretario particular (el bañezano Anesio García Garrido), del presidente de los Jurados Mixtos del gremio de la Construcción y del agente de la Brigada Social señor Muñiz, para solucionar la huelga, aún activa, “ya que los huelguistas no cumplieron la promesa que ayer le hicieron de reintegrarse al trabajo esta mañana”, decía El Diario de León, que informaba el día 2 de que “ayer tarde, tras laboriosa gestión desde las tres hasta las dos y media de la mañana, quedó terminada la huelga en La Bañeza al aceptar patronos y trabajadores la fórmula propuesta por el gobernador. Por la mañana de hoy se han integrado al trabajo todos los obreros”.

    Sobre aquellos días nos contaría Gabriel González González que “no hubo altercados ni daños, solamente que vino la Guardia de Asalto, y algunos comercios y bancos quisieron abrir, y el capitán de Asalto los visitó obligándoles a echar el cierre, y les dijo: ‘¿Qué quieren ustedes, que corra la sangre?...”. Cuando en febrero de 1934 los munícipes debatan sobre la construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil en La Bañeza, los concejales de la minoría socialista, que se oponen, dirán que “la fuerza que vino cuando la huelga de junio de 1933 pudo causar un día de luto, y  debe conocerse quién ordenó que viniese”.

    Aquellas huelgas o paros parciales de la segunda quincena de mayo que derivaron en la general de los últimos días del mes tuvieron posteriores consecuencias, además de que el Consistorio abonara horas extraordinarias a los policías municipales por su trabajo en aquellas fechas, la cena del gobernador y cuatro señores más que lo acompañaron con motivo de la huelga (de 47,75 pesetas; del cubierto de Bernardo Cantón no se hizo cargo), y a Fernando Delgado Fernández 250 camas (pernoctas) que la Guardia Civil realizó entonces:

    El 2 de junio la delegación provincial de Trabajo reclamaba del alcalde el pertinente interrogatorio estadístico de la última huelga; los días 9 y 12 se pedía del juzgado de Instrucción informe de conducta y certificación de la contribución que paga Eugenio Sierra Fernández (trámites que acompañaban siempre al de encausamiento judicial, que ahora sufría como director del semanario socialista local Avance por desacato y por infringir desde el mismo la Ley de prensa, seguramente por cuestiones relacionadas con aquellas movilizaciones), y se citaba el 13 a Fernando Alba Flórez para comparecer a juicio el 19.

    En el pleno municipal del día 14 se abonan jornales a obreros del ramo de la construcción colocados en las canteras municipales en virtud del pacto con el que se resolvió la huelga general, a los que se acuerda emplear por el Ayuntamiento en obras municipales (aceras, arreglo de calles,…), y mientras aquél carezca de trabajos emprendidos requerir a los patronos a que cumplan estrictamente también ellos aquel pacto firmado ante el gobernador civil, estudiando la corporación entre tanto los que se puedan realizar, como la reparación de la avenida Pablo Iglesias, de cuyo proyecto ya se ocupa el arquitecto municipal y que se acuerda emprender en el siguiente pleno “para emplear en ella al mayor número de obreros, ocupándose incluso de la extracción de la piedra y la grava de las canteras”, como también “emplear obreros para el riego de los árboles plantados este año en los planteles municipales”. La obligada reparación de las escuelas (cuya duración se prevé en 45 días) aminorará también el paro obrero en la ciudad, aunque la subasta de las obras quede desierta y hayan de emprenderse con urgencia y por administración a mitad de julio, cuando de la consignación presupuestaria de 27.000 pesetas para dar empleo a los parados aquel año ya se habían gastado 15.000. 

    Se participaba el mismo 14 de junio desde el Consistorio a los presidentes de la Sociedad de Labradores y de la Patronal “que busquen la posible manera de atender a la colocación de obreros al menos en número de tres cada una de ellas”, y el 15 se notifica sobre empleo en el ramo de construcción y se cita a reunirse el día siguiente a las 8 de la noche al presidente de la Patronal Bañezana y al maestro de obras Pablo Beaumont (asesor en ocasiones para las municipales) y 10 más. A todos ellos y al presidente de la Federación Local de Sociedades Obreras, además de otros 17 (entre ellos industriales como José Perandones Cabo y José Cabello Fernández, Melchor Quiñones, y Manuel Fernández Raigada) se les comunica el día 17 tener reunión el lunes 19 con el gobernador sobre ocupación de obreros. Después, el 21, la autoridad provincial urgía al Ayuntamiento a proceder a la mayor brevedad al arreglo de calles para proporcionar trabajo a los obreros parados y citaba para el día 26 a las 18 horas a Herminio Berciano Castro (de Sacaojos, docente –aunque sin titulación- represaliado también por el franquismo; firmaba unas veces H. B. y otras con su nombre sus colaboraciones en el semanario socialista astorgano El Combate), Tomás Valverde, Eugenio Sierra Fernández y Alejandro Plaza Fernández (de la Federación Local de Sociedades Obreras los dos últimos).

    Varios comerciantes bañezanos denunciaban el 15 ante el delegado de Trabajo a otros tantos por abrir sus tiendas el día del Corpus Christi (festivo, a lo que parece), después de haberse citado a la alcaldía al presidente de La Caridad el día 12 para tratar sobre cierre y apertura de establecimientos (el de su cooperativa, por lo que hacía a esta asociación). Se notifica el 22 a un alto número de vecinos (28) para que cumplan las Bases de Trabajo en los ultramarinos (algunos de ellos eran Simón Anta García -sería represaliado económicamente en 1941 al aplicarle la Ley de responsabilidades políticas-, Marceliano Montiel, Emilio Alonso Ferrero, Baudilio Fernández, Robustiano Pollán, Toribio Santos Santos, Elías Tagarro, Herminio de Paz,…), y enteraban por entonces desde el Jurado Mixto de Comercio General a los alcaldes del partido judicial de La Bañeza (y seguramente de toda la provincia) sobre los preceptos y derechos laborales que rigen el sector. A mitad de julio volvería a requerirse a cinco de aquellos comerciantes para que respeten las disposiciones sobre descanso dominical, y se enviará a la delegación de Trabajo denuncia de Tomás Miranda Gervasi contra Enrique García por transgredirlas. De nuevo se urgirá por su observancia desde aquel organismo provincial a primeros de octubre, dirigiendo un escrito a la alcaldía bañezana para que proceda enérgicamente contra las infracciones de aquella normativa que se cometen aún en la ciudad, que, representada accidentalmente entonces por Ángel González, manifiesta en el bando emitido que “será inexorable proponiendo las sanciones que sus incumplimientos exijan”.

Segadores  >>>>

    Se imponía el 20 de junio a Eugenio de Mata Alonso, José Seoanez Romero y Tomás del Riego Natal multa de 25 pesetas por infracción de la Ley de términos municipales; desde el Sindicato de Trabajadores de la Tierra denunciaba su presidente el 2 de julio a cuatro patronos agrícolas (Miguel Fuertes Valderrey, de la Sociedad de Labradores, y Ramón Sevilla, de la Asociación de Agricultores de La Bañeza y su Región, entre ellos), y el día 5 del mismo mes despachaba la delegación provincial de Trabajo una circular sobre la vigencia de aquella Ley, cuyo incumplimiento (en especial por la Azucarera Bañezana) había estado en el origen de los paros y la huelga, tras los que se reforzó la importancia de las Bases de Trabajo y su acatamiento, como denotaría que se enviara el día 4 desde el Consistorio bañezano a los alcaldes del partido, al presidente de la Patronal, al del Sindicato de Trabajadores de la Tierra, y al de la Sociedad de Labradores, copia del telegrama del delegado de Trabajo sobre las Bases de trabajos del campo; que se crearan a la altura del 21 de julio comisiones mixtas inspectoras con representación de las asociaciones patronales y obreras; la atención a las denuncias y protestas el 31 de los dependientes de las peluquerías bañezanas “contra el poder de los patronos peluqueros que no respetan la jornada” (cuya relación de infractores solicitarían el 23 de agosto desde el organismo laboral de la provincia); y el establecimiento de un pacto entre los farmacéuticos y los auxiliares de farmacia que se aprobaba el día primero de aquel mes por la presidencia de los Jurados Mixtos de Trabajo de León, después de que el 4 de julio se le hubieren remitido los horarios de las farmacias de la ciudad. 

    Por entonces se hacía preciso que desde la delegación provincial de Trabajo se recuerde  mediante circular la vigencia del decreto de 28 de abril de 1931 para la contratación de obreros agrícolas del propio término en el que se realizan las faenas, legislación que los Agrarios pretendieron derogar mediado julio por la proposición parlamentaria que se les desechó, cuando había en Fabero 150 obreros en huelga por no haber alcanzado un acuerdo sobre el abono de los jornales percibidos durante el periodo de vacaciones (desde noviembre de 1931 la Ley de contratos de trabajo del ministerio de Largo Caballero establecía 7 días pagados por año). El frustrado intento (por ahora; el 30 de septiembre se materializaría en parte) de suprimir o retocar la Ley de términos municipales debió de generar que se aplicara con mayor celo, pues a la altura del 19 de agosto en la provincia de Madrid se habían impuesto a propietarios agrícolas de unos 22 pueblos multas por importe de 300.000 pesetas por tener contratados para la recolección segadores gallegos, junto con los portugueses, ambos por ínfimos salarios, los mayores perjudicados por aquella legislación que al igual que las Bases de Trabajo abundantemente se incumplía aquellos años y contra la que dirigirían en 1934 y 1935 su revanchismo los patronos.

    Desde final de junio y durante todo julio se produce una notable avalancha de peticiones de vecindad por parte de numerosos residentes bañezanos, al amparo de las disposiciones municipales que la regulan y motivadas por lo necesario que resulta ostentarla a quienes pretenden trabajar, dadas las prioridades pactadas después de la huelga general para acceder en La Bañeza a los empleos (primero los vecinos, luego los residentes, y por último los demás domiciliados), tan escasos en general y también en la provincia leonesa, en cuya capital ya al inicio de mayo se establecía una Junta formada por el gobernador, alcalde, presidentes de las dos Federaciones Obreras (de adscripción socialista y comunista la una y anarquista la otra), e ingeniero jefe de Obras Publicas para activar toda clase de construcción que pueda poner fin al paro obrero, y se instituía el “día del parado”, en el que cada obrero activo depositará el importe de un día de trabajo destinado a los que se hallan sin él, tan abundantes como para que en aquellos tiempos en los que desde el crack de 1929 la inmigración, limitada y sujeta a contingentes, venía siendo mucho más de regreso que de ida, el ministerio de Estado envíe al Ayuntamiento bañezano (a su petición seguramente, y urgido por quienes aún pudieran ver en la emigración la solución al paro) las disposiciones que regulan la entrada de emigrantes en Inglaterra, como poco antes había remitido las que lo hacían para Colombia, y haría al inicio de diciembre con las establecidas para Francia, después de que a mitad de octubre enviara el entonces reciente Decreto sobre inmigrantes pobres, a los que el Estado facilita emigrar abonándoles el pasaje, que después han de reintegrar.A la mitad de julio se manifestaban en La Bañeza quejas sobre el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo (no se dan de baja en ella algunos de los que hallan empleo, y otros se apuntan en la Casa del Pueblo en lugar de hacerlo en el Ayuntamiento), y se acuerda que se encargue de la misma el auxiliar de la secretaría Manuel González González.

    También según lo pactado en la solución de la última huelga (de la construcción), se presenta a la Corporación a primeros de agosto el dictamen del arquitecto municipal clasificando a los albañiles que trabajan en las obras de las escuelas a efecto de adjudicarles los salarios. Se les realiza una prueba, y según ella son oficiales de primera (“el que levante ladrillo,..” establece el pacto) Cayetano González Lorenzo, Alejandro Plaza Fernández y otros. Dada la vaguedad con la que las bases acordadas califican a los oficiales de segunda, se considera acertado para aquellos el salario de 10 pesetas por jornada. Se aprueba por mayoría la propuesta, con los votos de los concejales socialistas y el alcalde.

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La revuelta de octubre de 1934 en La Bañeza.-

    En las poblaciones agrícolas del sur de la provincia leonesa (Sahagún de Campos, Santa María del Páramo o La Bañeza) el movimiento revolucionario tuvo escasa incidencia. Un pretendido conato de huelga en la villa paramesa, que estaba en la vendimia, y que no llegaría más allá, según El Adelanto. En Valderas algún incidente debió de producirse, pues cuando después del triunfo del Frente Popular se decrete la amnistía, aún quedarán en la cárcel de León tres presos valderenses “de cuando la revuelta de octubre del 34”. Otro tanto hubo de suceder en Veguellina de Órbigo, con cinco recluidos también de octubre en aquellas mismas fechas, y donde se produjo sin duda algún altercado relacionado con la Guardia Civil, como denota la detención que allí hace la Benemérita el 25 de octubre de un sujeto herido que pretendía hacerse pasar por su defensor frente a los revoltosos, pero que según El Diario de León (y en la terminología despectiva con la que descalifica a los revolucionarios derrotados) “se trata de un pollo de cuidado”.

    En cuanto a Astorga, donde los responsables socialistas se mostraron contrarios a toda violencia (hasta el punto de que uno de los miembros del comité revolucionario, Luís García Holgado, se habría marchado de la ciudad –al balneario de Guitiriz, en Lugo- para no participar en la revuelta, lo que no evitará que después sea cesado y desterrado junto con el alcalde, Miguel Carro Verdejo, y algún otro concejal), varios radicales colocaron unos viejos explosivos, que no llegaron a estallar, en el puente de Valderrey con el fin de impedir el paso de los trenes con tropas para Asturias, y se promovió una huelga general solo secundada por los camareros, aunque alguna otra actividad entendida por la justicia como revolucionaria debió de producirse aquellos días, pues el 8 de noviembre el Tribunal de Urgencia de León encausaba a Bernardino Lasalle (será represaliado con prisión después de julio de 1936) y 24 socialistas astorganos más por reunión ilegal (detenidos en la Casa del Pueblo, que fue registrada; otros cinco serían apresados en otras circunstancias y lugares), condenando a Toribio Fuertes Martínez (era en 1932 presidente de la astorgana y ugetista Sociedad de Obreros de la Industria de la Edificación; él y sus hermanos José -secretario del Centro Obrero entonces- y Rafael -condenado a muerte con ocho más- serían eliminados después del triunfo de la sublevación fascista de 1936) y otros siete a dos meses de arresto y 250 pesetas de multa. Los demás fueron absueltos. Por otra parte, en la Audiencia Provincial el Tribunal de Urgencia absuelve el 5 de diciembre a los hermanos Ángel, Pedro, y Valeriano León Murciego, acusados de insultar en estado de embriaguez a la fuerza pública, guardias de Seguridad de Astorga, el día 14 de octubre, pues son gentes de orden y se habían dirigido en las jornadas de la revuelta a las autoridades ofreciéndose voluntarios para conducir fuerzas a Campomanes, como certifica el comandante Germán Madroñero, jefe de las tropas del Cuartel de Santocildes que allí se dirigieron (ellos y algunos otros serán detenidos de nuevo, como significados derechistas, a mediados de abril de 1936).  

<<<< Cuerda de presos en los días de la revuelta de octubre de 1934

    En Alija de los Melones, según narraba el 3 de noviembre el semanario católico bañezano El Adelanto, “vecinos en número de 200, al enterarse de que en La Bañeza se había suspendido el mercado por los revolucionarios, y de que estos seguían amenazando, se dispusieron a la defensa constituyéndose en milicia al lado de la autoridad. Los demás pueblos no secundaron la patriótica iniciativa, sin duda por desconocer lo que ocurría. El guardia civil de este pueblo, Octavio Valera Alija, padre de cuatro hijos, fue muerto en un tiroteo con los rebeldes de Sama de Langreo”.

    En Destriana (decía entonces el mismo semanario) “toca a su fin la siembra del centeno, que ha venido retrasada por circunstancias como el poco surtido de abonos minerales en los almacenes, que no han llegado a tiempo por motivo de los fracasados intentos sediciosos. Aquí, aunque no hemos visto nada de lo ocurrido en otros lugares, también sufrimos las consecuencias”.

     De la siguiente manera narraba El Diario de León del 18 de octubre lo sucedido días antes, cuando “la huelga revolucionaria en la región bañezana”, un relato de su delegado en la ciudad que nos recuerda por su tono y por algunas de las cuestiones en que incide las habituales intervenciones en El Adelanto (que no debió de publicarse el día de la huelga) del clérigo Ángel Riesco Carbajo: 

La insensata jornada que ha ensangrentado a España en estos días afortunadamente no ha tenido triste repercusión en La Bañeza, pero si manifestaciones de otro género.

Obedeciendo sin duda a una consigna de elementos de la capital que llegaron en la noche del viernes día 5, y que fue trasladada en aquella noche a los pueblos más caracterizados del partido, hizo que inopinadamente, cuando más daño se causara a la vida de esta laboriosa ciudad, el sábado, se declarase la huelga general porque así lo dispuso la Casa del Pueblo. La inesperada huelga no fue, como esperaban sus dirigentes, ni general ni temida, aunque por el escaso valor cívico de la mayoría (hubo excelentes excepciones que no la secundaron) tuvo algún ambiente.

La fuerza pública representada dignamente por la benemérita Guardia Civil coadyuvó a restablecer la normalidad que se intentaba alterar.

DESTITUCIÓN DEL ALCALDE.- El aspecto que ofrecía La Bañeza era lamentable, porque se apreciaba ausencia de aquel civismo que tiene que dar al traste con toda imposición injustificada parta de quien parta. De orden telegráfica del gobernador fue sustituido Ángel González González, perteneciente al partido socialista, que ejercía de alcalde, por el concejal y fabricante de harinas Manuel Martín Martín, republicano (seguramente afiliado al lerrouxista y moderado  Partido Republicano Radical). 

DISPAROS AL AIRE.- El sábado transcurrió sin incidentes, incluso se llegó a abrir los comercios desde las doce, hasta sobre las cinco de la tarde en que, como consecuencia de una redada hecha por la Guardia Civil sorprendieron una reunión clandestina en las canteras, y al llevar detenidos a unos infelices jóvenes extremistas, algunos grupos de mujeres y hombres intentaron impedir que fuesen encarcelados lanzando piedras e injuriando a la fuerza pública. Esta, con ánimo de atemorizar, hizo varios disparos al aire, que tuvieron la virtud de despejar totalmente a tales grupos.

LOS CAPITANES ARAÑAS.- Es digno de tener en cuenta que estos inexpertos jóvenes extremistas en su reunión clandestina (a pesar de que la Casa del Pueblo aún no estaba clausurada) no estaban asistidos de sus caudillos, los que tanto han enconado odios y han pregonado estas cosas, y que siempre a la hora de la verdad tranquilamente se ausentan, y después en público afean el proceder de la masa, que solamente por el virus venenoso por ellos inyectado digan (sic) tropelías absurdas. Sin duda, consigna de la presente abortada revuelta ha sido que los “caudillos” ufanos siempre con el ordeno y mando, cuando están en la paz preparando el ataque, al llegar la hora del peligro se recluyan en casa o interesen su detención para estar más seguros, pues de todo se dice que ha habido. Ellos muy cucos viven bien con esta sociedad y se preparan tan solo para recoger el botín si otra llegara.  

La noche del sábado transcurrió bien.

El domingo también transcurrió pacíficamente abriéndose los establecimientos que en estos días se abren. En las primeras horas de la noche y en la Plaza Mayor, se disparó un petardo que sin duda alguna con ánimo de alarmar fue colocado.

VUELVEN AL TRABAJO.- El lunes se reintegraron al trabajo los obreros a excepción de pequeños grupos; y en la hora de la noche en diferentes puntos de la ciudad estallaron tres petardos, alguno de bastante potencia.

El martes ya se reintegraron la totalidad de los obreros a sus talleres, obras y tajos, y la normalidad se confirmó.

SUCESO LAMENTABLE.-  En las primeras horas de la noche de este día ocurrió un lamentable suceso. Cuando el inspector de policía municipal Álvaro Llanos Concejo se dirigía a casa del alcalde Manuel Martín Martín, al pozo de la Angustia, entre las casas de los vecinos Prudencia Fernández y Salvador González Alonso, apareció un individuo sospechoso que se ocultaba y, al pretender detenerle, corrió tras él por las fincas del Crucero y apreció que corriendo se ocultaba aquel con otros dos que al parecer maniobraban algo fuera de lo normal, y al verles huir, creyéndose solo, se puso a registrar el suelo y al encontrar un artefacto, que resultó ser un petardo, recibió en la pierna izquierda un balazo que le disparó un sujeto allí agazapado, el que una vez realizado el disparo huyó, sin poder ser conocido por la oscuridad de la noche. Afortunadamente la herida del inspector carece de importancia.

En aquel lugar además del artefacto dicho se encontró un revólver con todas las cápsulas, y una boina por cierto de las de mucho vuelo. (Bien pudiera tratarse de una no muy velada insinuación -la de la boina- de la participación en aquellos hechos de Cayetano González Lorenzo, apodado “el Vasco”, uno de los detenidos en aquellos días por su implicación en la revuelta).  

Los demás días van transcurriendo pacíficamente.

                                            El Corresponsal.

    El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra dispondrá los días 12 de octubre y 17 de noviembre de 1935 la concesión al inspector de policía municipal Álvaro Llanos Concejo de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, sin pensión, “como premio a la lealtad y heroísmo de que dio pruebas durante el movimiento revolucionario de octubre de 1934, por lo que resultó herido (tardó 51 días en curar, se dirá cuando al principio de noviembre de 1935 se remita a la subsecretaría del ministerio de Gobernación relación de empleados que intervinieron en el pasado movimiento revolucionario) combatiendo para sofocarlo en defensa de la Paz y el Orden Público, y de la Cruz de la Orden del Mérito Militar de 2ª Clase, con distintivo blanco, sin pensión, en pago de la patriótica colaboración que prestó entonces”. Con el fin de “corresponder a su altruismo en el cumplimiento del deber” se abre entonces una suscripción pública para regalarle al fiel funcionario las bien merecidas y concedidas condecoraciones, encabezada por Luís Pérez Fernández (cartero que estaba procesado por malversación de fondos de la Oficina de Correos bañezana) con 25 pesetas, bastante más que las 5 que aportan César Seoanez Romero, Teodoro Santos Vidales y Trinitario Picaporte, o las 3 con las que contribuye José de Paz Pérez (se acordaba el 18 de diciembre de aquel año que “a cuenta y nombre del Ayuntamiento el alcalde contribuya con lo que estime conveniente a la suscripción para adquirir aquellas cruces concedidas al inspector municipal”). En 1937, cuando sea falangista y siga siendo Inspector de la policía municipal, será condenado a arresto mayor y destierro a 50 kilómetros de La Bañeza y de Posada de la Valduerna (donde cometen los delitos de robo y coacciones)  junto con un vecino de Astorga, en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo el 13 de febrero de 1942.

    A finales de septiembre de 1934 el juez de Instrucción pedía certificados de conducta de Horacio Martínez Blanco, maestro de Sacaojos (acusado de pertenecer a la FETE, será preso y apartado de la enseñanza en agosto de 1936), de 54 años, casado, y de Bartolomé Otero Gallego, natural de Bahía Blanca (Argentina), de 28 años, casado, jornalero y presidente del Sindicato de Construcción de la UGT (sería fusilado con otros 16 bañezanos en León el 18 de febrero de 1937), procesados por tenencia ilícita de explosivos. Del segundo se decía ser de buena conducta, sin antecedentes penales, y estar preso provisionalmente en el bañezano Depósito Municipal de Presos y Detenidos por la causa que se le abre y por la que se le condenará a tres años de presidio menor. En la sentencia se dará como probado que Bartolomé, de ideas exaltadas en el Partido Socialista y principal dirigente en La Bañeza, había infundido sospechas a las autoridades, por lo que el 24 de aquel mes la Guardia Civil registró su casa, encontrando en una cuadra aneja a la vivienda, encima de una viga y envuelta en un papel, una bomba explosiva constituida por un cilindro de hierro cerrado por sus extremos con soldadura autógena y con un trozo de mecha, cargada con dinamita y de gran potencia destructora, además de una caja con seis cápsulas de pistola. Se añade que el procesado guardaba la bomba “porque sabía o sospechaba que había de ser empleada para realizar delitos contra las personas o las cosas”.

    Tal vez aquel alijo descubierto en La Bañeza formara parte del acopio de armamento y municiones que desde unos meses antes hacía el socialismo preparando la revuelta que se veía inevitable e inminente, hasta el punto de que en lugares como San Sebastián se había constituido en el partido y las Juventudes Socialistas un Comité de Coordinación de las Milicias Revolucionarias encargado también de hacerse con armamento de las fábricas de armas cortas guipuzcoanas (Artemio Echeverribar era su secretario, pasando después con el resto del Comité a Francia para evitar la represión).

    Por los delitos de coacciones y amenazas producidas en La Bañeza en los días de la revuelta de octubre fueron condenados por la Audiencia Provincial de León los vecinos Herminio Eleuterio Berciano Castro, de 29 años, casado, jornalero (se le condena solamente por coacciones; sería detenido después del golpe militar de julio de 1936); Salvador Rúa González, de 24 años, natural de Cerecinos de Campos, soltero, jornalero (terminaría cayendo en combate en el frente asturiano, en Trubia, en julio de 1937; en marzo de aquel año aparece como responsable de la segunda sección de la primera compañía del Batallón Asturias 242 -también conocido como Guerra Pardo, eminentemente socialista-, comandado por Genaro Arias Herrero “el Pata” y destacado en el sector de Belmonte); Toribio Justino Santos Santos, de 35 años, casado, industrial (apodado “Pajarica”, se le absuelve por las amenazas; paseado en Maire de Castroponce, junto con el alcalde Ángel González, el 23 de septiembre de 1936); Domingo Manuel Fernández González, de 22 años, soltero, zapatero (será condenado a reclusión perpetua en agosto de 1937; su hermano Valentín sería paseado); Cayetano González Lorenzo, natural de Barcelona, de 27 años, casado, albañil –represaliado por el franquismo él y su familia- (todos los anteriores a la pena de cuatro meses de arresto y multa de 250 pesetas); e Isaac González González, natural de Huerga de Garaballes, de 25 años, albañil (condenado a la misma multa y cinco meses de arresto, que cumplirá el 8 de junio de 1935,  fecha en la que, a las 10 de la mañana, abandona el Depósito Municipal). Salvador, Herminio y Domingo serán liberados de la cárcel bañezana el 20 de mayo de 1935; Cayetano lo sería el 4 de junio.

     Todos ellos insolventes (excepto Toribio) y sin antecedentes penales (a excepción de Isaac, que ya había sido condenado antes por desobediencia a raíz de los desórdenes de la noche del 18 al 19 de junio de 1932), dirá la sentencia que se dicta por el Tribunal de Urgencia el 9 de febrero de 1935, que narra cómo “en la mañana del 6 de octubre, cuando ya en varias provincias y en la de León se había iniciado el movimiento revolucionario, en La Bañeza el socialista Toribio Santos, presidente de la Casa del Pueblo, en unión de un grupo de afiliados del que los procesados formaban parte, con la intención de favorecer el éxito de tal movimiento, practicaron todo tipo de medios para conseguir paralizar en dicho día todas las actividades industriales, mercantiles, comerciales, agrícolas y demás, consiguiendo con sus amenazas que cerrase el comercio en la ciudad, como hubo de hacer el de Mateo Castro, quien no abrió su establecimiento por temor a sus intimidaciones. Pretendieron también cerrar, por orden de la Casa del Pueblo, la sucursal del Banco Mercantil, siendo amenazado su director al no aceptar aquel mandato, aunque no consiguieron que cerrara. Colocados en un extremo de la población intimidaron a los que traían sus productos al tradicional mercado de aquel sábado y a algunos que trabajaban en una carretera, que dejaron de hacerlo por ello y por decirles que nadie trabajaba y que la huelga era general. También coaccionó aquel mismo día la masa obrera bañezana, alentada y dirigida por los procesados, a los conductores de vehículos”. 

    Dirá El Diario de León de aquella fecha que se les condena por coaccionar al comercio, los bancos y los particulares que se dirigían al mercado. El fiscal acusa a todos de un delito de coacción, y de amenazas contra el director del Banco Mercantil, Agustín Hoyos González (será destacado derechista en julio de 1936 y alcalde franquista años después), a Herminio y a Toribio. Se citaron a 19 testigos, y depusieron todos excepto tres que no comparecieron. Destacan las declaraciones de Agustín Hoyos, según las cuales Toribio y Herminio capitaneaban a un grupo de obreros que irrumpieron en el banco pretendiendo su cierre a toda costa, y las de dos guardias civiles y el cabo que comandaba el puesto, que acusa al entonces alcalde accidental, Ángel González (llamado a declarar en el sumario y en el juicio), de que no obstante estar los obreros coaccionando apenas requirió de su concurso.

Uno de los revolucionarios apresado en Bembibre aquellos días de octubre de 1934 >>>>

    En La Bañeza se habrían llegado a colocar algunas mujeres en las vías con sus niños para que no pasaran los trenes que venían hacia Asturias, según nos testimoniaba en  noviembre de 2007 Gabriel González González (tenía entonces 19 años y era uno de los hijos del concejal primer teniente de alcalde Ángel González), quien añadía que “se reunieron para ver de hacer algo en una cantera (en las cercanías de la cárcel), y había un guardia civil, que se llamaba también Gabriel, que me dijo a mí: ‘corre y dile a los que están en la cantera que vamos a ir por ellos’; pero cuando yo quise llegar allí la Guardia Civil ya estaba, porque iban a caballo, y cogieron a unos cuantos y los llevaron a León; a mi padre también lo detuvieron, y a otros socialistas de La Bañeza (a nadie de los pueblos). Estuvieron en la cárcel y después los juzgaron, y mi padre los defendió, y se defendió él”. Antes (en la noche del viernes, día 5, seguramente), debió de propagarse por la ciudad el rumor de que vendrían los mineros de Fabero, inquietante para algunos, pues como expondrá con tintes apocalípticos El Adelanto en su número del 2 de noviembre de 1935, “el sueño huyó de todos los párpados aquella noche aciaga”. 

    Trenes obstaculizados serían, entre otros, los que llevaban el día 6 desde Zamora a Astorga (venciendo allí la resistencia de los maquinistas a transportarlo, y para continuar hacía León y Asturias) al Regimiento de Infantería 35, recién regresado de las maniobras militares desarrolladas días antes en tierras maragatas y embarcado después de que en la noche del 4 se reforzara la guardia del cuartel ante el apagón de luz y los rumores de su asalto por los revolucionarios zamoranos, y de patrullar y vigilar la ciudad el 5 (según narra en su diario casi al hilo de los hechos –entre el principio de noviembre y el final de enero- el soldado de reemplazo de Velez Rubio –Almería- José Lafront Soriano).  

    Tal vez con la huelga general y los conatos de revuelta tuvieran también que ver en La Bañeza los incendios producidos en las sucesivas noches de los sábados 6 y 13 de octubre de sendos carros de urces en la Plaza de la Leña, por los que la ya nueva Corporación designada por el gobernador indemnizaría el día 17 a sus dueños, acordando además “descontar tales gratificaciones del sueldo de los serenos si se repitieran tales lamentables hechos”. Lo tendrían, desde luego, algunas de las abundantes pintadas que llenaban la ciudad y sus inmuebles, “inscripciones referentes a votaciones, y vivas o mueras a diferentes tendencias políticas”, que la nueva alcaldía urgía mediante bando del 27 de octubre a que hicieran desaparecer los dueños de aquellos en el plazo de ocho días, y al Jefe de la estación férrea poco después a que haga retirar de su edificio los letreros subversivos.

    Algunos de los socialistas bañezanos apresados, además de los ya vistos y otros que veremos, fueron Fernando Alba Flórez, “por ejercer coacción sobre los obreros de la Azucarera para que no entraran al trabajo”; José García González, “destacado en los sucesos de octubre”, e Ignacio Alonso Ruiz, de las Juventudes Socialistas, que “intervino en la agitación de octubre”, y a quien (como seguramente a los demás) su familia hubo de proveer de comida, colchón y demás útiles de los que carecía el destartalado Depósito Municipal. Otros serían sometidos a estrecha vigilancia, como Joaquín González Duviz, presidente de la Casa del Pueblo en aquel año; Agustín Rodríguez Fernández, secretario de la UGT local; Elías Falagán Martínez, activo socialista cuando la revolución de 1934; Eugenio Teodoro Sierra Redondo, de 17 años, afiliado a la Juventud Socialista y a la UGT desde mayo de aquel año, “trabajando de mecánico en un garaje (el de Leopoldo Bahillo Melero) desde 1931” y sumado a la huelga general declarada en La Bañeza, y Juan María Begué Arjona, Registrador de la Propiedad, “directivo de la Casa del Pueblo y su asesor en el movimiento revolucionario del 34, que habría excitado en la Plaza Mayor a los obreros a la rebelión, habiéndosele prevenido por el teniente jefe de la línea de esta ciudad, Tomás Pérez Renedo, que permaneciera en su casa, y recogiéndosele una escopeta y una pistola remitidas a la comandancia de la Guardia Civil de León para chatarra e inutilización”, unos y otros según se señala en el Sumario 151/36 al que todos ellos serán sometidos después de julio de 1936.   

    Alguno de los represaliados después del golpe militar de julio de aquel año, como Daniel Fernández Cano, se había prestado voluntario en León para colaborar con las autoridades militares en el mantenimiento del orden en octubre de 1934. De algunos de los otros, como Ignacio Alonso o Eugenio Teodoro, cabe reseñar que después del golpe militar de julio de 1936 pasará el primero cinco años de topo en la casa familiar de la calle Astorga 36, para ser condenado en 1941 a prisión y a la represión económica de la Ley de responsabilidades políticas. Participará el segundo en la oposición al golpe en La Bañeza y termina siendo ejecutado por garrote vil en Oviedo el 30 de mayo de 1955, después de haber sido soldado nacional a la fuerza, evadido a la zona leal, combatiente republicano, exiliado y prisionero en los campos franceses, guerrillero contra la ocupación en Francia, maqui en Asturias y León, topo durante dos años en su casa familiar bañezana de la calle Laguna 13, y residente tres más en Madrid con falsa identidad. En cuanto al aprovisionamiento familiar y llevar a la cárcel a los presos la comida, era lo habitual; se practicaba también en febrero de 1936 en la Prisión Modelo madrileña, y se repetirá con los presos posteriores a julio de 1936 (y en La Bañeza aún con los huelguistas encarcelados de Jiménez de Jamuz en abril de 1947).

      Encausado él y otros por aquel mismo Tribunal tan urgente y tempranamente como el 12 de octubre por coacción, y por exhorto del juzgado de Instrucción de Astorga, se pide al regidor de La Bañeza informe de conducta de Eugenio Sierra Fernández, de 39 años, casado, tipógrafo, y lo emite ya el día 15 quien es entonces (y lo será por pocos días) el alcalde de la ciudad, Manuel Martín Martín, segundo teniente de alcalde, designado por el gobernador civil después de deponer a Ángel González González, que era el primero y lo estaba siendo en funciones desde el 17 de septiembre por ausencia temporal del titular (Juan Espeso González), señalando que el informado “se ha manifestado siempre, mientras que desde principios de 1931 reside en el término, como organizador de conflictos obreros y huelgas, tanto como directivo de la UGT como por ser (haber sido) director de un semanario denominado Avance” (que a estas alturas había dejado ya de publicarse, desde julio, y que de no haber desaparecido antes habría sido suspendido como lo fue desde entonces la mayor parte de la prensa de izquierdas, incluidos El Combate astorgano y La Democracia leonesa, esta tan solo hasta el final de la revuelta en Asturias). Se le detuvo, resultando después absuelto. Dada la fecha y el lugar de su encausamiento, y los comentarios de aquellos días en El Adelanto de que los dirigentes e incitadores de la rebeldía se habían librado de la cárcel mientras los pobres obreros engañados eran apresados, es posible que su proceso y detención no tuvieran relación con la huelga general de octubre y si con hechos anteriores, acaso de propaganda antibélica y opuesta a las recientes maniobras militares. Fue detenido en Astorga, en cualquier caso, en la noche del 5 al 6 de octubre, en compañía de los hermanos Rafael y José Fuertes Martínez, y todo parece apuntar a que más bien lo habría sido por encontrarse preparando allí el paro del siguiente día, en aquellas clandestinas reuniones en las que se detuvo a numerosos astorganos. Era José Fuertes en abril de aquel año 1934 director de El Combate (que ya no se publicará desde el 6 de octubre hasta el inicio de enero de 1936), y su administrador en julio del mismo año, cuando en un acto civil (bautismo laico) nombra a su hijo como Helios.

    A cuenta de haber detenido y encarcelado provisionalmente el 11 de febrero de 1935 al súbdito portugués Jaime Dosrreis Alfonso (natural de Viñas de Candedo –Portugal-, de 40 años, viudo de Martina de Blas, de profesión desconocida –jornalero, según oficio del juez municipal y el Padrón municipal de 1935-, de mediana conducta, insolvente y sin antecedentes penales) por tenencia ilícita de explosivos, al ocuparle la Guardia Civil en su domicilio 74 cartuchos de dinamita, 4 rollos de mecha y 5 detonadores (se había dedicado a extraer piedra de las canteras municipales, y por hacerlo sin permiso había sido denunciado al juzgado y condenado a una multa por desacato y al pago de otra cantidad como indemnización por los daños causados), todo ello sin licencia, se dice en la sentencia del Tribunal de Urgencia que el 12 de septiembre lo condenaba a un año y ocho meses de presidio menor (en aplicación de la Ley de vagos, que el fiscal reclama y logra) que “fue expulsado de España por la Dirección General de Seguridad por indeseable e indocumentado en diciembre de 1934 (pero al mes había vuelto a su anterior destino) y simpatizante con el último movimiento revolucionario y con los dirigentes socialistas de La Bañeza (según afirmarán un cabo y un número de la Guardia Civil en sus declaraciones), no habiendo hecho entrega de la dinamita que poseía a pesar de los requerimientos de los bandos dictados por las autoridades militares durante los sucesos del pasado octubre”. Antes, al principio de febrero de 1934, había sido detenido en la Prevención municipal por haber ofendido al alcalde de palabra.

<<<< Portada de una publicación de entonces. En portada la imagen del Cristo de Bembibre que los revolucionarios respetaron “por ser rojo”.

    También por fuentes municipales conocemos la suspensión de funciones (en virtud del artículo 189 de la Ley Municipal de 1877, según el oficio que llegaría el día 10) del primer teniente de alcalde, Ángel González González, regidor accidental desde mediados de septiembre por permiso del titular, alegando posiblemente para ello (como se hizo en Madrid o León) el abandono de sus obligaciones y la falta de cooperación y asistencia al poder público. Sabemos además que el día 6 de octubre se cerró una de las armerías de la ciudad, y se ordenó por el alcalde (ya posiblemente el sustituto Manuel Martín Martín o el concejal –Joaquín Lombó Pollán, seguramente- en quien delega, dada su enfermedad que lo obliga a permanecer en su domicilio) al comandante del puesto de la Guardia Civil –teniente Pérez Renedo- se informe de quién lo dispuso, para proceder a su detención, así como la de cualquier persona sospechosa. Además de los números del cuartel bañezano debieron de concentrarse aquellas fechas en La Bañeza abundantes guardias civiles (aunque hay fuentes que mantienen que “se bastó el puesto de la Guardia Civil para mantener el control sobre la villa”), pues se abonaba a primeros de noviembre al hostelero Fernando Delgado Fernández 357 pesetas por camas de la fuerza en las concentraciones de los días del movimiento revolucionario (unas 200 pernoctas, según el importe al que sabemos se le facturaban unos meses antes), además de las 86 pesetas que se le satisfacían pocos días después “por camas y cenas con motivo de las concentraciones de presos”, y la cuenta que a final de diciembre queda pendiente de saldar a Pedro Calvo “por camas para la Guardia Civil cuando hizo vigilancia en el Depósito”.     

      Se informa al día siguiente al gobernador civil de la detención de 14 individuos por reunión clandestina (en las canteras); a los dueños de imprentas y a los directores de los semanarios Avance, El Adelanto y La Hojita Parroquial se les comunica cumplan con la previa censura decretada, y a Manuel Fernández Raigada, encargado del Depósito Municipal de Presos y Detenidos, se le insta a cumplir con su régimen de funcionamiento para evitar sanciones, bonificándolo el día 23 con 100 pesetas por el tiempo dedicado a la atención de los presos, cuyos racionados o socorros, adelantados a la Prisión Provincial por el ayuntamiento, importarán este mes de octubre la inusual y enorme cantidad de 2.300 pesetas, dado el excepcional exceso de detenidos que ha causado que el responsable de atenderlos no pueda dedicarse además a su trabajo (calculando a la baja, de aquellos y otros datos obtendríamos una ocupación media del Depósito para los días de octubre del 6 al 31 en torno a las 70 personas, para una capacidad máxima de 32 y un numero de recluidos que no solía exceder de la docena, en unas instalaciones muy deterioradas).

    El día 9 informaba la alcaldía al sereno Rufino Blanco Arija haberlo suspendido de empleo y sueldo (se le repondría al poco como policía municipal, aunque el criterio de la nueva Corporación será “cambiarlo a otra ocupación, dado que es analfabeto”) y a los alcaldes del partido de la obligación de incautarse de los camiones de carga y coches de viajeros de su jurisdicción para que sus dueños los presenten a disposición de la autoridad militar en la Auto Estación de León el día 11, fecha en la que el de San Adrián del Valle comunica haber recibido el aviso; notifica el de Castrillo de la Valduerna que “el auto de viajeros de B. de la Fuente está en reparación, pero se presentará tan pronto esté en condiciones”, y el de Bercianos del Páramo indica que en aquel municipio no existen tales coches, extremos todos que se trasladan al gobernador civil, añadiendo “poner de manifiesto que por informes muy veraces los alcaldes de Riego de la Vega, Castrocontrigo y Destriana no han notificado de la requisa a los interesados”, lo que si debieron de realizar días más tarde, pues al menos en el lento proceso posterior de indemnización por las incautaciones de aquel periodo, en las correspondientes a vehículos aparecen, junto con otras a satisfacer en León a Ángel Beltrán Álvarez o a los dueños de dos camionetas en Valencia de Don Juan y un camión en Astorga, las de los autocamiones de los vecinos de Destriana Ricardo Josa Luengo y Domingo de la Iglesia. En cuanto a los vehículos requisados en La Bañeza, aún a la mitad de junio de 1935 se hacían desde la alcaldía bañezana consultas a la Intervención de Guerra de León sobre los que lo habían sido al servicio del Ejército. Julio de la Torre, propietario del leonés Palacio del Hielo, hará entonces una reclamación de 30.000 pesetas al Estado y a su Comisión de Requisas “por el tiempo (seis meses) que ha tenido ocupados sus locales almacenando allí material de guerra y otros objetos, explosivos entre ellos, lo que hizo que se le marcharan los inquilinos que ocupaban la casa”.

    Se remitía al gobernador civil el día 18 un escrito expresando “la adhesión de la Corporación bañezana al gobierno por el acierto en la defensa de la indivisibilidad nacional, así como en la contención del movimiento anárquico”, y el 23 al teniente jefe del puesto de la Guardia Civil se transmitía “nuestra gratitud por su intervención y a las fuerzas a sus órdenes en los días pasados”. En la misma fecha se participaba a la alcaldía desde el gobierno civil que se ha abierto una suscripción para recompensar a la fuerza pública y premiar su abnegación, valor y patriotismo, y una semana después desde el Consistorio de Oviedo piden ayuda con motivo de los sucesos revolucionarios desarrollados en la ciudad que causaron su ruina económica.

    Al acabar octubre se confirmaba con satisfacción que la familia del juez de Primera Instancia de La Bañeza, José María Fernández Díez Faes, residente en el asturiano pueblo de Moreda de Aller (donde se había producido el 6 de octubre alguna víctima de derechas) ha resultado ilesa en los sucesos del movimiento revolucionario, al igual que los padres y hermanos de su esposa, que viven en Oviedo, de algunos de los cuales se dijo que habían perecido (si perecieron el 8 de octubre, fusilados por los revolucionarios, un sacerdote y ocho hermanos de las Escuelas Cristianas en Turón, uno de los cuales -Benito de Jesús- había sido profesor en el astorgano Colegio de La Salle de 1929 a 1933; todos ellos fueron canonizados en 1999). El 24 de aquel mes es encausada por el comandante juez instructor de la Caja de Recluta de León Vicenta Avelina Turrado Alonso, de 36 años de edad, natural de Redelga de la Valduerna y vecina de La Bañeza, juzgada a final de enero de 1935 en consejo de guerra en el leonés Cuartel del Cid por insulto a la fuerza armada cuando el 9 de octubre la Guardia Civil llevaba detenido a su marido y ante su negativa, al preguntarle por el delito cometido, dijo a los guardias: “estos canallas de estos tíos vienen a mangonear el pueblo y se va a armar una más gorda; hay que quemarlos vivos”, considerándose su actuación como delito comprendido en el bando de guerra que el general López de Ochoa había firmado y emitido. Defendida por el joven abogado Carlos Álvarez Cadórniga, alegará el defensor que “su frase se refería a los propagandistas de la revolución que aquellos días andaban por La Bañeza, ya que los guardias eran los del puesto de la ciudad”.

     Ya en noviembre, el día 8, del Monopolio de Petróleos comunican desde León que las facturas presentadas por el encargado del surtidor de la calle Astorga, Santiago Vidales Manjón, por gasolina y aceite empleados en desplazamientos con motivo del movimiento revolucionario sean abonadas por el Ayuntamiento, y se liquidarán más tarde por el ministerio de la Guerra.

    A finales de diciembre, el día 26, en el puesto de la Guardia Civil de La Bañeza, a raíz de haber sido detenido como complicado en los sucesos revolucionarios un tal Miguel Antonio, se recibía una confidencia acerca de la desaparición de un cajón que contenía al parecer cosas importantes. Se hicieron pesquisas que condujeron a la detención de dos jóvenes vecinos de Sacaojos, Felipe Martínez Álvarez y Manuel de la Fuente Martínez, de 22 y 24 años de edad, que declararon que el cajón estaba enterrado en una cantera de aquel pueblo, de la cual fue extraído por la Guardia Civil, hallando en su interior una bandera comunista, libros, revistas y folletos de venta prohibida, tres porras de goma y otros objetos. El tercero de los detenidos, Manuel de la Fuente, casado, albañil, padecerá prisión después de julio de 1936, y también su esposa Elpidia; su hermano Francisco de la Fuente Martínez sería uno de los once paseados y echados a la “fosa de los bañezanos” en Izagre el 10 de octubre de 1936). El segundo, Felipe Martínez –el mayor de los seis hijos de Horacio Martínez Blanco, maestro en aquella pedanía-, será responsable de una de las secciones de la Casa del Pueblo (ya lo era en 1934) cuando en julio de 1936 se produzca el golpe militar, y uno de los que participe en la leve oposición al mismo en La Bañeza.   

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Cuando se quiso poner tasas al toque de campanas.-

    A finales de 1932 se promulgaba la Ley de contribución general sobre la renta (un impuesto aún muy limitado y de escaso poder recaudatorio, tímido primer paso en la creación de la moderna fiscalidad), cuando la renta per cápita alcanzaba las 1.083 pesetas. En La Bañeza, en los extensos debates sobre los presupuestos municipales para 1933 los socialistas habían pretendido la incongruencia (que les señala desde el local semanario La Opinión su director) de recuperar el impopular y ya suprimido impuesto de consumos, una carga indirecta y nada progresiva contra la que tantas protestas y motines había habido en el pasado, y tratado de establecer un gravamen por el toque de campanas (“asesorados por algunos entre los cuales hay fervorosos monárquicos hasta el 14 de abril de 1931”, dirá El Adelanto), que rechazaron los demás miembros de la corporación. También en León fue desechada la propuesta socialista de incluir en los presupuestos del año próximo a iniciarse una tasa anual por el tañido de campanas (150 pesetas por una, 200 por dos, 300 por tres o más), pero prospera gravar con 25 céntimos los carteles que anuncian funciones religiosas y cobrar impuestos por tirar cohetes y tocar organillos.

    En La Bañeza, en realidad las discusiones y la elaboración de aquellos presupuestos (en múltiples y maratonianos plenos) fueron bastante más complejas y ajetreadas: la minoría socialista decidía el 23 de noviembre contar con sus representados antes de entrar a discutirlos, y lleva enmiendas en la sesión municipal del 28 al proyecto que presenta la comisión de Hacienda, basado en el percibo de ingresos por arbitrios (como el de 1932, al que supera considerablemente), que perjudica al vecindario (se dice), opuesto al de ingresos por consumos (como lo fue aún el de 1931), de mayor recaudación y por el que los forasteros pagan más, y derogado por una de las disposiciones transitorias del Estatuto Municipal y otras legales. Se acuerda por mayoría (los cuatro concejales de la minoría socialista, José Santos Pérez y Joaquín Lombó Pollán) obtener los ingresos por consumos, con lo que se rechaza el proyecto de la comisión de Hacienda; el alternativo de la minoría socialista también era por arbitrios, por lo que procede confeccionar uno nuevo basado en ingresos por impuestos de consumos

    En el pleno del 7 de diciembre se revoca el anterior acuerdo (volver al sistema de consumos) y se desecha el proyecto de presupuestos de la comisión especial surgida de la anterior sesión, según votación en la que solo opta por no hacerlo el concejal Joaquín Lombó. Los socialistas aclaran su pretensión de reemplazar los arbitrios de 1932 por otros más justos, y de rebajar algunos como el de la carne, que consideran alto, para que deje de regir lo que manifiestan que algún concejal habría afirmado (“el que no pueda comer carne, que coma bacalao”), y que es desmentido por el alcalde (Juan Espeso González), sustituyendo con otros gravámenes lo dejado de recaudar por ello. Por mayoría se acordó presentar otro nuevo proyecto en el pleno del lunes próximo, confeccionado por la comisión de Hacienda una vez más. En cuanto a las carnes, a pesar de haberlas clasificado por categorías ya en enero de 1933 y de haber rebajado sus arbitrios, no han bajado sus precios los carniceros, lo que expondrán algunos concejales como queja en el pleno del 18 de aquel mes.

    El día 12 de diciembre se entra por fin a estudiar y discutir el proyecto de presupuestos para 1933, en su apartado de Gastos, y se hace por artículos, partidas y capítulos. Se retira la partida de 480 pesetas del teléfono del alcalde (ya hay uno en secretaría) y el del cuartel de la Guardia Civil. Se destina una partida para el deslinde y amojonamiento de los terrenos comunales (en la fecha determinada en que se revisan anualmente las marras o mojones municipales), otra para salarios de los 15 vigilantes de arbitrios que habrán de atender el servicio junto con los serenos, y una más destinada a retribuir las nuevas plazas de arquitecto y de maestro de obras que se crean.

    El pleno del 14 de diciembre, cuando cerrado ya el capítulo de Gastos se discuten los arbitrios que habrán de generar los Ingresos, conoce debates sobre si las bicicletas son artículo de lujo (como afirma el concejal socialista Porfirio González Manjarín), o no lo son, pues las usan mucho los obreros (según argumenta David González Moratinos). Y no debían de serlo, ya que se aumenta su canon, quedando en 6 pesetas anuales. También se establece una tasa a la circulación de perros, y un arbitrio por los anuncios o carteles que se exponen. Algunos concejales alegan haber determinado gravámenes elevados para las carnes de cerdo y de ternera, que consumen los ricos, para que los presupuestos no sean tachados de burgueses; los socialistas exponen por su parte que su tendencia no es obrerista, y abogan en prueba de ello por la rebaja de tales gravámenes.

    Propone el edil Porfirio González Manjarín el impuesto de 100 pesetas anuales por cada una de las 11 campanas de la ciudad, consideradas como anuncios. La comisión elaboradora del proyecto pensó en ello, se dice, pero observó su ilegalidad (en la que coincide la Revista de la Administración Pública del mes de la fecha, que se consulta en la sesión). Hay empate en la votación (a favor, la minoría socialista y el concejal Toribio González Prieto), que se repite por dos veces, y decide la cuestión el voto de calidad del alcalde-presidente, rechazando la propuesta. El edil Joaquín Lombó Pollán vota en contra, pero añade que vería tal impuesto con satisfacción por vivir cerca de la Iglesia, y que vota como lo hace porque ha visto que la tasa no se impone en ninguna población (en la mayoría de las que la establecen, las delegaciones provinciales de Hacienda la revocan después, como sucedería en Huelva finalizando el siguiente mes de enero, o en marzo en Ponferrada), además de que “el asunto se resolverá cuando se promulgue la Ley de congregaciones religiosas, por la que los templos pasarán a ser propiedad del Estado, sobre cuyos bienes no se pueden imponer arbitrios” (parecida argumentación se había manejado en su momento en el consistorio leonés). El concejal David González Moratinos alegaba que en tal caso debería de gravarse también el timbre del Teatro y la sirena de la Azucarera.

    Finalizaba la elaboración del presupuesto municipal para 1933 con la asignación de Ingresos en superávit sobre los Gastos, y se debate entonces si aplicarlo a rebajar las tasas de las carnes o al aumento de sueldo que los empleados municipales habían solicitado, sobre lo que hay empate y resuelve, en contra de la subida de salarios, de nuevo el voto del alcalde. Queda aprobado el presupuesto de Ingresos en 234.166,06 pesetas, con superávit sobre el de Gastos en 5.377,26 pesetas, que asciende a su vez a 228.788,80 pesetas.

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